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La Comisión Sistemas de Justicia lleva la delantera en la discusión de normas constitucionales, terminando este miércoles con la votación en general de todas las iniciativas de los bloques temáticos II y III. ¿Qué se ha votado? Ya comenzaron a definirse los principios que regirán la discusión en particular de organismos tan importantes como el Banco Central, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Pueblos, de la Naturaleza e institucionalidad de DD.HH., el Sistema de Justicia Constitucional que reemplazaría el TC, entre otros. En este reportaje todos los detalles.

Ha sido una semana maratónica en todas las comisiones de la Convención Constitucional, en la que distintas comisiones preparan sus informes para presentar ante el Pleno. La primera en hacerlo fue la Comisión de Sistemas de Justicia, logrando aprobar sus “piedras angulares” de su informe con iniciativas del Bloque I, entre las que se decidió el cambio de nombre de “Poder Judicial” a “Sistemas de Justicia”, un lenguaje claro, acceso gratuito a la Justicia y el “Pluralismo Jurídico” que permitiría que pueblos indígenas tengan sus propios Sistemas de Justicia en materia civil. Es necesario aclarar que en el caso de delitos (entendido como lo Penal) se mantendría el sistema de justicia como lo conocemos para todos y todos quienes habitan en Chile, pero con algunas modificaciones. 

En estos dos últimos días se sometieron a votación en general materias de los bloques II y III, en las que se recalcaron puntos tan relevantes como la autonomía del Banco Central, la capacidad fiscalizadora de la Contraloría General de la República e institucionalidades nuevas que buscan la protección de los DD.HH. 

Aquí te explicamos las claves aprobadas en cada una de las temáticas del Bloque II, este martes pasado: 

Ministerio Público y sistema de persecución penal

Se aprobaron tres normas relativas al Ministerio Público, respecto a su organización, funciones, investigación de delitos y persecución penal estatal. 

Por nombrar algunos de los principios aprobados en general y que ahora enfrentarán su votación en particular, el Ministerio Público “dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”. Además de ejercer “Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley. En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos”. 

Defensoría Penal Pública

Respecto a la Defensoría Penal Pública se aprobó en general su definición como un “órgano autónomo, profesional y técnico, de carácter especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función será proporcionar defensa penal a los imputados/as o acusados/as de un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado, desde el inicio de la investigación o procedimiento penal, hasta la completa ejecución de la pena”. 

También se aprobó en general el derecho de asistencia a víctimas, el derecho a un proceso con todas las garantías, tutela judicial efectiva y su función jurisdiccional que se organiza en “su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad, garantizando un adecuada coordinación entre el sistema común y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, que garantice el pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos, interpretados interculturalmente”

Defensorías de los Pueblos y la Naturaleza e institucionalidad de DD.HH 

Se aprobó en general una nueva institucionalidad denominada “Defensoría de los pueblos” que tiene por objetivo “garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan el territorio, como también la defensa de los derechos humanos de todas las personas, con especial énfasis, de los derechos de las infancias, pueblos indígenas personas mayores, personas en situación de discapacidad, víctimas de violaciones durante la dictadura y el estallido social. Relativo a esto mismo, también se aprobó en general la iniciativa conocida como “Cárcel para Piñera” que busca una “Garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo.

Por último en materia de Derechos Humanos se aprobó en general una iniciativa que propone una Defensoría especializada en esta materia y que lo define como un órgano “autónomo del Estado, encargado de velar por la promoción, educación, observancia y protección de los derechos humanos que hayan sido establecidos en las normas constitucionales, legales y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”

Contraloría General de la República

Respecto al quehacer de la Contraloría General de la República, pasaron para su votación en particular cuatro iniciativas, fortaleciendo su autonomía. Se definió que este organismo continuará su rol de “el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión eficiente y eficaz de los fondos del Fisco, de las municipalidades, incluidas todo tipo de corporación municipal, y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; velará por el cumplimiento del principio de probidad de los funcionarios públicos y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley respectiva”. 

También explicita la creación del Consejo Asesor de la Contraloría, que “participará en la elaboración de las políticas y definiciones estratégicas de la institución, y de los programas anuales de fiscalización y auditoría, y que tendrá las demás atribuciones que establezca la ley. El Consejo Asesor estará compuesto por cinco integrantes, denominados consejeros asesores, y adoptará sus decisiones por la mayoría de sus integrantes”. 

Banco Central 

Se aprobaron cinco iniciativas que también buscan fortalecer su autonomía y separación con otros poderes del Estado, como también del poder económico. Su principal objetivo se mantiene como lo conocemos hoy:  “a cargo de la política económica monetaria y cambiaria de Chile. Una ley regulará su composición, organización, objetivos, funciones y atribuciones, así como las instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno”. 

También se definió que este organismo “no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos arbitrarios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.”

Otros órganos de control y órganos autónomos

Se aprobaron 7 iniciativas que crean distintos órganos, como por ejemplo la Dirección Nacional del Servicio Civil, que tendrá la función de “regular, implementar y supervigilar la provisión, promoción y gestión de los cargos públicos que componen el servicio civil, así como el funcionamiento de los mecanismos de calificaciones e incentivos a la función pública. Una ley regulará su composición y funcionamiento” 

El Servicio Nacional de Fe Pública “encargado de la certificación de los actos que sean requeridos en conformidad con la ley y del debido registro, guarda, custodia y almacenamiento de los instrumentos respectivos, en conformidad con la ley”. 

Y cambios en el Servicio Nacional del Consumidor como “un organismo autónomo, jerarquizado y desconcentrado cuyo principal objetivo es la protección de las personas en su rol de consumidores de bienes y servicios asegurando su participación equitativa en dignidad y derechos. Corresponderá a este órgano la realización de acciones de información y educación tendientes a difundir los derechos y deberes del consumidor, así como dar cumplimiento a las normas y políticas públicas relacionadas con la materia, asegurando en todo momento igualdad en el trato a los distintos actores del procedimiento”. 

Justicia e institucionalidad ambiental, Defensorías de la Naturaleza, Estatuto del Agua 

En esta materia se aprobaron seis iniciativas, entre las que se define que la Justicia Ambiental como la “Acción de Tutela del Derecho a un Medio Ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de los Derechos de la Naturaleza “es deber del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y los derechos de la naturaleza a través de una acción de tutela especial. Esta acción es de interés público y podrá ser ejercida por cualquier persona, comunidad o por la Defensoría de la Naturaleza cuando, producto de una acción u omisión se amenace, perturbe o prive de su ejercicio, la preservación, conservación y/o restauración de la naturaleza y el derecho de las presentes o futuras generaciones a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” 

También se aprobó una iniciativa que crea la Autoridad Nacional del Agua y la define como “un órgano autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuya principal tarea será asegurar el uso sostenible del agua y sus ecosistemas asociados y la seguridad hídrica, en beneficio de las actuales y futuras generaciones”. Además se aprobó la reacción de la Defensoría de la Naturaleza, el Consejo Autónomo de Medio Ambiente y el Consejo Nacional para la Transformación Productiva Socio-ecológica (CNTSE). 

Justicia Electoral 

Cuatro iniciativas se aprobaron respecto a Justicia Electoral, en la que se mantiene las atribuciones del Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones. El Servicio Electoral tendrá a su cargo “la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; conocerá del escrutinio general y de la calificación de los plebiscitos y elecciones populares proclamando a los candidatos que resulten elegidos. Además, supervisará el cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral y las normas sobre los partidos [y movimientos] políticos; y calificará las elecciones que tengan lugar en aquellas organizaciones privadas que la ley señale, las que deberán sujetarse a las instrucciones generales que imparta el Servicio. La organización y demás atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por la ley.”

Iniciativas aprobadas del Bloque III 

El debate previo a las votaciones estuvo marcado por el reemplazo del Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional de carácter técnico. El convencional Andrés Cruz apoyó la iniciativa e incitó a sus pares a participar y votar: “quiero invitarlos a votar para incorporar dentro de la nueva constitución una corte constitucional, yo creo que todas son muy buenas propuestas, los llamo a todos a votar, y se va a votar no solo lo anterior, sino varias temáticas importantes”. El convencional Luis Mayol de igual forma se sumó a Cruz apoyando la iniciativa: “Llamo a aprobar la 729 que establece una corte constitucional, un organismo técnico con profesionales del ramo de derecho constitucional, que reúna condiciones transparentes y técnicas, como un control efectivo cuando las leyes están ya publicadas”.

La votación se inició con el tema de sistemas de justicia constitucional, en donde de un total 7 iniciativas, se aprobaron 3. Posteriormente, se dió paso a votar las 6 iniciativas de reforma constitucional, en donde se aprobaron 3 de ellas. Tras esto, fue el turno de iniciativas sobre acciones constitucionales, en donde 7 de 15 propuestas fueron aprobadas. Finalmente, tras un receso sanitario, se dió paso a la votación de las 8 normas transitorias presentadas para el tercer bloque, las cuales todas fueron rechazadas

Entre las normas rechazadas se encuentra la iniciativa convencional N°460, que entrega amnistía humanitaria a las personas privadas de libertad por delitos en el contexto del Estallido Social, la iniciativa N°490 que busca la creación del Ministerio de la Discapacidad, la iniciativa N°756 que busca que el Estado se haga cargo de la deuda del Crédito con Aval del Estado y la iniciativa popular indígena N°92 que busca reparación, justicia y garantía de no repetición para los delitos cometidos por agentes del Estado en contra de los pueblos originarios.

Posterior a la votación, los convencionales acordaron discutir el tema de la visita a la macrozona austral en una fecha a definir, que sea más cercana a una nueva fecha de viaje, que originalmente fue programada para el 28 de marzo, pero que por motivos sanitarios, se pospuso.

Sobre el debate y la votación, el convencional Tomas Laibe, en punto de prensa, señaló lo siguiente: “En la comisión aún no hemos decidido quién va a ejercer esta justicia constitucional. Hemos debatido, hay distintas posturas, entonces aprobamos varias iniciativas para poder llegar a un consenso sobre esto, por ejemplo, con una corte constitucional, pero con algún mecanismo de diferencia al legislador u otro método que nos permita de forma general alcanzar los dos tercios”. Y referente al rechazo de la totalidad de las normas transitorias, el convencional Luis Jiménez explicó sus votos en contra: “Voté en contra porque muchas de estas normas requerían leyes infraconstitucionales, que eran más propias de política pública o materia de ley”.

Revisa a continuación el detalle de las iniciativas aprobadas en general:

Revisión represiva de la ley.-  Los tribunales de justicia deberán, en el marco de sus competencias, aplicar la legislación vigente interpretándose conforme a esta Constitución.

Corte Constitucional (ex TC). – Principios del ejercicio de la jurisdicción constitucional. Los primeros llamados a la interpretación de la Constitución son los órganos legisladores en tanto representantes de los pueblos de Chile. En consecuencia, la jurisdicción constitucional ejercerá sus atribuciones considerando los criterios de presunción de constitucionalidad de la ley, deferencia a los poderes electos, corrección funcional, interpretación conforme y no justiciabilidad de cuestiones políticas.

De la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional será ejercida por una Corte Constitucional, con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, bajo los principios de deferencia a los órganos legislativos, presunción de constitucionalidad de la ley, búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución y no justiciabilidad de asuntos de naturaleza exclusivamente política.

La jurisdicción constitucional es ejercida por la Corte Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, cautelar el respeto y la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza.

Procedimiento de reforma constitucional. Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial o por moción parlamentaria. Los proyectos de reforma constitucional también podrán ser iniciados por las y los ciudadanos. Para ello, la propuesta deberá contar con el patrocinio de, al menos, el 0,5% del padrón electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria.

De la reforma constitucional y su iniciativa. La Constitución podrá ser reformada por el Congreso o por los pueblos mediante plebiscito. Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, altera, reemplaza o deroga una norma de la Constitución.

El mecanismo de reforma constitucional reconoce el ejercicio del poder constituyente derivado, en la forma y con los procedimientos de participación ciudadana que se indicarán; teniendo como única limitación la no regresión en materia de derechos fundamentales reconocidos en esta constitución.

La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de 30 días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso podrá suspender los efectos del acto o resolución recurridos.

ICC 802.- Compensación por prisión sin condena. Toda persona privada de libertad que sea absuelta, o que no resulte condenada definitivamente, será compensada por cada día que haya permanecido en prisión.

Toda persona que requiera tutela cautelar en el ejercicio de los derechos que esta Constitución le reconoce, podrá reclamar, por sí o por otro en su nombre, para que un tribunal de primer grado jurisdiccional, con la competencia más próxima para conocer la materia de que trata la acción, adopte, en el más breve plazo, las medidas de protección necesarias.

Principios generales para la protección jurisdiccional de derechos fundamentales. Las acciones que protejan derechos fundamentales se sustanciarán mediante procedimientos previstos por la ley, en conformidad con los principios de tutela efectiva, preferencia, oficialidad, celeridad y desformalización o sencillez.

Acción constitucional de tutela de derechos. Toda persona que, por causa de actos u omisiones, fuere afectada o amenazada en sus derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución y las leyes, o en los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, podrá accionar de tutela, por sí o por cualquiera en su nombre, para reclamar la protección de tales derechos, ante el tribunal de instancia que determine la ley, el cual deberá adoptar de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la o las personas afectadas.

Toda persona arrestada, presa o detenida con infracción de los dispuesto en esta Constitución o en las leyes, podrá reclamar por sí, o por cualquiera a su nombre, ante el tribunal y en la forma que determine la ley.

Por Daniela YáñezBenjamín Ayala
Fecha 10 Mar 2022