Plataforma Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto

¿Sabías que en una campaña presidencial la ley permite que los candidatos y candidatas gasten hasta $6.500 millones? ¿O que para postularse al Senado podrían llegar a gastar $1.800 millones? Para un grupo de diputados y diputadas de oposición, aquellos montos son demasiado altos, por lo que ingresaron un proyecto que reduce hasta en 70% el dinero que se puede gastar en campañas electorales –dependiendo del cargo al que se aspira–. Si bien, en caso de tener éxito en su tramitación, no alcanzaría a aplicarse en las próximas elecciones del 11 de abril, los parlamentarios hacen un llamado a discutir la iniciativa con celeridad.

“Quien no tiene plata para pagar una campaña millonaria, es decir, la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, simplemente no puede competir en igualdad de condiciones. Como resultado, se genera un proceso de oligarquización de la política en desmedro de tener una verdadera democracia. Llamamos a los parlamentarios y parlamentarias a aprobar el proyecto y que estén a la altura de las demandas ciudadanas. ¡Necesitamos emparejar la cancha!”.
Esas fueron las palabras del diputado Gonzalo Winter (CS) al anunciar que, junto a los parlamentarios Gabriel Boric (CS), Maya Fernández (PS), Tomás Hirsch (IND), Diego Ibáñez (CS),  René Saffirio (IND) y Camila Vallejo (PC), presentaron un proyecto que limita el gasto electoral.
El objetivo es modificar la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral reduciendo los montos actuales permitidos para gastar en diferentes campañas electorales y límites de financiamiento privado, debido a lo que los parlamentarios consideran un alto monto y apuntando a una distribución equitativa entre candidatos y candidatas.
“Estos son aspectos trascendentales para aspirar a un sistema en que se respeta la democracia y la representación como principio de la organización política, pues las grandes cantidades de dineros que se pueden utilizar, fruto del margen legal actual, crean escenarios prácticos en que no se aseguran las condiciones para competir en un piso mínimo de igualdad, afectando así la legítima competencia en las elecciones y dejando el resultado de las mismas a merced de la cantidad de dinero que se ha invertido, en desmedro de la fuerza de las ideas y del proyecto político”, señala el proyecto.
¿Cuáles son los límites actuales? La ley indica lo siguiente:
  • – Quienes postulan a la presidencia de la República pueden gastar el momento equivale a 0,015 UF por el número de electores en el país. Para la segunda vuelta, el límite se calculará considerando como factor multiplicador el 0,01 UF.
  • – Para quienes postulen al Senado y a la Gobernación Regional, el límite de gasto no puede ser mayor a la suma de 1.500 UF, más 0,02 UF por los primeros doscientos mil electores, más 0,015 UF por los siguientes doscientos mil electores y por 0,01 UF por los restantes electores en la respectiva circunscripción o región. En la segunda vuelta de Gobernación Regional no se puede gastar más de 750 UF más 0,01 UF por los primeros doscientos mil electores, 0,0075 UF por los siguientes doscientos mil electores y 0,005 UF por los electores restantes en la respectiva región.
  • – Quienes postulan a la Cámara de Diputados y Diputadas y la Convención Constitucional pueden gastar un máximo de 700 UF más 0,015 UF el número de electores en el respectivo distrito.
  • – El límite de gasto de los candidatos a una alcaldía no podrá exceder las 120 UF, más 0,03 UF por el número de electores en la respectiva comuna. Cada candidato a concejal podrá gastar una suma no superior a la mitad de aquella que se permita al correspondiente candidato a alcalde.
  • – El límite de gasto de los candidatos a consejeros regionales deberá ser 350 UF más 0,01 por los primeros doscientos mil electores de la circunscripción provincial, 0,075 por los siguientes doscientos mil y 0,005 UF por los restantes electores.
¿Cómo se refleja esto?
  • – Para la campaña presidencial, –según el último padrón electoral entregado por el Servicio Electoral, los electores y electoras del país ascienden a 14.900.089 personas (sin contar a los chilenos residentes en el extranjero–, el monto a gastar es de aproximadamente $6.501 millones en primera vuelta y alrededor de $4.334 millones para el balotaje.
  • – Si alguien quisiera postular al Senado o a la Gobernación Regional en Tarapacá, por ejemplo, puede gastar aproximadamente $180 millones. En el caso de la Región Metropolitana asciende a alrededor de $1.834 millones, en la del Biobío a $518,9 millones y en la de Aysén a casi $101 millones.
  • – Para la Convención Constitucional o Cámara de Diputados, en el distrito 7 pueden gastar un máximo cercano a los $376,4 millones, en el distrito 11 alrededor de $316,2 millones, en el distrito 16 unos $144,7 y en el distrito 23 aproximadamente $260,4 millones.
  • – Quien postule al municipio de Valparaíso, no puede gastar más de $256.644.200, quien lo haga por Yumbel debe mantenerse en montos menores a $21.068.296 y quien quiera ser alcalde o alcaldesa de Punta Arenas no puede excederse de los $110.428.796. Sus candidatos al Concejo Municipal, no podrán excederse de la mitad de aquellas sumas.
El plan que proponen los legisladores es reducir aquellos montos entre 60 y 70%, donde -dicen en la moción- “se da mayor peso en el cálculo a una componente dependiente del número del electorado del territorio electoral correspondiente a cada candidatura, sumando en algunos de los casos una componente fija, en UF, de modo de no desfavorecer con una disminución mayor a aquellos territorios electorales de menor cantidad de electores, ubicados particularmente en las zonas extremas del país”.
¿La fórmula?
Que con postulaciones al Senado, Gobernación Regional o a la Cámara de Diputados el límite de gasto electoral será equivalente a 500 UF más la cantidad que resulte de multiplicar por 0,004 UF el número del electorado de la respectiva circunscripción, región o distrito según corresponda. En el caso de la segunda vuelta de la gobernación regional, el límite se calculará considerando como factor multiplicador 0,002 UF.
Para el Consejo Regional, el límite de gasto electoral será equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar por 0,005 UF el número del electorado de la respectiva circunscripción provincial. En aquellas circunscripciones provinciales donde el límite fuese ser menor a 100 UF, se aplicará que el monto sea de 100 UF.
En el caso de las candidaturas a la Presidencia de la República, no podrán gastar más de la cantidad que resulte de multiplicar por 0,005 UF, el número del electorado en el país. En segundas vueltas, sería la cantidad total de electores por 0,003 UF.
Por último, el límite de gasto de las candidaturas a alguna alcaldía no podrá exceder de la suma que resulte de multiplicar 0,01 UF por el número de electorado de la comuna, y en caso que aquel número resultara ser menor a 100 UF, podrán gastar ese equivalente. En el caso de las candidaturas de concejales y concejalas, no podrían gastar más de la mitad de lo correspondiente a quienes se postulen como alcalde o alcaldesa.
Por otro lado, también busca limitar el financiamiento privado, estableciendo un máximo de 40 UF (que equivale, a la fecha, a poco más de $1.160.000), eliminando que una persona pueda donar más que ese monto en una misma elección y a una misma candidatura, a excepción cuando haya segunda vuelta, donde podrá entregar como máximo la misma cantidad de dinero.
En una misma elección, podrán donar un máximo de 120 UF.
Además, para que se puedan hacer donaciones sin publicidad (que no se requiere transparentar la identidad del donante), proponen que sean montos no mayores a 5 UF (unos $145.400) y que el máximo de donaciones de aquel tipo disminuya de 120 a 15 UF, junto a que ningún candidato o candidata pueda recibir por concepto de aportes sin publicidad más del 5% del límite del gasto electoral.
Es importante destacar que, en caso que se tramite el proyecto y apruebe su contenido, no podrá aplicar para las elecciones de convencionales constitucionales, municipales ni de gobernación regional del próximo 11 de abril, dado que las campañas inician el 11 de febrero y los tiempos de tramitación exceden aquella fecha.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 20 Ene 2021