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– Luego de que el senador Felipe Harboe (PPD) anunciara su renuncia al Congreso para postular a la Convención Constitucional, la diputada Pamela Jiles (PH) criticó su decisión argumentando que “el 25 de octubre un 80 por ciento de los ciudadanos dijeron claramente que no quieren políticos en la Constituyente, ni parlamentarios, ni ex candidatas a la presidencia, ni ex ministros”.

– Lo dicho por Jiles es FALSO.

– Lo que se decidió el 25 de octubre en el plebiscito fue cómo se compondría el órgano que redactará la nueva Constitución: 155 personas electas de forma popular. La votación no determinó quiénes formarían parte de ella, o en su defecto, quienes no lo harían, dado que eso se verá el próximo 11 de abril en las elecciones de convencionales constituyentes.

– Esto quiere decir que tanto políticos, parlamentarios, excandidatos presidenciales o exministros –como señaló Jiles– tienen derecho y pueden ser candidatos o candidatas si es que cumplen con los requisitos necesarios. Asimismo, en caso que autoridades del Estado quieran postular, también podrán hacerlo y al momento de inscribirse cesarán de su cargo.

– Expertos señalan que actualmente hay tendencias a la “descalificación de los políticos tradicionales, saltándose los canales de representación que tienen las democracias, y colocando a esos políticos como enemigos de la ciudadanía”.

“Sí, renuncio al Senado para inscribir mi candidatura a la Convención Constitucional por la Región de Ñuble”, confirmaba el todavía parlamentario del Partido por la Democracia, Felipe Harboe, el sábado 2 de enero. Así partió la primera controversia del año en materia constituyente.
Rápidamente surgieron posturas a favor y en contra del anuncio del senador, y mientras algunos lo calificaron de valiente, otros lo criticaron por considerarlo oportunista y por supuestamente desconocer los resultados del plebiscito. Una de las voces que más eco tuvieron desde esa última vereda fue la de la diputada Pamela Jiles (PH), quien a través de su cuenta en Twitter aseguró que “el 25 de octubre un 80 por ciento de los ciudadanos dijeron claramente que no quieren políticos en la Constituyente, ni parlamentarios, ni ex candidatas a la presidencia, ni ex ministros”.

Lo dicho por Jiles es FALSO. Lo que se decidió el pasado 25 de octubre fue cómo se compondría el órgano que redactará la nueva Constitución: 155 personas electas de forma popular. La votación no determinó quiénes formarían parte de ella o, en su defecto, quienes no lo harían, dado que eso se verá el próximo 11 de abril en las elecciones de convencionales constituyentes.
Desde el equipo de la diputada señalaron a Contexto Factual que su afirmación se debe basar en “alguna (encuesta) Pulso o Cadem”, agregando que “hay que buscar en las respectivas páginas”, sin dar a conocer un documento concreto.
Pero, ¿qué fue efectivamente lo que se votó en el plebiscito del 25 de octubre? Primero, si la ciudadanía aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución y; segundo, qué tipo de órgano lo haría, en caso de aprobarse.
Es ese segundo aspecto al que hizo alusión Jiles con su mensaje. Aquella segunda cédula de votación contenía la siguiente pregunta: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”.
Y las alternativas eran dos:
  • • “Convención Mixta Constitucional.Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio”.
  • • “Convención Constitucional. Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. 
La opción de una Convención Mixta consistía en que la mitad de quienes integraran el órgano debían ser parlamentarios en ejercicio, quienes dividirían su labor entre sus funciones legislativas y sus tareas como convencionales constituyentes. Se elegirían entre ellos mismos y ocuparían esa mitad de los escaños en función de su cargo parlamentario. En cambio, para la Convención Constitucional -alternativa que ganó con más del 78% de los votos-, no se indicaban restricciones sobre quiénes podrían ser los convencionales y sólo se definía que serían 155 y todos electos de forma democrática.
Entonces, lo que en rigor se decidió fue que no habría parlamentarios en ejercicio en la Convención, pero tanto políticos, parlamentarios, excandidatos presidenciales o exministros –como señaló Jiles– pueden ser candidatos y candidatas si es que cumplen con los requisitos necesarios.
¿Cuáles son? Los ciudadanos que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución: tener 18 años cumplidos y no haber sido condenados a penas aflictivas.
De hecho, la misma Carta Fundamental establece que pueden postular ministros, intendentes, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, subsecretarios, seremis, jefes de servicio, miembros del Consejo del Banco Central, miembros del Consejo del Servicio Electoral, miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; consejeros del Consejo para la Transparencia, y miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. ¿Qué ocurre con sus cargos? Una vez que declaren su candidatura y sean inscritas, cesan de ellos por incompatibilidad.
El académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señala que “la gente votó por la Convención Constitucional como instancia compuesta en su totalidad por miembros 100% electos por la ciudadanía para tales efectos. En ninguna parte figura la prohibición para que los políticos pudiesen participar. No lo pueden hacer legisladores en ejercicio, pero éstos sí pueden dejar sus cargos para postularse”.
Entonces, ¿por qué han surgido críticas que señalan que aquellas personas que ostentan u ostentaron cargos políticos no deberían postularse e ignoran los resultados del plebiscito? Morales argumenta que “es típico de los candidatos populistas. Se nutren precisamente de la descalificación de los políticos tradicionales, saltándose los canales de representación que tienen las democracias y colocando a esos políticos como enemigos de la ciudadanía”.
Es importante agregar que si bien la Convención Constitucional recibió cerca del 80% de los votos, no fue del total de la ciudadanía como indicó Jiles en su mensaje, sino que del casi 51% del total del padrón electoral que sufragó.