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– En conversación con el medio La Neta, Adolfo Millabur, escaño reservado del pueblo Mapuche, afirmó que: “La Convención es un órgano del Estado, entonces está obligada a realizar la consulta [indígena]”.

– Lo declarado por el convencional constituyente independiente es VERDADERO.

– Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 2008, lo que significa que el Estado tiene el deber de consultar medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos originarios.

– Al ser la Convención Constitucional un órgano que modificará la legislación, deberá realizar una consulta, tal y como se establece en el Reglamento de Participación y Consulta Indígena.

– La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, cuyos coordinadores son los constituyentes de escaños reservados Victorino Antilef y Margarita Vargas, tendrá la responsabilidad de velar por la implementación del proceso de participación y consulta indígena.

El pasado 2 de noviembre, en conversación con el medio La Neta, Adolfo Millabur, representante del pueblo Mapuche y coordinador de la Comisión de Forma de Estado, afirmó que: “La Convención es un órgano del Estado, entonces está obligada a realizar la consulta [indígena]”.

Lo dicho por el convencional independiente es VERDADERO.

Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en septiembre del año 2008, que entró en vigencia el 15 de septiembre del año 2009. Este tratado establece, entre otras cosas, que el Estado debe consultar medidas legislativas y administrativas que afecten directamente a los pueblos indígenas, “a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad con sus características socioculturales”.

De acuerdo al Artículo 5 de la actual Constitución Política de la República, “es deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Adicionalmente, según al Artículo 1 del Reglamento de Participación y Consulta Indígena, “la Convención Constitucional iniciará un proceso de participación y consulta indígena, conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas” que tendrá por objeto que “el Estado de Chile reconozca, especifique, respete, promueva, proteja, garantice todas sus obligaciones para con los distintos pueblos y naciones indígenas preexistentes, que emanan de las obligaciones internacionales contraídas”.

Esto será llevado a cabo por la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, cuya coordinación está compuesta por Victorino Antilef, representante Mapuche, y Margarita Vargas, de origen Kawésqar. Este organismo deberá velar por la debida implementación del proceso de participación y consulta indígena durante el proceso constituyente, acorde al Artículo 11 del reglamento previamente mencionado.