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Diversas propuestas se han alzado en torno al inicio de las sesiones de la Convención Constitucional y, mientras algunos discuten sobre problemáticas sociales, el mundo minero busca plantear sus situaciones en el centro del debate público. El Consejo Minero y la Federación de Trabajadores del Cobre han publicado sus propuestas en miras a la nueva Constitución.

En 2020, Chile se posicionó como el productor mundial de cobre, yodo y renio en el mundo, del mismo modo, el país es el segundo mayor productor de litio, solo después de Australia, y molibdeno, tras China. De esta forma, la minería es una de las principales actividades en la economía chilena, siendo una de las áreas con mayor inversión extranjera, la actividad minera a nivel nacional aporta anualmente un 10,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Es por esto que la actividad minera, particularmente el cobre, como uno de los aspectos más relevantes en la economía a nivel nacional, ha sido uno de los temas a debatir en torno a la nueva Constitución y los cambios que esta podría traer a la extracción de elementos naturales. Por otra parte, la necesidad de implementar métodos de extracción más sustentable ha sido una de las preocupaciones del gremio. Aquí dos propuestas, una del Consejo Minero y otra por la Confederación de Trabajadores del Cobre.

 

Del Consejo Minero

La asociación gremial formada por las empresas mineras con mayor tamaño en Chile, basa sus propuestas en la necesidad de integrar, priorizar e impulsar el desarrollo sustentable. La agrupación formada por 16 empresas, entre las que se encuentran Codelco, Anglo American y Antofagasta Minerals, publicó el pasado 07 de julio sus propuestas para la nueva Constitución en un documento, enfocando varias temáticas en su aspecto económico.

Inicialmente, el texto se refiere al orden público económico, al que entrega todo el primer capítulo y cómo este “se puede estructurar una combinación eficiente, equilibrada y justa entre mercado y Estado, así como entre actores privados y públicos”. Del mismo modo, el CM, plantea la necesidad de incluir algunos derechos económicos como:

  1. El derecho a desarrollar actividades económicas
  2. La no discriminación arbitraria en materia económica.
  3. La libertad para adquirir el dominio de todo tipo de bienes
  4. El derecho de propiedad sobre bienes, sean corporales o incorporales; con reglas de expropiación que contemplen una indemnización
  5. Principios que consagren las legislaciones comparadas, donde prime la legalidad, equidad y no confiscatoriedad
  6. Iniciativa exclusiva del Presidente de la República para los proyectos de ley que tengan relación con tributos y exenciones

Además se refirieron a los mecanismos de garantía y seguridad jurídica donde se asegure el carácter técnico y autónomo del Banco Central, el ingreso de los tributos al patrimonio fiscal no pudiendo estar destinados a fines específicos, la necesidad de instrumentos que eviten que los derechos reconocidos en la Constitución se vean arbitrariamente afectados o amenazados y la permanencia a que llaman los compromisos internacionales respecto de las normas que tienen este mismo origen.

Por otra parte, el documento hace referencia a las regalías mineras, donde exponen las razones por las que la regalía minera ya existe desde 2005, a pesar de que algunos sectores aseguran que esto no es así y que se hace necesario en Chile. Así se refiere al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) con el cual se “introdujeron modificaciones a la tributación de la actividad, justifican la existencia de este gravamen en base a los fundamentos de una regalía minera, siendo esto lo que define su naturaleza, más allá de la manera en que se calcule o se denomine”.

Además, la asociación gremial se refiere a las normas sobre la minería, donde se rechaza la idea de una Constitución minimalista y exigen que la nueva Carta Magna considere una “densidad relevante” de normas que regulen la actividad minera en el país, basándose en que Chile es un país minero por excelencia y esta actividad, al tener características peculiares, hace aconsejable una regulación ad hoc a nivel constitucional, al menos de sus aspectos fundamentales”. Planteando además las normas mínimas propuestas por la agrupación de empresas:

  1. Declaración del dominio especial del Estado sobre todas las minas
  2. Obligaciones especiales por parte del concesionario para mantener su patrimonio y mantener el pago por patente
  3. La duración de las concesiones mineras de explotación será indefinida y estas se constituirán y/o extinguirán por resolución judicial
  4. El Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias para explorar y explotar las sustancias minerales contenidas en las minas de dominio del Estado
  5. Su ejercicio compatibilizará adecuadamente el crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el desarrollo social del país

Cerrando el capítulo, la organización expone la necesidad de establecer normas que velen por la “estabilidad, transitoriedad e impulso del sector”.

Respecto a principios y normas sobre medio ambiente y aguas, se concentran en solicitar normas que se alineen con la necesidad de proteger eficientemente la actividad minera, así como su desarrollo sustentable y que este se integre en el preámbulo de la nueva Constitución y en un capítulo sobre bases de la institucionalidad o similar en la nueva Constitución. Además, “podría analizarse la posibilidad de establecer un objeto más adecuado a garantizar que el actual ‘medio ambiente libre de contaminación’”, así como la mantención de la fórmula jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas, considerando la necesidad de consagrar la preferencia del agua para el ser humano en cuanto a consumo y saneamiento, así como establecer el acceso al agua para consumo y saneamiento como un derecho fundamental de las personas.

En cuanto a los derechos y normas laborales, la agrupación asegura que “es necesario que las normas del trabajo de la nueva Constitución sean justas y eficaces, facilitando el desarrollo de quienes trabajan en la industria, así como de las actividades mineras que llevamos adelante en conjunto” y promueven los estándares y convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Finalmente, el Consejo Minero se refiere a los pueblos indígenas, estableciendo que “la Declaración de Posición del ICMM (Consejo Internacional de Minería y Metales en castellano) sobre Pueblos Indígenas y Minería, expone la visión y la conducta que se espera de las empresas mineras en su relación con los Pueblos Indígenas. Dicha visión fomenta el desarrollo de relaciones constructivas entre ambas partes, basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio”. Así como que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas “debe ir acompañado de ajustes legales, reglamentarios y administrativos que configuren una política pública robusta hacia los Pueblos Indígenas” basado en pilares administrativos y específicos al sector.

 

De la Federación de Trabajadores del Cobre

El organismo que reúne los principales sindicatos de El Teniente, Ventanas, SUT de Andina, los Sindicatos de Anglo American Sur: Gerardo Rivera, N°3 El Soldado y Fundición Chagres, El Salvador, Gabriela Mistral, Sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y Ministro Hales, entre otros, publicó esta semana sus propuestas para la nueva Constitución. El documento se concentra en la necesidad de un mayor involucramiento estatal en la actividad minera, especialmente “indemnizar tanto el daño emergente (pérdida patrimonial directa) como el lucro cesante (proyección razonable de la rentabilidad a futuro que el concesionario pretendía obtener)”.

De esta forma, la FTC rechaza la idea de entregar concesiones indefinidas a empresas y busca implementar mayores impuestos a las grandes mineras, para conseguir así que los “millonarios excedentes” permanezcan en Chile. Además la agrupación de sindicatos hace un llamado a recuperar los principales minerales extraídos en el país a través de la nacionalización de los recursos e impulsar la explotación estatal a través de Codelco, fomentando la exploración de territorios.

El debate sobre el futuro de la minería en Chile está más vigente que nunca, sin embargo, será definido por los convencionales constitucionales cómo y qué incluirá la nueva Constitución con respecto a las extracciones mineras en el país. Mientras algunos convencionales se han mostrado a favor de la nacionalización de los minerales, otros se han mostrado a favor del agua y su desprivatización, aún es incierto el futuro de estos temas en la nueva Carta Magna.

Por Magdalena Advis
Fecha 13 Jul 2021