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El Pleno de la Convención Constitucional aprobó el 45% del segundo informe de la Comisión liderada por Rosa Catrileo y Ricardo Montero. Fuerzas Armadas, Consejo para la Transparencia y ciertas referencias a tratados internacionales quedan plasmadas en el borrador. Ahora, deberán volver a revisar temáticas de Policía, monopolio estatal de la fuerza, fijación de remuneraciones de autoridades electas y estado de excepción.

Siendo el último Pleno de la semana y tras una tensa jornada del día jueves luego del rechazo del segundo informe de Medio Ambiente (ver nota), este viernes hubo buenos resultados.

18 artículos fueron aprobados, de los cuales 16 fueron completos y dos parciales. Esto representa el 45% del informe aprobado –considerando los 74 incisos– y el 55% restante se devuelve a la Comisión, una alta mejora respecto a la primera votación del primer informe de Sistema Político, en la que sólo se aprobaron tres de 96 artículos (ver nota).

“Es un espaldarazo al trabajo realizado por la Comisión (…) tenemos muy claros los puntos que debemos mejorar. Hay cuestiones que también retrocedieron una casilla por cuestiones de forma. Valoramos mucho las votaciones del día de hoy, estamos contentos porque estamos avanzando como Comisión, en el trabajo y eso también fue reconocido”, indicó la coordinadora de la Comisión, Rosa Catrileo.

A continuación, el detalle.

Lo aprobado

Pasaron a borrador constitucional los principios de probabilidad, transparencia y rendición de cuentas, que buscan demarcar intachables actitudes de los órganos del Estados y quienes ejercen la función pública.

También lo hizo el derecho de acceso a la información pública y las bases del Consejo para la Transparencia. Junto a ello que el Estado tomará las medidas necesarias para la prevención y persecución de la corrupción y que se asegurará la confidencialidad al momento de denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública. 

Las altas autoridades del Estado tendrán mayores exigencias y estándares de responsabilidad sobre los principios, que serán determinados por la ley.

La presidencia de la República tendrá la Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Política de Defensa Nacional y la disposición, organización y criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la Política de Defensa Nacional y la Política Militar.

Asimismo, las Fuerzas Armadas dependerán del ministerio a cargo de la defensa nacional, son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes, deberán incluir la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, estarán sujetas a controles de materia de probidad y transparencia y será la ley la que regule regulará la organización de la defensa, su institucionalidad, su estructura y empleo conjunto, sus jefaturas, mando y la carrera militar.

Será el Congreso el encargado de la supervisión periódica del presupuesto asignado a defensa y la implementación de la política de defensa nacional y la política militar.

También se aprobó el artículo 20, sobre las relaciones internacionales de Chile, fundadas en respeto al derecho internacional, principio de autodeterminación de los pueblos, y otros. Además, América Latina y el Caribe son zona prioritaria de las relaciones internacionales.

Se aprobó las condiciones del Estado de catástrofe, claro por la Presidencia en caso de calamidad pública, que no podrá ser mayor a 30 días, a menos que haya acuerdo con el Congreso. Si zonas declaradas quedarán bajo dependencia del Jefe de Estado de Excepción, que deberá ser una autoridad civil.

Además, se aprobaron las normas de ejecución de medidas de excepción, competencia legal y control jurisdiccional.

Lo que vuelve a segunda revisión

La creación de la Comisión que fije las remuneraciones de las autoridades electas de manera popular y las personas de su confianza, se devolvió a la instancia liderada por Catrileo y Montero.

También lo hará las bases y funciones de los colegios profesionales y el monopolio estatal de la fuerza.

Se suma a la lista el Artículo 13, que definía que “No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar en sede penal, en los términos y por el plazo que establezca la ley”, que obtuvo 102 votos, es decir, uno menos para pasar al borrador.

La norma sobre Conducción de la Seguridad Pública y Política Nacional de Seguridad Publica –que incluía la disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en aquella política–, también vuelve.

El artículo sobre Policías –altamente comentado por la opinión pública–, que definía que son instituciones civiles, deberá volver a revisarse, junto a que están constituidas por Carabineros y Policía de investigaciones, que son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes, deberán incluir la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, estarán sujetas a controles de materia de probidad y transparencia y que deberán actuar bajo el principio de proporcionalidad de la fuerza y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Junto a ellos se devolvió que corresponde a la Presidencia la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales y la relación del Poder Legislativo con este tipo de acuerdos; los estados de excepción constitucional; estado de asamblea y estado de sitio; limitación y suspensión de derechos y garantías –en estado de asamblea, de sitio o catástrofe–.

Además, se buscaba crear una Comisión de Control que fiscalizaría las medidas adoptadas en estado de excepción, pero también fue devuelta.

Revisa el detalle de todo lo aprobado en el siguiente documento:

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 22 Abr 2022