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El derecho a que los trabajadores de sindicalizarse y poder tratar con los empleadores está incluido en el borrador constitucional de una manera distinta a la que lo hace la Constitución vigente. La titularidad exclusiva de los sindicatos en las negociaciones colectivas, la consagración constitucional de esta como una herramienta que actúe en múltiples niveles y el derecho a huelga abierto a los trabajadores del sector público son las grandes novedades de la forma en que se aborda este tema en la nueva Constitución.

En el primer párrafo del artículo 12 del bloque de Derechos Fundamentales, que consagra el derecho a la libertad sindical, se establece que “la Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. 

Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga”. Este primer inciso, ya contiene un cambio significativo con respecto a la Constitución vigente: extender el derecho a huelga al sector público.

En el artículo 16 de la Carta Magna actual, se indica que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades” y extiende esta prohibición a “las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”.

En cambio, en el borrador constitucional se levanta el veto a los trabajadores del sector público, sólo limitando la huelga “para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población”.

Este cambio ha sido uno de los principales blanco de críticas por la forma en que se incluyó este derecho en el borrador constitucional, ante los riesgos de una posible paralización constante de servicios públicos.

Para José Luis Ugarte, docente de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, esta medida es “de sentido común” ya que, aunque actualmente la norma prohíbe que los funcionarios públicos ejerzan el derecho a huelga, “sabemos que esa norma actualmente no se cumple y no se ha cumplido nunca bajo ningún gobierno en ningún aspecto”, afirma Ugarte.

Según el docente, “el problema que tenemos con los funcionarios públicos es que está prohibido pero es letra muerta. Se van a paro cuando lo estimen conveniente, en las condiciones que estimen convenientes”, pero reconocer a los trabajadores del sector público como titulares de derecho a huelga, “abre opciones para regularla”. 

Luis Alberto Campos, magíster en Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez, concuerda con Ugarte en que en la práctica “se produce exactamente igual a que si no estuviera prohibido” y agrega que “lo que está haciendo la legislación es actualizar la realidad práctica que se vive hoy día respecto del ejercicio de los derechos laborales”.

La negociación colectiva

El otro cambio fundamental, y que sí abre importantes cambios con respecto a la realidad actual, tiene que ver con la negociación colectiva.

En el inciso quinto del artículo 12 del borrador constitucional, se indica que la Constitución asegurará el derecho a la negociación colectiva, estableciendo que “corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial”. 

Para Ugarte, esta es la principal transformación: negociación colectiva a múltiple nivel. “Con esto, el legislador deberá establecer sistemas con distintos niveles de negociación, lo que cambia la situación que tenemos hoy, donde sólo se permite la negociación en la empresa donde uno está contratado”. 

Con lo aprobado, la negociación colectiva podrá ser ejercida por rama de actividad o por sector económico, algo que no estaba contemplado en la Constitución vigente y que según un estudio de la Fundación Sol, está presente en los países más igualitarios de la OCDE.

En el texto se establece que, tal como se hace actualmente el artículo 306 del Código del Trabajo, habrá limitaciones a las materias susceptibles de negociación, las que ahora serán “aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras”.

Otro cambio importante es el otorgamiento de la titularidad del derecho a huelga a los sindicatos de trabajadores. 

Campos afirma no estar de acuerdo con este otorgamiento y afirma que “cualquier forma de agrupación es válida y no solamente la gente que está radicada en los sindicatos”, los cuales, a su parecer, “están mal desarrollados”. 

Sin embargo, apunta a que esta norma puede ayudar a “evolucionar su funcionamiento, tal como ocurrió en Italia o en España, donde los sindicatos han tomado un papel relevante, pero teniendo siempre de frente cuál es el impacto económico que podría significar un proceso de negociación colectiva mal llevado.” 

Por su parte Jose Luis Ugarte, piensa que es “positivo para los trabajadores, porque cuando tu quieres negociar colectivamente no se arman grupos, se arman sindicatos que, como en todo el mundo, son las organizaciones de trabajadores históricas y permanentes”. Además, afirma que la experiencia muestra que los grupos negociadores son “comúnmente armados por los empleadores para efectos de debilitar a los sindicatos”.

 

Por Jorge Morales
Fecha 25 May 2022