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16 nuevos derechos pasan a la propuesta de Constitución en una jornada que estuvo marcada por los aplausos y emoción. Derecho a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, al agua y saneamiento humano son algunas de las normas que pasaron el filtro, mientras que otras como los contenidos de educación o derecho a la memoria deberán ser revisadas nuevamente. Con este nuevo Pleno, ya hay 265 artículos en el borrador constitucional.

13 horas duró el Pleno sobre el segundo informe de Derechos Fundamentales y fue una noche llena de aplausos y emoción, ya que en ella se revisaron por primera vez los derechos sociales que consagrará la propuesta de Constitución.

“Creo que en una tarde hemos avanzado sustantivamente en lo que otros organismos no habían avanzado como país. Hoy hemos consagrado los derechos sociales en su mayor esplendor. Hemos logrado generar que este organismo pueda responder a las demandas sociales y a lo que estaba esperando la gente”, señaló la coordinadora de la Comisión, Janis Meneses.

“Las votaciones de los distintos derechos que hoy día fueron aprobados han recibido apoyo transversal y eso habla de la seriedad con la que se están construyendo estas normas que, sin duda alguna, son las más relevantes para la ciudadanía, La Convención Constitucional está respondiendo a las exigencias que hizo la ciudadanía”, agregó el también coordinador, César Valenzuela.

En total, se aprobaron 16 de 27 artículos de forma completa o parcial. Esto es alrededor del 36% del informe aprobado.

Las normas que pasan al borrador constitucional

Por primera vez en la historia constitucional del país se incluye el derecho a una vivienda digna, incluyendo que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para el goce universal y oportuno del derecho.

También se aprobó que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral y que la comunidad tiene derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad de estas violaciones. 

De derecho a la ciudad y al territorio se aprobaron dos incisos, sobre el derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna y su ejercicio con gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad.

Pasa a borrador constitucional que los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa.

Derecho al cuidado también forma parte de la propuesta, garantizándose a través de un Sistema Integral de Cuidados, con especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales.

En la misma línea se aprobó el Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, como una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

En el área del trabajo, también se aprobó el derecho a la libertad sindical, con el derecho a sindicalizarse –en sindicatos con personalidad jurídica–, derecho a la negociación colectiva y huelga. No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

También se consagró el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad y mediante un Sistema de Seguridad Social público.

Será el Estado el encargado de definir la política de seguridad social, que se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación.

Derecho a la salud también fue aprobado con la consideración de que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado, y será financiado por rentas generales de la nación, con la posibilidad de establecer un cobro obligatorio de cotizaciones.  Asimismo, el Estado generará políticas y programas de salud mental.

Además, el Estado tendrá la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.

Se aprobó que ​​El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación, pero todos su desglose –contenido en cinco artículos más– fue devuelto.

Derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales se unió a la lista de normas aprobadas en donde el Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas y reconoce su función social.

Junto a ella, se aprobó el Derecho a la igualdad y no discriminación, considerando que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado y que queda prohibida toda forma de esclavitud.

Otra de las normas que resonaron en aplausos fue el Derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas, específicamente sobre la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen.

Finalmente, se consagró el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible.

Lo que se devuelve a la Comisión

El derecho a la memoria, entendido como “a recordar el pasado y relacionarlo con el presente, a través de la construcción, expresión y transmisión de memorias respecto de graves violaciones a los derechos humanos”, fue devuelto.

También lo hicieron tres incisos del derecho a la vivienda, la función social y ecológica de la propiedad del suelo y la Producción Social del Hábitat –entendido como  el rol protagónico de las comunidades locales en su territorio–.

La norma que vuelve casi completa es la de Protección del trabajo y derecho al trabajo decente, que incluía la definición de trabajo decente, que comprende el derecho a la libre elección del trabajo, bajo condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, incluyendo el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital y a la garantía de indemnidad.

Junto a él, también vuelve la norma sobre limitaciones de subcontratación y contratos a honorarios (ver nota).

De de las normas que vuelven sobre Seguridad Social, está que el Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido.

De Salud, vuelve la norma que permite la existencia de seguros privados voluntarios que no pueden sustituir el rol del Estado, el reconocimiento de los sistemas de salud tradicional de los pueblos y naciones indígenas y que los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro.

En tanto de Educación volvieron los cinco artículos que determinaban el contenido. Entre ellos se contenía la educación que tiene como propósito el desarrollo integral de la persona; la obligatoriedad de los niveles parvularios, básicos y secundarios, la creación de un Sistema de Educación Pública y su gratuidad, la participación de la comunidad educativa a participar en la construcción del proyecto educativo, libertad de enseñanza y reconocimiento de la labor educativa.

También vuelve el derecho a la alimentación adecuada, algunas normas sobre derecho al deporte, el derecho de toda persona y pueblo a comunicarse en su propia lengua, dos incisos de derecho de consulta de los pueblos y derecho a la autodeterminación informativa.

Lee el detalle de los 16 artículos aprobados en el siguiente documento:

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 20 Abr 2022