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La Constitución promulgada en 1980 dejó un capítulo completo para las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, otorgándole una importancia constitucional que nunca antes habían tenido en Chile. 40 años después, se abre el debate sobre si una Carta Fundamental es el lugar en donde se detallen sus funciones y, aún más importante, cuáles son aquellas que deben ser eliminadas o cambiadas, y así responder al orden institucional que determine la Convención, siempre bajo la idea de ser un cuerpo no deliberante, jerarquizado y obediente. ¿Cuáles son los aspectos a mirar? Te lo contamos a continuación.

Augusto Pinochet no sólo era la cabeza de la Junta Militar de Gobierno cuando promulgó en 1980 la Constitución que hoy se propone terminar, sino que además era el comandante en jefe del Ejército. Quizás por eso fue que el texto incluyó un capítulo completo para las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, algo inédito hasta entonces en la historia constitucional chilena.
A 40 años de vigencia de ese cuerpo legal, se mantienen visiones positivas y negativas respecto al rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el país desde el retorno a la democracia, y salvo en el último año, en que sus efectivos han asumido un protagonismo que hace décadas no se veía debido a los estados de excepción constitucional -primero por el estallido social y luego por la emergencia sanitaria-, se han mantenido como un ente relativamente silencioso en la sociedad. Silencioso, pero potente.
Ahora, ante la redacción de una nueva Constitución, académicos y expertos en la materia analizan el significado del capítulo XI: Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, por un lado cuestionando el contenido que nació en la dictadura y, por otro, asegurando que deben mantener una autoridad civil a su mando.
Aquella discusión fue parte del sexto capítulo del ciclo de conversaciones La República Democrática, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el medio online El Mostrador, donde la abogada, académica de la Universidad Católica y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña; el abogado y académico de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga; y el cientista político, director del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales e integrante del Consejo Directivo de Contexto, Claudio Fuentes, debatieron acerca de qué aspectos de las FF.AA. debieran consagrarse -o no- en una nueva Carta Fundamental.

Estar o no estar en la nueva Constitución

La incorporación de las Fuerzas Armadas a la Carta Magna fue una decisión tomada por la Comisión que redactó la Constitución en 1980. Anteriormente, solo tenía menciones específicas y sus funciones estaban delimitadas por una ley, no en un capítulo constitucional.
Dado esto, tanto Claudio Fuentes como Francisco Zúñiga plantearon que ahora, con los cambios que podría generar el trabajo de la Convención Constitucional que entrará en funciones a mediados de 2021,  se puede volver a la modalidad previa.
Dedicarle un capítulo especial a las FF.AA. y al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) “no es sino un reflejo de la ideología de seguridad nacional que inspiró el constituyente de 1980 (…), establecía un sistema de tutela militar del proceso político democrático y le daba incluso la posibilidad a las FF.AA., a través del Consejo de Seguridad Nacional, de poder vehiculizar su posición política dentro del Estado”, dijo Zúñiga.
En tanto, Fuentes señaló que las disposiciones correspondientes a las FF.AA. se pueden dejar determinadas en una ley y no en una estructura constitucional. “Se pueden definir las funciones de la defensa en el marco de las funciones de gobierno, del Presidente, con tres o cuatro líneas generales y el resto quede a la ley”.
Pero la opinión de los académicos no es consensuada. Marisol Peña opina lo contrario, pues al ser quienes tienen el monopolio legítimo del uso de la fuerza en nombre del Estado, deben estar en la Constitución: “Es fundamental reconocer cierta participación en asuntos que tienen que ver con la seguridad interna, cuando las fuerzas policiales son superadas. Además, es muy importante constitucionalizar el aporte que las FF.AA. pueden realizar en materia de paz y seguridad internacional”.
La abogada constitucionalista señala que, por ejemplo, el crimen organizado, el narcotráfico e incluso la tenencia civil de armas son áreas en las cuales las FF.AA. podrían tener injerencia, considera que la mejor forma de regularlo es a través de la Carta Magna.
Otro de los entes cuestionados sobre si deben o no estar en la nueva Constitución –como adelantó Zúñiga– es el COSENA.
El artículo 6 de la Constitución actual dice:
“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.
A juicio de Fuentes, quién garantiza el orden institucional está planteado de forma ambigua y representa “una muy mala señal desde el punto de vista constitucional”. Agrega que la reforma constitucional del ex Presidente Ricardo Lagos en 2005 determinó que cualquier integrante del COSENA pudiera expresar su opinión. “Cualquiera, incluida las FF.AA., en cualquier hecho o materia que tenga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional. Por lo tanto, ahí se abre la puerta, en un COSENA donde están los comandantes de las FF.AA., para que expresen sus opiniones sobre lo que son las bases de la institucionalidad. Eso es un argumento evidentemente político”, dijo Fuentes.
Ante aquello, lo que el politólogo califica como una de las distorsiones constitucionales en relación a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, propone la creación de un ente alternativo: “Plantearía otro esquema, de asesoría al Presidente, un Consejo de Defensa y Política Exterior, mucho más moderno. Que vincule las autoridades de defensa y política exterior directamente con el Presidente, y no como está ahora concebido, porque tiene una carga institucional del año ‘80 en adelante que creo que ha sido lo menos productiva desde el punto de vista de la resolución de lo que se quiere tener como objetivo”.

Tareas subyugadas a una autoridad civil

“Es necesario que Chile mantenga un capítulo especial de las FF.AA., precisamente para regularla, para que su obediencia no se entienda a una persona que ejerce accidentalmente el poder, como es el Presidente de la República, sino que la institucionalidad del país”, señaló Peña.
Si bien Fuentes y Zúñiga discreparon sobre la pertinencia de que se les reserve un capítulo, sí coincidieron en que el segundo punto debe quedar explícito, pues las Fuerzas Armadas se componen de cuerpos militares que deben responder a la administración pública y, por ende, a una autoridad civil.
“En orden a que la fuerza pública es un ente obediente, no pueden deliberar y definir sumariamente cuáles son sus funciones. Si esa determinación está en la administración del Estado, basta como el encaje de la FF.AA. en el estado de derecho”, manifestó Zúñiga.
Fuentes agrega que “deben ser coherentes con la arquitectura institucional que hay en la Carta. Hay una serie de distorsiones que hay que resolver. La Constitución no explicita directamente que el Presidente tiene el mando supremo en tiempos de paz y guerra sobre las FF.AA.”.
Efectivamente, la responsabilidad como comandante en jefe la asume quien esté en la Presidencia sólo en tiempos de guerra, por lo que el académico se cuestiona cómo ejerce su rol de autoridad en momentos de paz.
“A las FF.AA. se les tienen que definir roles sobre la defensa, independencia, política e integridad territorial del Estado. Sus misiones deben sujetarse no sólo a la Constitución y a la ley, sino que también a las reglas internacionales que regulan el uso de la fuerza, sobre todo después de los incidentes del último año”, argumenta Peña.
Zúñiga plantea una jerarquía más explícita: “La función de seguridad y de orden público corresponden a ellas bajo el marco de ser dependientes de la autoridad civil a través de sus ministerios respectivos. No pueden tener un rol político, ni ser garantes del orden institucional. De lo contrario, estaríamos dejando la puerta abierta a la injerencia de las Fuerzas Armadas en el sistema político democrático, según sus perspectivas políticas o corporativas. Deben estar situadas en la administración del Estado conjuntamente a la administración civil. La nueva Constitución debe enunciar cuáles son las características de estos cuerpos tradicionales y debe señalar cuáles son las características de la función pública que ejercen”.
¿Cuáles son los temas que se tendrán que revisar con mayor detalle? Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hizo hincapié en un aspecto fundamental: la transparencia. “Se trata de un servicio público que debería estar disponible para la comprensión, la crítica y la deliberación ciudadana. No podemos seguir jugando a las escondidas en esta materia”.
Asimismo, los académicos y académicas indicaron que se deben analizar cambios en el sistema de Justicia Militar, su rol en los estados de excepción, la forma de nombramiento de los comandantes en jefe y el estudio sobre los derechos humanos y su forma de concebirlos.
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 23 Nov 2020