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Si solo tienes algunos minutos, lee estas claves:

– El pasado 11 de noviembre se realizó una nueva sesión de audiencias en la Comisión sobre Derechos Fundamentales. En este contexto, el expositor Carlos López Dawson afirmó que: “Cuando un manifestante le tira una piedra a un policía y lo hiere, no está violando sus derechos humanos, está cometiendo un delito”.

– Lo dicho por el abogado en la instancia es VERDADERO. 

– La actual Constitución de Chile establece el “deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos”, por ende, solo sus agentes pueden violarlos. 

– Expertos en la materia aseguran que cuando Carabineros de Chile -como institución del Estado- agrede a un civil, actúa dentro del ámbito de su función como agente estatal y, por tanto, sus comportamientos comprometen la responsabilidad del Estado.

– Sin embargo, las y los carabineros -como funcionarios o personas naturales- sí tienen derechos humanos, pero estos no pueden ser violados por un civil que no represente al Estado. 

– De acuerdo al Código Penal, “es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley”. Quienes violenten y/o intimiden a una autoridad pública o sus agentes están cometiendo un “atentado contra la autoridad”, lo que es castigado según el acto ejercido.

El pasado jueves 11 de noviembre se realizó una nueva sesión de audiencias en la Comisión sobre Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Uno de los invitados fue Carlos López Dawson, abogado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien aseguró en la instancia que: “Cuando un manifestante le tira una piedra a un policía y lo hiere, no está violando sus derechos humanos, está cometiendo un delito”.

Lo dicho por el expositor es VERDADERO. 

De acuerdo al artículo 5° de la actual Constitución de la República de Chile, “es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos”. Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -de la cual Chile es parte- asegura que “el principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos”. Es decir, solo los agentes estatales pueden cometer este tipo de violaciones.

Concorde a este punto, Carlos López mencionó a Contexto Factual que, a pesar de que el derecho es uno solo, se hacen distinciones en razón del objeto. “Cuando un manifestante agrede a un policía, este comete un delito, pero cuando lo hace un policía, o un agente del Estado, y este no es sancionado, es una violación de derechos humanos”, señaló.

Según Claudio Nash, Doctor en Derecho, pese a que todos los seres humanos son titulares de derechos humanos -incluso las y los carabineros como funcionarios o personas naturales-, los destinatarios de la obligación son los Estados que han asumido la responsabilidad de resguardarlos a través de compromisos constitucionales e internacionales. “Cuando un carabinero agrede a un civil, está actuando dentro del ámbito de su función como agente estatal y por tanto sus actuaciones comprometen la responsabilidad del Estado”, afirma. 

Del mismo modo, Manuel Núñez Poblete, abogado y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asegura que “las policías tienen el uso monopólico de la fuerza y por lo tanto de la forma más brutal de ejercer el poder, lo que hace además completamente desaconsejable pensar el reconocerles derechos humanos”. No obstante, el experto destaca que “la policía sí puede utilizar la fuerza contra las personas, siempre y cuando sea legítima y proporcionada”.

Respecto a las agresiones en contra de fuerzas policiales, el Código Penal define como delito “toda acción u omisión voluntaria penada por la ley”. En este sentido, el artículo 261 señala que atentan contra las autoridades todos quienes “acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, cuando aquélla o éstos ejercieron funciones de su cargo”. 

Este tipo de atentados son castigados con la pena de reclusión menor en su grado medio o multa de once a quince unidades tributarias mensuales, siempre que concurra alguna de las circunstancias expuestas por el artículo 262 del cuerpo normativo. 

En relación a este punto, Manuel Núñez agrega que “el Estado tiene el deber de resguardar la seguridad del funcionario, proteger penalmente su vida, su salud física y mental, su integridad, reparando los daños que pueda sufrir y persiguiendo criminalmente a los responsables”.