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El día de ayer se conoció que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) rechazó la solicitud de la Convención Constitucional para aumentar en $1.743 millones las asignaciones vinculadas a asesorías mediante personal de apoyo, viáticos y gastos operacionales de las y los convencionales. Este monto se planteó con el fin de complementar la partida 22 del Presupuesto 2021, y por lo mismo, la mesa de la Convención ya realiza gestiones para intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno. 

Parecía ser un día sin novedades en la Convención Constitucional, ya que según el calendario, esta sería la última jornada en que las y los convencionales podrían revisar las 1.085 indicaciones a los cuatro reglamentos, que desde hoy jueves parten su discusión en particular. Sin embargo, la Secretaría General de la Presidencia, comunicó a partir de un oficio, que se rechazaba el aumento en $1.743 millones adicionales las asignaciones para asesorías mediante personal de apoyo, viáticos y gastos operacionales, lo que obligó que la Mesa de la Convención Constitucional empezara de inmediato gestiones para destrabar los recursos. 

Con ese panorama se partió la mañana, en una reunión entre la Mesa, la Secretaría Ejecutiva de la Convención y la Dipres, la que fue representada por José Cortés, administrador de Finanzas y Transparencia en la institución. 

¿Cuáles son las cifras del aumento? A modo de contexto general, así se han desglosado los recursos durante el primer semestre del 2021, según un documento de la Unidad Secretaria Administrativa de la Convención Constitucional. En el subtítulo 22 de “Bienes y Servicios de Consumo” consta la solicitud de aumento que terminó por ser rechazada, que contemplaba $1.743 millones de pesos adicionales. Esta suma fue solicitada el pasado 20 de agosto, 

¿Qué justificación dio la Dipres para no aprobar estos recursos? Según un oficio de la propia institución, se determinó que “en cuanto a los recursos requeridos para incrementar las asignaciones de los convencionales (…) cabe hacer presente que no se cuenta con antecedentes que permitan revisar el marco de gasto requerido pues no fue presentado con el detalle y fundamento del monto pretendido”.

“Considerando que el estado actual de estrechez fiscal, la necesidad de dirigir los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la pandemia Covid 19, la política de austeridad fiscal que ha obligado a servicios a financiar estrictamente su operación y a evitar todo tipo de gastos no obligados, es que no es posible acceder al aumento de recursos solicitados vía el aporte fiscal que se informa”, explicita el documento. 

El Ejecutivo si aprobó a entregar $787 millones para financiar gastos de soporte y servicios requeridos como traslado, equipamiento a la prensa, ampliación del contrato de transmisión audiovisual, traducción de lengua de señas, entre otros. 

Tras el rechazo de estos recursos, la Mesa de la Convención Constitucional se encuentra realizando gestiones con la Dipres y el ministerio de Hacienda, para destrabar los recursos, ya que estamos a 7 días de que se cumpla el plazo legal para que el Ejecutivo envíe la ley de Presupuesto 2022. 

Además, según indican al interior de la Convención, debe respetarse la norma constitucional la que indica que “corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención (…). Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento”, señala la norma constitucional.

A contrarreloj 

Tras el rechazo de estos recursos, la Mesa de la Convención Constitucional se encuentra realizando gestiones con la Dipres y el ministerio de Hacienda, para destrabar los recursos, ya que estamos a 7 días de que se cumpla el plazo legal para que el Ejecutivo envíe la ley de Presupuesto 2022. 

Además, según indican al interior de la Convención, debe respetarse la norma constitucional la que indica que “corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención (…). Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento”, señala la norma constitucional. Aún la Secretaría Técnica, liderada por Máximo Pavez, no ha emitido declaraciones al respecto.

Por Daniela Yáñez
Fecha 23 Sep 2021
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