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En miras a ser un organismo en pos de la transparencia y la probidad, la mesa de la Convención Constitucional se reunió con el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República. Ambas instituciones se pusieron a disposición para ayudar a canalizar la información que el organismo debe publicar. Asimismo, la confianza en el órgano aumentó en su primera semana de trabajo. 

Solo una semana de trabajo y dos sesiones de todo el pleno lleva la Convención Constitucional y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) ya comenzó a recibir solicitudes de transparencia sobre información del órgano constituyente.

Sin embargo, los requerimientos no han obtenido respuestas, según informó Radio Biobío, debido a que todavía no cuentan con un sistema de organización para ellos.

Por esto, la mesa de la Convención conformada por la presidenta, Elisa Loncón, y el vicepresidente, Jaime Bassa, se reunió con la cabezas de dos instituciones reconocidas por su labor en pos de la probidad y la información accesible: Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), y Jorge Bermúdez, contralor General de la República.

Loncón afirmó que se conversó acerca de un sistema de colaboración con el CPLT y la Contraloría General de la República (CGR) para “garantizar el manejo de la transparencia y todo lo que tiene ver con la información de los Constituyentes, para la fiscalización de la ciudadanía de la labor que nos corresponde hacer como funcionarios públicos”.

Por lo pronto, se busca firmar un convenio con ambas instituciones y ambas instituciones se pusieron a disposición para aportar materias de probidad y transparencia, tanto lo que es obligación –registro de Ley de Lobby y Declaración de Patrimonio e Intereses–  como lo que la Convención pudiese definir. El plazo para que la información obligatoria esté operativa en los sitios de la Convención Constitucional es el 4 de julio.

¿Qué pasa si no lo cumplen? La CGR no tiene facultades de fiscalización del órgano. “Es la propia Convención la que debe dar sus normas para ver qué va a ocurrir en los casos de incumplimiento, pero nosotros ponemos a disposición el sistema”, señaló el Contralor, Jorge Bermúdez.

Es decir, es otra temática que deberá regular y definir el Reglamento de la Convención.

Por el momento, la organización no gubernamental (ONG) Chile Transparente creó el sitio web Convención Transparente, que busca promover el involucramiento ciudadano activo en la discusión constitucional mediante herramientas digitales para la vigilancia del proceso. Este incluye el detalle de las compras realizadas por el momento por el órgano y herramientas de seguimiento como propuestas, formación ciudadana y discusión. Es importante destacar que la iniciativa no es un proyecto oficial ni del Gobierno ni de la Convención Constitucional.

Aumenta confianza en la Convención

En una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, se dio a conocer que el 63% de los encuestados confía mucho o bastante en la Convención Constitucional, un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, que coincide con sus primeros días de trabajo.

Asimismo, se indicó que un 77% aprueba en el trabajo de los representantes de pueblos originarios, mientras que un 71% lo hace en el de convencionales independientes. Las malas noticias son para el Gobierno, dado que un 62% desaprueba el trabajo que ha hecho.

¿Quiénes son los constituyentes más destacados? En primer lugar la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, quien recibió un 80% de aprobación de su desempeño, seguida por Benito Baranda (Independientes No Neutrales) con 76% y posteriormente el vicepresidente, Jaime Bassa, con 71%.

En tanto Marcela Cubillos (Vamos por Chile) recibió un 50% de desaprobación de su trabajo y Hernán Larraín Matte, también del conglomerado, alcanzó el 46% de rechazo a su labor.

Dentro de los resultados también destaca que un 74% indica que la Convención debiese respetar las reglas acordadas para su creación, incluido el quórum de 2/3 para aprobar sus normas, un 66% señala que no debe intervenir ni ejercer atribuciones de otros órganos del Estado, como Tribunales o el Congreso y el 56% no cree que tengan lista la propuesta de nueva Constitución en el año de plazo que le otorga la ley.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 13 Jul 2021