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Mayores definiciones a la plurinacionalidad, el reconocimiento de una perspectiva intercultural en los Derechos Fundamentales, la reparación y restitución de territorio y la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, son algunas de las normas definidas en los que 38 artículos en los que se incluyen en el documento. Revisa el detalle a continuación.

Luego de la participación de más de ocho mil representantes de los pueblos indígenas en los 492 encuentros de consulta indígena, la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, elaboró su primer informe de 38 artículos, basados en las ideas generales rescatadas de la discusión.

Las primeras normas se refieren al principio de plurinacionalidad, el cual ya está presente en más de siete artículos ya presentes en el borrador de la nueva Constitución.

Se complementa el artículo 5 del primer informe de Sistema Político, en donde ya se garantiza y promueve la “participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos”, agregando ahora el reconocimiento del vínculo de los pueblos indígenas con “con la tierra y los territorios, sus instituciones y formas de organización, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. 

Al igual que la propuesta de Forma de Estado –que volvió a la Comisión (ver nota aquí)–,  en el artículo 7 del informe, se establece la creación de las Autonomías Territoriales Indígenas.  Es ahí donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su derecho a la autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional. 

Las competencias de las Autonomías Territoriales Indígenas serán: crear su Estatuto, elegir sus autoridades, diseñar un Plan de Desarrollo que defina un modelo económico social y cultural, definir un presupuesto, entre otras.

Derechos Fundamentales 

Muchas de las normas tienen que ver con garantizar que el Estado actúe con una perspectiva intercultural en la entrega de Derechos Fundamentales ya incluidos en el borrador constitucional. 

Para esto, se incluyen artículos sobre el Derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, desarrollo, comunicación, conectividad y Buen Vivir, en donde se les suma el término “indígena”, con tal de que el Estado reconozca, garantice o promueva que respeten las cosmovisiones, culturas, formas de educar, sanar o vivir particulares de cada pueblo.

Derecho al medio ambiente también es parte de la propuesta, en donde se “el Estado reconoce y ampara la especial relación que ellos –los pueblos indígenas– tienen con las tierras, territorios, la naturaleza y los elementos que la componen, cuya conservación es imprescindible tanto para su existencia y continuidad histórica, como para el pleno goce de sus derechos individuales y colectivos”, agregando que toda actividad en territorio indígena debe someterse al consentimiento previo protegiéndolos de su uso indiscriminado.

En cuanto al Derecho de los pueblos y naciones indígenas al agua, se establece que estos tienen derecho a las aguas situadas en sus tierras y territorios, por tener un especial vínculo con ellas.

También se agregan los Derechos lingüísticos, con los que los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar y transmitir sus respectivas lenguas, complementando el artículo 12 de Principios Constitucionales, en donde se establece que Chile es un Estado plurilingüe. Otro artículo en esta línea es el ​​Derecho sobre los conocimientos ancestrales, en donde se garantiza que Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar “sus conocimientos colectivos, como sus ciencias, tecnologías y saberes”. 

Reparación y territorio

La reparación histórica de los pueblos indígenas también es parte sustancial del documento. 

Reconocimiento del genocidio indígena, derecho a la restitución y repatriación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y Derecho a la reparación y restitución son parte de los artículos propuestos. Este último establece que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la reparación por las tierras, territorios y recursos que sin su voluntad, fueron usurpados, confiscados, ocupados, transferidos o dañados”, buscando como primera opción la restitución de la tierra como mecanismo preferente. 

Para hacer efectivo esto, la Comisión propone en dos artículos primero, la creación de una Comisión de catastro, saneamiento, demarcación y restitución territorial Indígena y un Tribunal Especial de Restitución Territorial Indígena, de carácter autónomo, plurinacional y paritario, en el que se conocerán y resolverán los reclamos, acciones y recursos emitidos por la Comisión, entre otras competencias.

Justicia

El artículo 29 habla del acceso a la justicia, buscando el “respeto de sus prácticas, sistemas jurídicos propios y los derechos garantizados”. Esto complementa al pluralismo jurídico, ya incluido en el borrador de la nueva Constitución, el cual reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas (revisa aquí nuestra nota al respecto).

Además, en el artículo 29 se agrega que “en el ámbito penal, se deben privilegiar sanciones que no impliquen el encarcelamiento, y cuando esto no sea posible, los tribunales y sistemas penitenciarios deben garantizar condiciones que permitan ejercer el derecho a vivir conforme a su propia cultura”. Este trato especial ya está incluido en Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo al que Chile adscribe y que está incluido dentro de nuestra legislación desde el 2009.

La norma ya había sido propuesta en Sistemas de Justicia pero fue rechazada. 

Institucionalidad y participación

En cuanto a la organización de instituciones públicas, la Comisión propone la creación de un   Consejo de los Pueblos Indígenas. Este será un órgano autónomo, continuador de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Este órgano estará encargado de diseñar y promover políticas públicas, efectuar los nombramientos de aquellos cargos reservados a miembros de los pueblos y naciones indígenas que no sean de elección popular; entre otras.

Revisa el contenido completo en el siguiente documento: 

Recordatorio Contexto Factual: Estas normas deberán votarse en general y en particular en el Pleno. Si tienen 103 votos o más, pasan al borrador constitucional. Si tienen la mayoría de los votos de los presentes en la sala, pero no alcanzan los 103, vuelven para una nueva formulación. Si obtienen menos de la mayoría quedan definitivamente descartados.