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Ayer la Comisión de Reglamento aprobó el artículo 19, que establece que las y los constituyentes no podrán participar del debate ni votar ningún asunto que les afecte patrimonialmente, de forma directa e inmediata, o a sus cónyuges, convivientes civiles, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y el tercer de afinidad. Esta inhabilidad ampliada -la norma original planteaba solo una relación directa- también se aplicará a sus sociedades en las que su participación en la propiedad sea superior a un 30% o por un monto superior a 50 UTM, equivalente al sueldo de las y los convencionales.

Un paso inédito en materia de inhabilidad se dio ayer en la Convención Constitucional. A diferencia de la norma que rige al Congreso en esta materia, el órgano constituyente determinó que las y los convencionales deben inhabilitarse de los debates y votaciones, ya sean estos sus familiares, cónyuges, convivientes civiles, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y el tercero de afinidad, inclusive. 

Esta obligación, que aún debe pasar por la votación del Pleno, se aplicará para las y los convencionales que estén involucrados patrimonialmente en al menos un 30% en una propiedad o que esta sea superior a 50 UTM, equivalente a la dieta de las y los convencionales. 

“Acá a partir de una iniciativa logramos que se aprobara la extensión de esta inhabilidad. Hasta el día de hoy, solo estaban inhabilitados de poder participar y votar aquellos convencionales que tenían un interés directo, personal, en las materias que estaban siendo objeto de la discusión y que podría afectar personalmente a ciertos familiares”, comentó Mauricio Daza, uno de los convencionales impulsores de esta enmienda. 

¿En la práctica cómo influiría? Por ejemplo en el caso del convencional Fuad Chahín (que es conocimiento público la propiedad de su familia sobre derechos de agua), no podría participar de ningún debate que discuta cómo abordar este recurso natural en la nueva Constitución. Como él, existen más de una decena de convencionales con el mismo conflicto. “Obviamente si hay un constituyente que tiene una sociedad por ejemplo, que es dueña de muchos derechos de agua, con la norma original no iba a estar inhabilitado para debatir ni votar vinculado con el régimen o estatuto de aguas. Y eso era inaceptable”, explica Mauricio Daza. 

Por Daniela Yáñez
Fecha 26 Ago 2021