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El borrador constitucional presenta una novedad al constitucionalizar la defensa de los derechos, una figura ampliamente utilizada en el resto del mundo. Este organismo vendría a reemplazar las funciones que cumple hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo funcionaría y qué diferencias tiene con su antecesor? Revísalo a continuación. 

“Funcionario público encargado de la investigación de acciones impropias o ilegales por parte de las agencias gubernamentales que puedan vulnerar los derechos de los individuos. Permite a los particulares interponer quejas sobre las acciones del gobierno”.

Es la definición que se le entrega al ombudsman, que en su traducción del alemán, significa Defensor del Pueblo. Actualmente, 85 países del mundo lo tienen, incluyendo a Argentina, Francia, Reino Unido o Sudáfrica. En Chile, el concepto como tal no existe, pero hoy la propuesta constitucional propone su creación.

El artículo 123 crea el órgano autónoma que tendrá por finalidad “la promoción y protección de los derechos humanos” asegurados en la Constitución, los tratados internacionales y el derecho internacional, “ante los actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado y de entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en la forma que establezca la ley”, facultades que hoy pertenecen al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Esta última institución cesaría sus funciones “con el objetivo de perfeccionar y llevar la experiencia del INDH al estado evolutivo siguiente”, según explica el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Felipe Abbott. “El INDH ha mostrado ciertas limitaciones en cuanto a su capacidad para hacerse cargo de la promoción y protección efectiva de los derechos de la personas”, agrega.

Las facultades de la Defensoría del Pueblo

El borrador deja a la legislación gran parte del funcionamiento de la nueva Defensoría, pero sí se establece el marco de sus atribuciones, las cuales son similares a las indicadas en la Ley 20.405, que regula el INDH.

Entre ellas, se encuentran fiscalizar a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, formular recomendaciones en las materias de su competencia, realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos humanos, y derivar en su caso, entre otras.

De todas formas, hay diferencias entre ambas instituciones, Según Tomás Vial, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, algo que podría cambiar es que el INDH, “en materia penal está bastante restringida, ya que solamente cubre algunos delitos”.

Estos son los descritos en el artículo 3 de la ley del INDH: crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley, los cuales tienen su base en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En cambio, la Defensoría del Pueblo podría interponer acciones constitucionales y legales con respecto a esos crímenes y los demás que establezca la ley. Según Abbott, esto permite que “el legislador entienda que no tiene que circunscribirse a los límites actualmente vigentes”, pudiendo incluso abarcar situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, los derechos de los adultos mayores, a manos hoy del SENAMA o los abordados por el Consejo de la Sociedad Civil.

La Defensoría también podría “deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen, cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos”. 

Abbott explica que esta es una potestad nueva, que “alude indirectamente a la idea de la violación general y sistemática de derechos humanos”. El abogado afirma que la idea de patrones se puede vincular a lo ocurrido en Chile desde octubre de 2019 en adelante, “cuando la discusión acerca de si estábamos o no en una situación de violación de los DD.HH. radicada en el punto de que estas violaciones fueran generalizadas y sistemáticas y, por lo tanto, hubiera un patrón de comportamiento”.

Según el director del Centro de Derechos Humanos UCH, esto permite salir del marco de una actuación individual, “que al verificarse que una conducta es sostenida regularmente, se considera que las responsabilidades no quedan exclusivamente sujetas a los sujetos individuales vinculados a los hechos, sino a una posible disposición desde la superioridad jerárquica y por ende se entiende la responsabilidad”.

Un cambio en la organización

La novedad más inmediata y que, según los expertos, podría ser la más importante, es la forma en que se organiza la Defensoría del Pueblo, pasando de una organización colegiada, mandatada por un consejo que designa a un director, como lo es el INDH, a una unipersonal, como lo es por ejemplo, la Defensoría de la Niñez.

El borrador establece que la dirección de la Defensoría del Pueblo “estará a cargo de una Defensora o Defensor del Pueblo, quien será designado por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones”.

Según Vial, el diseño colegiado tiene sus ventajas: “Más representación, perspectivas y actores que, según el docente “son importantes en materia de DD.HH. porque da más legitimidad y una visión más comprensiva”, pero ambos expertos concuerdan en que esta forma de organización ha sido uno de los grandes problemas del INDH.

Para Abbot, el diseño del INDH “es claramente deficitario, justamente porque al fin y al cabo supedita la capacidad de actuar y de tomar decisiones al diálogo y a la negociación interna”.

En este sentido, el docente de la UDP complementa que la fórmula unipersonal “tiene un poder de decisión y ejecutividad distinto, mucho más eficiente”, el cual puede ser comparado con la estructura que hoy tiene Contraloría, el cual, según Vial también tiene sus riesgos si se elige a alguien que tenga una mala conducción.

Sin embargo, el defensor o defensora no estará sólo, en la propuesta se establece que “existirá un Consejo de la Defensoría del Pueblo, cuya composición, funcionamiento y atribuciones será determinado por la ley”. En este sentido, Abbott afirma que, si el Defensor o Defensora “se acompaña de una instancia colegiada en la dirección de este organismo, creo que esta iría en dirección del resto de los organismos que establece el proyecto constitucional, con participación de la ciudadanía, rendición de cuentas y con altos estándares de transparencia, que es un eje que atraviesa todo el texto de la Constitución”. 

Por Jorge Morales
Fecha 06 Jul 2022
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