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Una de las nuevas propuestas que ofrece el borrador constitucional respecto a la organización del Estado son las autonomías territoriales indígenas. Y si bien son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, en ningún caso su creación puede atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile. Además, la norma señala que dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados.

Actualmente y según el artículo 110 de la Constitución vigente, el territorio de la República se divide en regiones y localmente en comunas.

La nueva propuesta Constitucional incluye una nueva forma de administrar el territorio, determinado por la definición de Chile como un Estado Regional, el cual estará conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.

Bajo estos parámetros, el Estado único de Chile, se organizará territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, territorios especiales y autonomías territoriales indígenas.

Según la norma 190, artículo 19 del borrador, las autonomías territoriales indígenas “son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley”.

Tomás Jordán, director del Observatorio Constitucional y docente de la facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, recalca la importancia de entender que esto “no significa que se configuren como un lugar o espacio de autogobierno alejado del Estado de Chile, sino que parte de la estructura político administrativa”, cuyas competencias estarán dictadas por la ley.

Para explicar la nueva forma de administrar el territorio, el constitucionalista indica que “será como una gran llave que se va acotando: Estado Central, Regiones autónomas, Comunas Autónomas y Autonomías Territoriales, todas como estructuras político-administrativas”.

¿A qué responde la creación de las autonomías territoriales indígenas?

Una de las demandas de los pueblos indígenas es el reconocimiento del derecho a la autonomía. Hernando Silva, coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad y director de  Observatorio Ciudadano, explica que la creación de esta entidad territorial responde a “una reivindicación histórica de los pueblos originarios sustentada en el Derecho internacional”.

En el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas Sobre las Naciones Indígenas y el mismo número de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos ratificados por el Estado de Chile, se expresa el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. 

Por lo demás, tanto en el artículo 46 del texto de Naciones Unidas y en el artículo 3 de la Declaración Americana se descarta toda posibilidad de que estos y otros derechos reconocidos en ellas a los pueblos indígenas autoricen a poner en peligro la integridad territorial o la unidad política de Estados.

Para Rosa Catrileo, abogada y convencional por el pueblo Mapuche, “la autonomía es la materialización de esta libre determinación reconocida por los tratados internacionales”. El convencional Adolfo Millabur y también representante Mapuche, agrega que las autonomías serán un aporte a resolver la “interlocución política que el Estado hoy no tiene con los Pueblos Indígenas”, otorgando un marco formal a esta instancia.

Según un documento del Observatorio Ciudadano, los derechos de autonomía indígena son reconocidos a nivel legal en Estados Unidos y Canadá y constitucionalmente en países como Finlandia, México, Panamá, Colombia, Ecuador y Bolivia.

¿Cómo funcionará esta autonomía?

La norma 146, artículo 5, entrega la directriz general para las entidades territoriales y fija que, al igual que las regiones y comunas autónomas, las autonomías territoriales indígenas estarán “dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley”.

Y acá una clave, las entidades territoriales, incluidas las autonomías territoriales indígenas “en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial”, dicta la norma, por lo que esta autonomía no significa independencia.

Jordán explica que la lógica de las competencias y autogobierno que tendrán las autonomías territoriales indígenas “es la misma que la del resto de las organizaciones político-administrativas”, como son las regiones y comunas, las cuales serán dictadas por la ley y conforme con lo que limita la Constitución.

No son las propias autonomías territoriales las que definen lo que van a hacer o no van a hacer, sino que va a ser la ley la que fijará las funciones y atribuciones, de la misma manera que se hace con las regiones y las comunas”, afirma el académico.

Y el constitucionalista recalca: “Todo esto está fijado dentro de cláusulas que están en el borrador de indivisibilidad del Estado, por tanto jamás el legislador podría pasar a llevar ese imperativo de indivisibilidad cuando entregue las atribuciones”.

A modo de ejemplo, Hernando Silva afirma que “en otros países las competencias tienen que ver con el ordenamiento territorial, la facilitación de los servicios básicos como salud y educación”, en donde las entidades territoriales “manejan un presupuesto que les permite, que desde las particularidades propias de los pueblos originarios, ir resolviendo esas necesidades desde la lógica intercultural”, indica el experto.

En cuanto al financiamiento, también funcionará de la misma manera que en las regiones y comunas: todas las entidades territoriales, deberán tener un presupuesto asignado anualmente en la discusión de la Ley de Presupuestos, el cual será discutido en ambas cámaras y le será aplicado las reglas de responsabilidad fiscal, tal como se indica en el artículo 29 (118 del borrador constitucional).

¿Cómo se va a decidir cuáles serán? Esto será materia de ley.

La norma 191, artículo 21 ”de la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas”, indica que “la ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas”. 

Lo que sí está decidido, es que “dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados”, o sea que deberán ser éstos quienes soliciten ser reconocidos.

Jordán afirma que “lo que se ha utilizado en el derecho comparado es que tienes que reunir ciertas condiciones para acceder a ser una autonomía territorial”. Estas, según el experto, no son fáciles de cumplir y hay elementos, como las capacidades de autogobierno, que están más avanzadas en unos pueblos que otros, por ejemplo, en el pueblo Rapa Nui.

En la región existe el caso de Bolivia, en donde de 36 pueblos indígenas reconocidos, sólo existen cuatro autonomías territoriales.

Jorge Barrera, docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, indica que “el piso para la fijación de este procedimiento, podría ser el procedimiento general que se estableció para solicitar competencias del Gobierno Regional al Estado Central”, en donde los límites son en particular la responsabilidad financiera y evitar duplicidad, entre otros.

Por su parte, Hernando Silva agrega que, según la experiencia comparada, además el procedimiento “debería considerar la realidad territorial de los espacios en los cuales se emplaza, la realidad cultural, la demografía, la existencia de espacio de pertinencia cultural”.

 

 

Por Jorge Morales
Fecha 03 Jun 2022