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Desde mediados de junio que distintos actores sociales vienen impulsando diferentes medidas que podrían haberse tomado para asegurar el voto de las personas contagiadas con Covid-19, y que ello no implique un riesgo sanitario para el resto de la población. Todo se fue descartando: primero el voto electrónico, después el domiciliario y también el postal. La falta de decisión implicará que miles de personas no puedan sufragar en el plebiscito del 25 de octubre. La modificación del sistema electoral, a dos meses del evento, es “absolutamente inviable”, según el gobierno, aunque hubo al menos el doble de ese tiempo para tomar acciones. Varios de los actores que se anticiparon y no obtuvieron respuesta, aseguran que hoy la falta de tiempo no debería ser una excusa.

Cuando apareció la primera carta pública,107 días habían pasado desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en Chile. ¿La fecha exacta? 18 de junio. El documento llevaba por título “Plebiscito Seguro” y contenía la firma de 93 académicos y académicas que rechazaban la idea de postergar nuevamente la votación del 25 de octubre. No es que por esos días ya hubiera una decisión al respecto, pero se planteaba como una posibilidad real.
Para que eso no ocurriera, los firmantes proponían una serie de medidas que, a su juicio, podrían servir para desarrollar el plebiscito y disminuir los riesgos sanitarios por la pandemia, que ya a esa fecha contaba 225.103 casos totales y 3.841 fallecidos. Su carta fue la primera propuesta formal para realizar una consulta ciudadana que se adecuara a todas las normas de prevención de contagios, incluyendo, entre otras alternativas, el voto electrónico como una forma de convalidar el derecho a la salud con el de sufragar.
Esa misma jornada, la Asociación Chilena de Ciencia Política respondió a la misiva con un rechazo tajante a la opción del voto electrónico, pero se sumó al llamado para que las autoridades analizaran todas las medidas que fueran necesarias para asegurar la realización del plebiscito. Un día después, la Red de Politólogas publicó un comunicado contra la propuesta de los académicos y académicas, donde además solicitaban un diálogo abierto, amplio e interdisciplinario para definir estrategias que aseguraran la participación de la mayor cantidad de personas. Eso incluía a los contagiados con coronavirus.
Tres días después, el 22 de junio, Espacio Público junto a Ahora Nos Toca Participar, publicaron una minuta e informe con propuestas para llevar a cabo un plebiscito seguro. Proponían voto remoto y votación anticipada, reduciendo la posibilidad de contagios, pero propiciando que toda la población pudiese ejercer su voto.
En la cuenta regresiva, faltaban 125 días y de distintos sectores ya se mostraba una preocupación por que se garantizara la participación de la mayor cantidad de personas en la elección que decidirá si se redactará o no una nueva Constitución. Luego fueron 124. Después, 123. Y así siguió el tiempo pasando, consumiéndose, y a pesar de las reuniones, los compromisos y los grupos de trabajo, nunca se tomó la decisión y, al menos para las personas contagiadas con Covid-19, todo quedó en nada.
¿Qué fue lo que ocurrió? Contexto Factual analizó los pasos de las autoridades respecto a la votación de casos activos de Covid-19 y porqué finalmente decidieron que este grupo no podrá sufragar el próximo 25 de octubre.

Voto electrónico: el primer descarte

Para comienzos de junio, el Servicio Electoral (Servel) todavía no había concretado ninguna reunión para analizar el tema con organizaciones civiles o sanitarias; ni siquiera con el Ministerio de Salud (Minsal). Fue entonces que el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, aseguró que habían querido “trabajar a puertas cerradas, ventanas cerradas, sacar algunas conclusiones, estudiar mucho, hablaban mucho, había mucho eco y cuando hay mucho eco, de repente nadie se entiende”.
Sin embargo, de forma independiente, el Servel tomó su primera decisión unilateral: el voto electrónico no sería una opción. “Fue desechado inmediatamente. Hay conciencia de que no es posible instalarlo (…), tiene el problema de seguridad y, además, es un voto que no es secreto”, indicó Santamaría a Tele13 Radio el 22 de junio, solo días después de la propuesta de las 93 académicas y académicos.
El 8 de julio, en entrevista con La Tercera, Santamaría confirmó que habían enviado una primera propuesta al gobierno para realizar un “Plebiscito Seguro”, que había analizado las experiencias de elección en otros países y evaluado las alternativas de voto por correo y también el sufragio anticipado, pero que ambas opciones presentaban dificultades para su implementación.
Sobre lo primero, el voto anticipado, dijo que “improvisarlo en dos o tres meses no tiene ningún sentido, porque requiere inscripción previa y otra logística”. Y sobre el postal, señaló que “no asegura el secreto del voto, lo mismo que pasa con el voto online o a través de celulares o con el mismo voto electrónico”.

La presión de organizaciones civiles y sanitarias

“Las personas que están en cuarentena, efectivamente, por derecho constitucional, tienen derecho a ir a votar, y es un trabajo que estamos en conversación en esta mesa, para ver cómo se ejecuta ese derecho”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el 25 de julio, durante el reporte diario de la situación sanitaria. Además, agregó que ya se habían reunido con el Servel y estaban estudiando el fortalecimiento de las medidas sanitarias.

El 3 de agosto, el Servel comunicó que el Minsal había aprobado el “Protocolo sanitario para un plebiscito más seguro”. Pero no todo quedaba cerrado con eso: el plan dejaba pendiente el voto de las personas contagiadas con Covid-19 a la fecha de la elección, señalando que dependían de los requerimientos legales que las autoridades deben determinar.
Casi tres semanas después, el 19 de agosto, el Servel realizó la primera mesa ampliada con organizaciones civiles, donde uno de los focos principales fue el voto de personas contagiadas. Dos días después se realizó una segunda jornada, en la que se presentó el documento “Elementos Sanitarios y medidas para promover la participación en procesos eleccionarios en contexto de Pandemia”. Ahí se propusieron las alternativas de voto anticipado, domiciliario, y delegado. En la reunión se solicitó que se realizaran esfuerzos sustantivos para poder establecer mecanismos no presenciales.
Fue en aquellas mesas que la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló que estaban las condiciones para realizar el plebiscito e hizo un llamado a implementar el sufragio remoto.

La decisión final

La primera sospecha fue cuando el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló que no estarían las condiciones para la implementación de formas remotas de votación. Dos días después, el 27 de agosto, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Víctor Pérez, se reunieron con las autoridades del Servel. A la salida, la decisión ya estaba tomada: la modificación del sistema electoral a casi dos meses del plebiscito era, según dijo Pérez, “absolutamente inviable”. El problema era que ya no había tiempo para implementar los cambios necesarios.
Expertos y expertas señalaron a Contexto Factual que era una situación previsible, dado que desde marzo que Chile comenzó con casos de Covid-19 y durante aquel mes, abril, mayo y junio, otros países tuvieron procesos electorales y podrían haber rescatado la experiencia internacional.
El Servel ya comunicó la posición del gobierno. Patricio Santamaría señaló en entrevista con Radio Agricultura que el voto domiciliario “requería legislación que implica más gasto, y debía dictarse por el Ejecutivo. En definitiva, se cerró esa posibilidad”.
“No existe la posibilidad, con las normas legales, de establecer ningún mecanismo que permita que personas que están privadas de la libertad de circulación por la situación de contagio -que está en la Constitución, respecto del derecho a la vida y a la salud que debe proteger el Estado y por el Código Sanitario-, al no poder desplazarse, no van a poder votar”, dijo.
La opción del voto por correo tampoco tendría viabilidad, ya que la cantidad de oficinas postales es muy baja, según Santamaría.
“Preocupa que la tónica constante sea llegar de forma tardía a discusiones que requieren mayor celeridad. Lo mismo sucedió con el financiamiento del plebiscito de entrada, lo cual, afortunadamente, se resolvió al límite de tiempo”, señala Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público.
La coordinadora ejecutiva del Observatorio de Gobierno e Innovación Pública de la Universidad Diego Portales y miembro de la Red de Politólogas, Carolina Garrido, es crítica con la postura adoptada por el Ejecutivo y las autoridades asociadas: “Nosotros no fuimos la única institución que empezó a promover la forma de voto no presencial, y no solo de las personas contagiadas. Me parece pésimo. Creo que las instituciones deberían haber tomado este tema con anterioridad, y es bien impresentable que a esta altura la respuesta sea “no hay tiempo”. Ahora hay que ver un mecanismo que se pueda implementar para las próximas elecciones. Deberían haber evaluado con tiempo esos mecanismos de voto no presencial que funcionan en muchas partes del mundo y resguardan el secreto del voto”
“Hace más de dos meses desde Espacio Público presentamos propuestas para llevar a cabo un plebiscito seguro, además de identificar distintas experiencias internacionales que era bueno considerar. Hubo distintos actores de la sociedad civil que habían contribuido en la misma dirección. Llama la atención que hoy la excusa sea que no hay tiempo, cuando fue una discusión que se pudo haber tenido mucho antes, y que distintos actores empujamos para que sucediera”, agrega Mundaca.
Si bien la decisión del Ejecutivo ya fue comunicada, hay quienes desde el Congreso intentan dar una última ofensiva. El martes 1 de septiembre, las senadoras Ximena Rincón (DC) y Adriana Muñoz (PPD) junto a los senadores Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro (ambos DC), ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca asegurar el voto de personas con contagio activo por Covid-19 y sus contactos estrechos en cuarentena, con un procedimiento claro que, de aprobarse, obligaría al Estado a implementar el voto por correo.
Asimismo, se continúa avanzando en la discusión del proyecto que modifica la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para habilitar el voto mediante correo de personas que por distintas razones tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse ese día al local de votación.
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 04 Sep 2020