Plataforma Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto

Plataforma Contexto a través de sus informes de controversias, proyectan los debates que se darán sobre los temas de fondo en las comisiones de la Convención Constitucional. En este caso, revisaremos las diferentes posturas que se generaron en la Comisión de Derechos Fundamentales, en la que se ha defendido la idea de que los derechos estén garantizados en la Constitución, de manera que no quede la posibilidad, que para el ejercicio de ese derecho, se tenga que recurrir a judicializar. 

El informe de Controversia de Luisa Amigo (revisar aquí) entrega un panorama general de las posturas que se han presentado en la Comisión de Derechos Fundamentales, respecto a la judicialización de los derechos. ¿Qué se ha planteado sobre este tema en la comisión?

Sabemos que en la Constitución actual no contenga mecanismos de exigibilidad para los derechos sociales que consagra “por lo que la posibilidad de accionar, en virtud de estos derechos, ante los tribunales o cortes de justicia, ha sido un punto de controversia en las audiencias públicas realizadas hasta la fecha en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se plantearon posiciones en contra de su judicialización y que abogan por la deliberación de los mismos en órganos democráticos, y otras que defienden modelos híbridos donde se mantenga algún tipo de control judicial”, explica en su Informe Luisa Amigo. 

¿Cuáles son esas posturas?

Francisco Javier Urbina M., profesor y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica

Se presentó una postura bien general que abre el debate. Según describe Amigo, Urbina propone la “judicialización de los derechos reduce el espacio a la deliberación democrática, al igual que el reconocimiento de estos en la Constitución. Se argumenta que el ámbito de los derechos fundamentales es principalmente un ámbito de la democracia, no “del derecho”, por lo que se sostiene que el reconocimiento de derechos implica que la Constitución habilite a las autoridades democráticamente electas para ello, especialmente a la legislatura, y que “armonizar derechos”, en caso de conflicto, es parte de la función de la política democrática en sociedades plurales”. 

José De Gregorio, Decano de la Facultad de Economía y Negocios y Profesor Titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile

En oposición a la judicialización de los derechos sociales, porque podrían causar “desequilibrios fiscales”, es José de Gregorio. Como describe Amigo, “se argumenta que el nivel de garantía de los derechos sociales depende de la capacidad de financiamiento, y ello depende de la capacidad de recaudación fiscal, debiendo el nivel de satisfacción de los derechos sociales ser determinado por la ley y las políticas públicas, y no por los tribunales de justicia, toda vez que esto último lleva a soluciones injustas por la desigualdad en el acceso a la justicia. Se sostiene que la determinación de los derechos sociales debe ser  mediante  una decisión democrática, del Congreso y el Ejecutivo con consideración del contexto económico del momento”. 

Juan Ignacio Correa, abogado socio de la firma Correa Squella

En el caso de Juan Ignacio Correa, “se muestra a favor de la exigibilidad judicial de los derechos sociales, señalando que una buena práctica constituyente sería que simultáneamente se contemplen los principios y reglas que gobernarán la revisión jurisdiccional; restringiendo el riesgo de un activismo judicial al dejar la judicatura de tener disponible una infinidad de alternativas”, se explica en el Informe. 

Esta postura se hace cargo de las tradicionales objeciones a la justiciabilidad, siendo la primera objeción la incapacidad judicial, la cual afirma que la judicatura carece del conocimiento técnico para analizar y decidir ─con una visión sistemática y global─ las decisiones gubernamentales cargadas de consideraciones políticas que exigen complejos equilibrios de intereses, a lo cual se agrega que, dada la naturaleza finita de los presupuestos y el hecho de existir una multiplicidad de maneras válidas para asignarlos, la judicatura no está capacitada para evaluar el impacto social de los diversos intereses en juego al revisar decisiones administrativas que priorizan el uso de los recursos públicos escasos. La segunda objeción a la exigibilidad judicial es la ilegitimidad democrática, a través de ella, se pregunta si es válido que autoridades no electas democráticamente, como son los jueces, sustituyan o modifiquen las decisiones electorales de la ciudadanía. Se responde a estas dos objeciones diciendo que los derechos sociales están reconocidos en la constitución y tratados internacionales. Por ende, los jueces están obligados a hacerlos respetar en razón del Principio de Primacía Constitucional.

Jaime Couso Salas, Decano de la Facultad de Derecho y Profesor del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales

Jaime Couso se plantea “en contra de que la tradicional exigibilidad individual de los derechos por la vía judicial, sea aplicable a los derechos sociales. En este sentido, aboga por evitar una justiciabilidad individualizada para satisfacer derechos sociales e invita pensar en fórmulas de exigibilidad que involucren planificación, en que el Estado diseñe, financie, e implemente políticas sociales que, en efecto, satisfagan derechos sociales, lo que no excluye autorizar declaratorias de inconstitucionalidad estructural por parte de la Corte Suprema”, explica Amigo. 

Catalina Salem Gesell, Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo

Catalina Salem plantea un modelo “híbrido” de aseguramiento de los derechos sociales, reconociendo al legislador la conducción principal del desarrollo de aquellos mandatos constitucionales llamados a satisfacer las prestaciones sociales, pero con un sistema de control judicial débil que permita intervenir cuando el legislador ha fallado en el cumplimiento de su deber constitucional. Esta postura reconoce que el modelo de la actual Constitución presenta dos problemas: por una parte, no tiene mecanismos o válvulas de escape que permitan al sistema político priorizar y agilizar adecuadamente las demandas ciudadanas más urgentes; y, por la otra, tampoco contempla fórmulas que permitan poner término a las llamadas “omisiones legislativas” o “inercia legislativa”, que ha tenido como consecuencia que el debate político sobre derechos sociales se ha trasladado desde los órganos con representación democrática directa a los jueces, lo que ha devenido en un reconocimiento casuístico de prestaciones sociales a personas determinadas, que generalmente son las que tienen los recursos económicos suficientes para litigar, generando además un impacto financiero en el presupuesto de la nación.

Lee más detalles de este Informe aquí. 

Por Equipo Contexto Factual
Fecha 07 Dic 2021
Palabras clave