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Si solo tienes algunos minutos, lee estas claves:

– En conversación con Radio Universidad de Chile, la convencional constituyente Isabel Godoy, representante del pueblo Colla, mencionó que: “La consulta y participación indígena es un derecho que ya está comprometido por el Estado de Chile en convenios internacionales”.

– Lo dicho por la convencional independiente es VERDADERO. 

– Hay numerosos convenios a los que el país se ha adscrito que establecen que el Estado se debe encargar de garantizar espacios de participación y consulta.

– El más conocido es el Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el deber de consultar a los pueblos interesados y establecer los medios indicados para la libre participación de estos en asuntos que les conciernan.

– Los tratados internacionales no solo se enfocan en pueblos originarios: algunos establecen estos estándares en temas medioambientales, migratorios, de igualdad de derechos, niñez, personas discapacitadas, y adultos mayores.

Tras tres meses de debate, la Convención Constitucional logró aprobar sus reglamentos para comenzar con la redacción de la nueva Constitución el  próximo 18 de octubre. Entre las discusiones que se generaron durante el proceso, generaron controversia las críticas a las indicaciones presentadas al Reglamento de Participación Popular, que buscaban, entre otras cosas, reemplazar el artículo sobre la Plurinacionalidad por uno que estableciera “Plurinacionalidad y Descolonización”.

En este contexto, en conversación con Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile, sobre temas relacionados a pueblos indígenas, Isabel Godoy, convencional representante del pueblo Colla, mencionó que: “La consulta y participación indígena es un derecho que ya está comprometido por el Estado de Chile en convenios internacionales”.

Lo dicho por la constituyente independiente es VERDADERO.

Desde hace décadas, Chile se ha adscrito a tratados y convenios internacionales que han garantizado el derecho a la participación ciudadana, además de la necesidad de incluir a las personas en los procesos de discusión mediante, por ejemplo, consultas.

El más conocido es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado en el año 2008. En este, se establece que “se deberá consultar a los pueblos originarios, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Se destaca que este aspecto mencionado es “central”, puesto que demanda que el Estado establezca mecanismos de consulta y que considere a las instituciones representativas de los pueblos, para que los pueblos originarios puedan participar libremente en las decisiones que les afecten”.

Sin embargo, estos no son los únicos tratados ratificados por el país. Al revisar el artículo 7 del Reglamento de Participación y Consulta Indígena de la Convención Constitucional, es posible ver que existen trece convenios considerados como ”fuentes normativas vinculantes para el proceso de participación indígena de buena fe” por el organismo redactor. Del listado, 12 de ellos establecen o consideran el deber del Estado de impulsar instancias participativas en la política, el arte, el deporte y la vida cultural, además de propiciar las consultas de parte del Gobierno a quienes se ven afectados por problemas como la discriminación, la migración, su género y el medio ambiente.

Adicionalmente, existen otros tratados a los que Chile se ha adscrito que garantizan el deber del Estado de garantizar la participación y consulta, aunque estos no fueron mencionados explícitamente en el reglamento de la Convención. Estos son: El decreto 84, que promulga la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (2005); el decreto 201, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (2008); y el decreto 162, que trata de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2017).

Isabel Godoy fue contactada por Contexto Factual, pero hasta la publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

 

Por Antonia Flores
Fecha 15 Oct 2021