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El Pleno de la Convención Constitucional aprobó un artículo referente a la “compensación por privación de libertad sin condena”, el cual busca reparar el daño que se provoca al encarcelar a personas que luego son absueltas, sobreseídas o que finalmente no resulten condenadas. De ser aprobada la nueva Constitución, esta norma vendría a reemplazar la ley actual, la cual según expertos, tiene una utilidad casi nula.

El pasado martes 3 de mayo, el Plenario de la Convención discutió y votó el informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia, jornada que estuvo marcada por el debate en torno al Ministerio Público y que terminó con 47 artículos nuevos incluidos en el borrador constitucional.

Uno de ellos, fue el artículo 74 sobre “compensación por privación de libertad sin condena”, el cual indica en su primer inciso que “toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad”, por un monto diario de compensación que será fijado por la ley.”

La norma, que fue aprobada con 103 a favor, 33 en contra y 12 abstenciones, recupera un derecho de larga tradición constitucional en Chile, instaurado desde la Constitución de 1925, pero que históricamente no ha tenido efectividad.

En el artículo 20 de aquella Carta Magna, se establecía que: “Todo individuo a favor de quien se dictare una sentencia absolutoria o se sobreseyere definitivamente, tendrá derecho a indemnización, en la forma que determine la ley, por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente.

Producto de que nunca se dictó la ley exigida, este texto se convirtió en letra muerta y durante la regencia de esa Constitución, ningún ciudadano obtuvo indemnización.

A continuación, el detalle de los alcances de la norma que ya es parte de la propuesta constitucional y la situación actual. 

 

Ampliación del derecho: personas no condenadas

El artículo incluido en el borrador de nueva Constitución, otorga el derecho, además de las personas absueltas y las sobreseídas, a quienes fueron privados de libertad y finalmente no sean condenadas.

Esta ampliación del derecho fue lo que generó más discusión por parte de algunos convencionales. La constituyente de Vamos por Chile, Ruth Hurtado, parte de la Comisión de Sistemas de Justicia, rechazó la norma porque no está “de acuerdo con que (las personas no condenadas) sean compensados por cada día que hayan permanecido en la cárcel”.

Como justificación, Hurtado pone el ejemplo de los casos que terminan en condena por falta de pruebas y afirma que “hay personas que no es que resulten condenadas porque no son culpables, sino porque tienen una medida alternativa o porque las pruebas no fueron suficientes”.

El coordinador de la Comisión de Sistemas de Justicia, Christian Vera, indica que lo que está detrás de la duda de los constituyentes que rechazaron la norma, tiene que ver con el concepto de “verdad material”. 

Viera explica que: “el sistema jurídico a lo que apunta es a la verdad procesal –y no a la material– y una persona aunque sea por falta de pruebas, si es exonerada procesalmente es inocente y estuvo privada de libertad”, en otras palabras, si una persona resulta absuelta por falta de pruebas no deja de ser inocente para la justicia, por lo que para el convencional, esta debería poder acceder a esta indemnización.

Mauricio Duce, docente de diversos cursos en el área de la justicia criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y director del Programa de Reformas Procesales y Litigación, asegura que “hay dos limitaciones que deberían tranquilizar a quienes encuentran que la norma se abrió mucho”. 

La primera tiene que ver con el segundo inciso del artículo, en donde se establece que: “La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado”.

Esto quiere decir que, independiente de que la persona sea finalmente absuelta, sobreseída o no condenada, si la razón por la que cayó en prisión preventiva tiene que ver con una conducta del imputado, como por ejemplo, amenazar a la víctima, este no podrá exigir la indemnización.

El docente agrega que la otra limitación es que, a diferencia de la norma actual, “que por decirlo así, limita todo tipo de daños, aquí lo que se establece es que la indemnización va a ser fijada sobre la base de una tasa que va a tener que determinarse”, la cual será fijada en la legislación.

La nueva norma recupera el espíritu del artículo 20 de la Constitución de 1925, con requisitos menos exigentes. Según Duce, esta norma “tiene un fuerte respaldo en el derecho comparado”, y afirma que genera “un derecho de reparación respecto de los enormes daños que causa el uso de la privación de libertad”.

Además, la norma separó la indemnización de privación de libertad de la indemnización por error judicial.

Este último derecho fue incluido en el artículo 75 del bloque de Sistemas de Justicia y decreta que “toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial, tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubieren causado”, no existiendo como requisito el haber estado privado de libertad. 

Y para los casos en que el error judicial sí condujo a la privación agrega una cláusula: “si todo o parte del daño causado deriva de la privación de libertad, la compensación, que siempre se podrá exigir en conformidad al artículo anterior” (artículo 74), será imputada a la indemnización del artículo 75.

 

La situación actual

En 1980, cuando se escribió la Constitución actual, se abordó el derecho con una fórmula más limitada, en la cual se exige un procedimiento mediado por la Corte Suprema para optar a la indemnización.

En el artículo 19, número 7 de la Constitución vigente se establece que:  

“Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia”.

En este proceso, antes de iniciar la demanda civil contra el Estado, se debe solicitar a la Corte Suprema una declaración previa favorable, para lo que los jueces deben fallar a favor de quien lo requiera, calificando la resolución como “injustificadamente errónea”. 

Para Mauricio Duce, comprobar que “hubo una actuación justificadamente errónea y arbitraria”, es muy difícil y esto ha hecho que se convierta en un “derecho ilusorio”, afirma el abogado.

De acuerdo con una investigación académica realizada por Duce y la magíster en Derecho Penal UDP, Romina Villarroel, según datos de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, de 140 Solicitudes de indemnización por error judicial período 1980-2018, de las que se habría acogido sólo ocho de ellas.

Esto demuestra una tasa bajísima de utilización de la norma, considerando que, según datos de la Defensoría Penal Pública, sólo en 2020 en Chile existieron 31.163 causa-imputado terminadas, declaradas como inocentes o no condenados, de los cuales 1.288 incluyeron prisión preventiva. 

 

Por Jorge Morales
Fecha 05 May 2022