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Más de medio año ha pasado desde que comenzó el debate por la inaccesibilidad al derecho a sufragio de las personas con contagio activo por Covid-19 y sus contactos estrechos, los cuales deben permanecer aislados sin la posibilidad de asistir a sus centros de votación. Discusión que partió en el marco del plebiscito del año pasado y que a menos de 80 días de las elecciones de abril, todavía no ha logrado aunar los esfuerzos del gobierno y el Servicio Electoral (Servel) para resolverlo. Mientras tanto, la oposición asiste perpleja al ingreso de una indicación sustitutiva a su proyecto sobre el voto anticipado que deja fuera precisamente a ese grupo que dio origen a la iniciativa.

“El 11 de abril, tengan certeza de que vamos a tener una legislación que les garantice a todos el poder votar”. Esa fue la promesa que hizo el exministro de Interior, Víctor Pérez, el 27 de agosto, cuando tan sólo faltaban 59 días para el Plebiscito Nacional 2020, tras la reunión que mantuvo con el Presidente Sebastián Piñera y Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel). Reunión en la que determinaron que era “absolutamente inviable” llevar a cabo una reforma electoral con tan poco tiempo (ver artículo).

Entonces, faltaban más de seis meses para la elección de constituyentes -en caso de que ganara la opción del Apruebo-, pero el tiempo siguió corriendo hasta el día de hoy, cuando quedan poco más de 70 días para el 11 de abril y tal afirmación todavía no se materializa. Y es más, está cada vez más lejos de que se concrete. Más aún, desde que el martes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, presentó ante la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas una polémica indicación sustitutiva al proyecto que ya se discutía sobre el voto anticipado.

Desde la oposición llevaban esperando dos semanas a que el Ejecutivo se pronunciara respecto a los proyectos de ley refundidos que debían habilitar el voto por correo y/o el voto anticipado con la mirada puesta, sobre todo, en facilitarle el sufragio a las personas que se deben mantener en aislamiento a causa del Covid-19 y a las personas privadas de libertad que no han perdido su derecho a voto. Pero además, este proyecto debía acercar el voto también a los adultos mayores que habitan en residencias, a efectivos de las Fuerzas Armadas y a quellas personas que por la actividad que desempeñan pueden tener algún tipo de problema para ejercer su derecho electoral, como los trabajadores de la minería o los pescadores que se van a altamar, como explicó en la entrevista que le hizo Contexto Factual a la diputada Andrea Parra (PPD), principal autora de los proyectos refundidos.
Sin embargo, la indicación que ingresó esta semana el Ejecutivo va en una línea muy distinta.
Por un lado, el voto anticipado se produciría únicamente el día anterior a las elecciones, y no una semana como proponía la oposición. Y por el otro, éste iría dirigido a sólo unos pocos grupos específicos: personas mayores de 70 años, embarazadas, personas en situación de discapacidad y miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, dejando fuera a las personas con contagios activos de Covid-19 y sus contactos estrechos, y a los personas que cumplen prisión preventiva o penas no aflictivas -menores a tres años- en recintos penitenciarios.
Lo anterior ocurre a pesar de la presión que ejercieron organizaciones civiles y sanitarias desde junio de 2020 (ver artículo) para que tanto el gobierno como el Servel tomaran las medidas necesarias para garantizar el voto de cara al plebiscito y posteriores elecciones, como la del próximo 11 de abril.
Desde el gobierno, Ossa explica que “nos pareció que hacerlo una semana antes, o bien el día antes de la elección, desde la perspectiva de la protección de estos grupos de riesgo, era indiferente. Nuestra indicación es conservadora, en el sentido de que (…) como Ejecutivo no podemos avanzar de una manera que pueda poner de alguna forma en duda el prestigio de nuestro sistema electoral. Es más acotada de lo que en su minuto estuvimos conversando como las distintas posibilidades”.
Cabe destacar que estas indicaciones han sido posibles también porque en el informe que emitió la comisión de Gobierno -el cual recibió 125 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones en su votación en general- no se especificaron mecanismos concretos sobre cómo llevar a cabo el voto anticipado, sino que se trató de una propuesta amplia que buscaba “abrir conceptualmente la posibilidad del voto anticipado, cuestión que no existía y que requería un alto quórum de aprobación porque implica modificar una ley orgánica constitucional”, explicaba Parra el día después de la votación.
“Fuimos haciendo una serie de indicaciones para ir describiendo el procedimiento, no sólo abrirlo conceptualmente, pero en la discusión en la comisión le dije al Ejecutivo que lo importante era que llegáramos a consenso, porque tenemos ciertas limitaciones, como en materia de recursos del Estado, y para avanzar había que contemplar indicaciones de ese tipo”, detallaba entonces la parlamentaria.
Sin embargo, tras la indicación sustitutiva, presentaba una gran indignación:
“Me la compré y creí que estaban disponibles para un piloto en abril pero, evidentemente, eso no ha sido así. Siempre hubo declaraciones de buenas intenciones, pero no avanzamos en nada. Al contrario, se demoró y lo mejor y más claro es que hoy día tenemos una indicación sustitutiva presentada a última hora y con un estándar bajo”, declaró a Emol.com.
Mientras, por su cuenta de Twitter, publicó un video criticando la medida: “Hoy el gobierno ha vuelto a decepcionarnos. Durante dos semanas esperamos la indicación sustitutiva en nuestro proyecto de voto anticipado y finalmente llegó a última hora y en su peor versión: pobre, débil y excluyente”.

Otro de los puntos controvertidos y que generó disgusto en la oposición fueron los plazos establecidos por el Ejecutivo para elaborar el padrón especial por parte del Servel, ya que los electores deberán solicitar el voto anticipado entre los 90 y 60 días antes de las elecciones, lo que dejaría fuera el caso de las elecciones del 11 de abril. No obstante, la indicación incluye un artículo transitorio que permitiría que los electores puedan “inscribirse para votar anticipadamente dentro de los 15 días corridos siguientes a la fecha de publicación” de la ley, aclaró el ministro Ossa.
La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, votará la indicación presentada por el Ejecutivo el próximo lunes 25 de enero.