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A través de un dictamen de 16 páginas, el órgano fiscalizador impartió instrucciones sobre cómo deben actuar autoridades, jefaturas y funcionarios del Estado respecto a la ratificación o rechazo de la propuesta constitucional. En este se señala que no pueden beneficiar tendencias por medio de actividades o reuniones, pero sí se puede realizar una campaña informativa acerca de las opciones a plebiscitar. 

Son 16 páginas de documento pero el mensaje sobre el plebiscito de salida es simple y claro. A través de un dictamen, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno –autoridades, jefaturas y funcionarios– a “desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas”.

Emitir este tipo de documentos es algo normal por parte de la Contraloría, pero la misiva toma más relevancia debido a los dichos en los últimos días de algunos ministros y ministras sobre la temática, por ejemplo la titular de Interior, Izkia Siches, quien señaló que no les correspondía ser neutrales, o el ministro de Segpres, Giorgio Jackson, quien señaló en entrevista con El Mercurio que las normas aprobadas hasta el momento no justifican temores.

El dictamen indica que, respetando los principios de juridicidad y probidad administrativa, no se puede:

– Emplear dineros o bienes de la institución para beneficiar tendencias o las opciones del plebiscito;

– Hacer actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo para instancias como la participación en campañas o reuniones o proclamaciones de carácter político en relación al plebiscito.

En el documento se destaca que “las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan”.

Asimismo, que “no pueden los funcionarios, durante el ejercicio de sus funciones, llamar a votar por alguna de esas alternativas. Tampoco pueden permitir que los beneficios que el Estado otorgue sean identificados en su entrega real a determinada opción plebiscitaria”.

No obstante, sí señala que la instrucción no se opone a que a través de la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social, realicen una “campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el plebiscito y que informe acerca de las características de dicho proceso y las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre la materia”. Lo que sí, estas deben realizarse con imparcialidad.

Revisa el dictamen íntegro de la Contraloría General de la República pinchando aquí.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 28 Abr 2022