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Fueron 47 los artículos aprobados, que además incluyeron Agencia Nacional del Agua, reforma constitucional y derechos de las personas privadas de libertad. 42 normas completas deberán volver a ser revisadas, incluyendo Servicio Electoral y Agencia Nacional del Consumidor. Con este resultado, Sistemas de Justicia se transforma en la instancia que ha entregado más artículos al borrador, sumando un total de 92 de los ya 364 del texto.

En una extensa jornada de 12 horas, se le dio revisión y votación al informe de reemplazo del tercer bloque de normas de Sistemas de Justicia, que a mediados de abril había sido rechazado en general como estrategia para llegar a más consensos sobre las temáticas que trataba (ver nota).

Los resultados fueron variados. Se aprobó la existencia de diversos organismos como Ministerio Público, Defensoría de la Naturaleza o Banco Central, mientras que sus atribuciones y regulaciones fueron devueltos a la Comisión para su tercera y última revisión.

De los 89 artículos propuestos, se aprobaron 47: 16 de manera parcial y 31 de manera completa. Asimismo, 42 fueron devueltos completos. Con esto, la Comisión se transforma en la que ha entregado más artículos al borrador, sumando un total de 92 de los ya 364 en el texto.

Lo aprobado

Tribunales ambientales y principio de paridad en órganos autónomos fueron las primeras normas con luz verde del día.

Asimismo, se aprobó el Ministerio Público como organismo autónomo y jerarquizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir la investigación de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito. Asimismo, se aprobó el artículo sobre su organización y atribuciones, además de las Fiscalías Regionales.

Junto a ello, pasó a borrador lo referido al Comité del Ministerio Público –encargado de fijar la política de persecución penal, integrado por los fiscales regionales y el nacional–, fiscales adjuntos y rendición de cuentas.

Se aprobó que toda persona tiene derecho a un debido proceso con las debidas garantías, además de la enumeración de 12 de aquellas garantías, que incluyen conocer antecedentes de la investigación, presunción de inocencia, no presumir de derecho la responsabilidad penal, información sobre derechos, entre otros.

También lo hizo que toda persona tiene derecho a la asesoría jurídica gratuita y que el Estado debe otorgar asistencia jurídica especializada para la protección del interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Habrá un organismo técnico, llamado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, que prestará asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda.

Defensoría Penal Pública, Defensoría de la Naturaleza y Agencia Nacional del Agua fueron aprobados como organismos autónomos, con la descripción de su finalidad: proporcionar defensa penal a imputados, promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales y asegurar el uso sostenible del agua, para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados, respectivamente.

También lo hizo Defensoría del Pueblo, que tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos humanos, y del que se aprobaron nueve atribuciones como fiscalizar órganos del Estado, hacer recomendaciones, tramitar reclamos, entre otros.

Además, se aprobó la creación de un Consejo de Defensoría del Pueblo y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que tendrá por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños.

De Banco Central se aprobó su calidad de órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria, la rendición de cuentas y la existencia de un Consejo.

En tanto de Contraloría General de la República se aprobó la mayoría de sus propuestas que incluyen su definición, funciones, cargo del Contralor y Consejo, control de constitucionalidad y legalidad, su potestad para emitir dictámenes y la facultad fiscalizadora y contralorías regionales.

Sólo se aprobaron los epígrafes de Sistema Electoral y Tribunales Electorales, sin contenidos a excepción del último que suma una norma sobre gestión y superintendencia. Además, se aprobó la dirección del Servicio Civil.

Del capítulo de Justicia Constitucional se aprobó la creación de la Corte Constitucional, órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, es decir, el reemplazo del Tribunal Constitucional.

Asimismo se definió parte de su integración: once integrantes con una presidencia elegida por los pares y duración de dos años en el cargo y nueve en general, además de gozar de inamovilidad y se delimitaron sus incompatibilidades e inhabilidades.

Sobre sus sentencias se definió que se adoptarán por la mayoría de integrantes de la sala o Pleno, con carácter vinculante. Sólo podrá acoger la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de un precepto, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales. Cuando se declare inconstitucional el precepto, la sentencia provocará su invalidación.

De acciones constitucionales de tutela se definió la de derechos fundamentales, acción de amparo, compensación monetaria por privación de libertad sin condena y acción de indemnización por error judicial –por los perjuicios causados por la decisión condenatoria–. Se aprobaron todos los artículos de la temática.

También hubo revisiones sobre reforma constitucional. Se aprobó un inciso referente a las iniciativas ciudadanas, y condiciones para referéndum popular de reforma constitucional, en el que se necesitará el patrocinio de un 10% del padrón electoral para presentarla.

Además, se definió que el reemplazo total de la Constitución sólo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por medio de un referéndum y que tendrá un plebiscito ratificatorio de salida.

Finalmente, sobre derechos de las personas privadas de libertad se aprobó el derecho a acceder a servicios de salud por parte de mujeres embarazadas y la prohibición de la tortura, aislamiento e incomunicación.

Lo que vuelve para una última reformulación

Las primeras normas en ser completamente devueltas tienen relación con el Ministerio Público: su dirección (que reside en el Fiscal Nacional y un Consejo Superior), el Consejo Superior y sus atribuciones y la definición del Fiscal Nacional. Los coordinadores señalaron que este rechazo fue una sorpresa y que deberán profundizar las conversaciones para la nueva formulación, debido a que no hay claridad sobre qué se debe mejorar en particular del tema.

Sobre derecho a un debido proceso se devolvieron los artículos sobre el ámbito de aplicación de las garantías procesales y el principio de legalidad de los delitos y las penas. 

De Defensoría Penal Pública regresaron las normas sobre defensa penal pública, su dirección, el Consejo Superior de la Defensoría, las atribuciones de este consejo y el cargo del Defensor Nacional.

En tanto de Defensoría del Pueblo se regresó la norma sobre su dirección, al igual que en Agencia Nacional del Agua y Defensoría de la Naturaleza, donde además tampoco se le dio visto bueno a sus atribuciones.

Sobre Banco Central se deberá replantear su objeto, atribuciones, limitaciones, integración del Consejo y presidencia, responsabilidad de los consejeros e inhabilidades de consejeros. 

De la Corte Constitucional se revisarán los modos de designación de sus jueces y sus atribuciones, además de la norma que permitía conocer y resolver las cuestiones de inconstitucionalidad en contra de Reglamentos y Decretos Supremos de alcance general dictados por el Presidente de la República.

De Reforma y Reemplazo de la Constitución volvieron a comisión las normas de procedimiento de reforma constitucional, la iniciativa constitucional de pueblos indígenas, convocatoria a referéndum, gran parte de la norma sobre proceso de reemplazo de la Carta Fundamental, Asamblea Constituyente e Improcedencia de impugnaciones.

De derechos de las personas privadas de libertad regresaron normas sobre el trato y pueblos originarios, establecimientos penitenciarios, derecho de petición y derecho a la inserción, integración social y reparación.

Los temas que volvieron completos a la Comisión fueron Consejo y Agencia del Medio Ambiente; Consejo de Defensa del Estado; Servicio Electora; Tribunal Calificador de Elecciones; Tribunales Electorales Regionales; Consejo de Alta Dirección Pública; Servicios Notariales y Registrales de Carácter Público; Agencia Nacional del Consumidor; y Consejo de Pueblos Indígenas.

Revisa el detalle de los 42 artículos que pasan al borrador en el siguiente documento:

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 04 May 2022
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