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Al principio, cuando a fines de septiembre el proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo al Congreso para definir la distribución de platas públicas para 2021, sólo se habían reservado $10 mil para financiar el proceso constituyente. Estaban especificados en un pequeño y general enunciado en la partida del Tesoro Público: en medio de los más de $11.798 millones que se destinarían para cubrir distintas áreas, sólo un billete estaba destinado para cubrir sueldos, remuneraciones y honorarios de los 155 convencionales, sus asesores y otros empleados, además de gastos operacionales, infraestructura y más para el funcionamiento de la Convención Constitucional durante el próximo año.
Según consignó CNN Chile, la Dirección de Presupuestos (Dipres) habría argumentado que se trató de un monto simbólico, pues el proyecto se ingresó previo al plebiscito y a que ganaran las opciones por cambiar la Constitución y la conformación de un órgano constituyente elegido 100% en las urnas. Que sería durante la discusión legislativa que se asignarían los recursos reales.
Y eso ocurrió.
El sábado 28 de noviembre, el Senado aprobó el informe de la comisión mixta que resolvió cómo se repartirán los fondos fiscales para el ejercicio de 2021. Con ello, el proyecto quedó listo para ser promulgado apenas un par de días antes de que venciera el plazo.
Finalmente, el financiamiento de la Convención Constitucional quedó a cargo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que en su partida creó un programa especial para administrar ya no $10 mil, sino que más de $6.708 millones.
Este programa tiene por objeto regular el financiamiento del apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 133 de la Constitución Política de la República”, dice la glosa que dio origen al programa específico para la Convención.
¿Qué dice ese inciso final del artículo 133? Que será tarea del Presidente o de los órganos que él determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la instancia que redactará la propuesta para una nueva Constitución. Ese órgano será la Segpres.
El único gasto que ya estaba definido antes del plebiscito del 25 de octubre era la remuneración mensual de 50 UF (cerca de $2,5 millones) que recibirá cada convencional a modo de sueldo. Todo lo demás -que la Dipres ha estimado en $10.600 millones para los 12 meses que podría llegar a operar la Convención– estaba en veremos. Si bien había un documento elaborado por la Cámara de Diputados donde se hacía una estimación general de costos de instalación y funcionamiento, no era más que un estimado referencial (ver chequeo). Ahora, en cambio, ya se sabe cuánto se destinará para costear la función de cada convencional, el equipo de apoyo técnico y administrativo, que habrá varios millones destinados a la participación ciudadana y difusión del trabajo constituyente e incluso, dónde operará físicamente la Convención y cuánto costará. Los detalles a continuación.

Desglose de gastos   

Si bien la Convención no se conformará hasta fines de mayo o principios de junio de 2021, cuando ya se haya elegido a sus integrantes, eso no significa que recién entonces comenzará a utilizarse el dinero. Ya en enero se podría empezar a hacer compras y contrataciones relacionadas al proceso de preparación para que todo esté listo cuando llegue el momento de que los 155 convencionales empiecen su trabajo.
Hasta hace poco no estaba del todo claro qué instalaciones ocuparían. Aunque la antigua sede en Santiago del Congreso Nacional había sonado desde hace un tiempo como el lugar más indicado, de acuerdo con un artículo de The Clinic había una resistencia entre los parlamentarios a ceder aunque sea parte de ese espacio, y así lo habían manifestado al ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg.
“Hemos hablado con los presidentes de ambas cámaras, para solicitar como posible alternativa -y que tiene que salir de un consenso político-, la sede del Congreso de Santiago, que creemos cumple con todas las condiciones. Evidentemente habría que hacerle algunas reparaciones y adecuaciones que ya hemos explorado con equipos técnicos nuestros. Estamos a la espera de la respuesta del Congreso”, dijo a ese medio el ministro a comienzos de noviembre.
En medio de la discusión presupuestaria se zanjó que al final serían dos los edificios que utilizaría la Convención. Por una parte, la ex sede del Congreso ubicada frente al Palacio de Tribunales en Santiago Centro, la que sería compartida con el Senado. Por la otra, el Palacio Pereira, un antiguo inmueble del siglo XIX que está en la esquina de Huérfanos y San Martín y que por décadas estuvo abandonado. Fue adquirido por el Estado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y, aunque se proyectaba repararlo y habilitarlo para ser sede del Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), ahora se decidió que sería habilitado como edificio auxiliar de la Convención para los servicios y comisiones, además de prestar apoyo a su secretaría técnica.
Para el ítem de las sedes se asignaron cerca de $854,7 millones, los que “se destinarán a la habilitación del Palacio Pereira, y para equipamiento necesario en el edificio del ex Congreso Nacional. Con cargo a estos recursos se podrán adquirir activos no financieros”, señala una de las glosas aprobadas por el Senado.
Esa es apenas una pequeña porción del dinero público reservado para la Convención. El gran grueso de los fondos se destinará para costear los gastos en personal. En total, son más de $3.753 millones, que equivalen al 56% del presupuesto total para el próximo año, los que se repartirán entre las remuneraciones de las 32 personas que constituirán las secretarías técnicas y de apoyo, para las cuales se destinarán unos $938 millones; la contratación de expertos que apoyen técnicamente el funcionamiento de la Convención; y la retribución económica de los convencionales.
El otro monto significativo son los $1.907 millones que se repartirán con dos objetivos distintos: por una parte, $1.407 millones que se “financiarán las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la Convención Constitucional, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 134 de la Constitución Política, incluyendo asesores”; y otros $500 millones para financiar la participación ciudadana y la difusión del trabajo de la Convención. Según lo defina el mismo órgano en su reglamento, esto último se podrá ejecutarse a través de convenios con entidades públicas o privadas.
Por último, el presupuesto considera $192,8 millones para la instalación y funcionamiento de la Convención. “Una vez instalada la Convención Constitucional, estos recursos serán ejecutados a la sola solicitud del órgano que el reglamento de la Convención determine o de su Presidente, mientras no se dicte dicho reglamento. Las solicitudes deberán tramitarse con especial celeridad. El ministerio deberá elaborar reportes mensuales sobre las solicitudes efectuadas por la Convención Constitucional, el tiempo de tramitación y la ejecución de los recursos”, dice la glosa correspondiente.
Por Juan Pablo Figueroa
Fecha 02 Dic 2020