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Luego de que el Ejecutivo anunciara el domingo que recurriría al Tribunal Constitucional para impedir que avance la propuesta opositora para un segundo retiro de hasta un 10% de fondos previsionales, el gobierno se ha visto en aprietos. El rechazo a la movida es transversal. Distintas personalidades del mundo académico han rechazado la prerrogativa y tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado han señalado que podrían asumir institucionalmente la defensa de la iniciativa. Con esto, se reactiva la pugna entre dos poderes del Estado que marcó las relaciones políticas durante el primer semestre, algo que según señalan expertos y expertas, no es un problema jurídico sino uno político.

A las 18:00 horas del domingo 22 de noviembre, el gobierno emitió un comunicado anunciando que presentaría un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto que permite el segundo retiro de fondos previsionales.
“El Gobierno debe proteger a los chilenos no sólo durante la emergencia. Debe también levantar la vista y buscar soluciones permanentes a las necesidades de los chilenos. Por eso, el esfuerzo del Gobierno está concentrado en la creación y recuperación de los empleos, la ayuda a las Pymes y la reactivación de nuestra Economía. Por eso, el Gobierno está comprometido e impulsando una profunda reforma a nuestro sistema de pensiones, que permita mejorar las pensiones de todos los actuales y futuros pensionados”, señala el documento, además de enumerar cuáles son las políticas públicas implementadas para ayudar a quienes se han visto afectados económicamente por la crisis propulsada por el brote de coronavirus.
Párrafos después hace la acusación que motivó el requerimiento: “Algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución. Esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos”.
Así, la Presidencia anunciaba que dará la pelea frente al proyecto por el que votaron a favor 48 diputados y diputadas de su coalición, asegurando ser una movida sensible y responsable, además de promover la discusión de su propio proyecto –ingresado el pasado miércoles 18 de noviembre–.
Sin embargo, la ofensiva del Gobierno no fue bien recibida por el Congreso Nacional, tanto de la oposición como también el oficialismo:

 

 

La solicitud de los jefes de Comité de oposición para que la Cámara de Diputados defienda institucionalmente el proyecto tramitado –defensa que podría asumir el abogado Tomás Jordán, según señaló la senadora Ximena Rincón (DC)–, la solicitud idéntica que hizo el senador Alfonso de Urresti (PS) a la mesa del Senado e incluso el llamado del senador Francisco Chahuán y el diputado Andrés Celis, ambos de Renovación Nacional, para que el gobierno reconsidere su decisión, son sólo una muestra del poco apoyo que recibió la iniciativa presidencial.
Por otro lado, el senador Felipe Harboe (PPD) señaló en el programa Estado Nacional de TVN que, a su juicio, la ofensiva de la presidencia solo ayudará a “aún más deslegitimar al Tribunal Constitucional”. La senadora Marcela Sabat (RN), también argumentó en TVN que “en términos políticos, efectivamente esta presentación no debería existir”, refiriéndose al ingreso de la propuesta presidencial el miércoles pasado, dado que es una conversación que, de acuerdo con la parlamentaria, se debería haber hecho con anterioridad, argumento al que se sumó el senador Iván Moreira (UDI).
En el ámbito académico, rápidamente aparecieron quienes indicaban que el proyecto no tiene problemas de constitucionalidad y así –según ellos– debería dictarlo el TC.
A través de un hilo en Twitter, el abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Valparaíso, Christian Viera señaló que el gobierno está en su legítimo derecho de presentar el requerimiento ante el TC, pero este debería ser rechazado.
¿Por qué? Viera explica que si bien los temas de seguridad social son materia exclusiva del Presidente, esa atribución rige para proyectos de ley y no de reforma constitucional, como es en este caso, y que este tipo de proyectos no requiere un quórum de ⅔, sino de ⅗, al ser una norma transitoria y no la modificación de un capítulo. Asimismo, insiste en que lo único que cambia entre el primer retiro –aprobado a comienzos de agosto– y el segundo, es la voluntad política del gobierno. “El proyecto no tiene problemas constitucionales por lo que debe ser rechazado. En el fondo, es un problema político y un desorden de la coalición de gobierno”, sentenció.

Por otro lado, el abogado y académico de la Universidad Central, José Ignacio Núñez, reflotó una carta que envió junto a un grupo de colegas al diario El Mercurio hace algunos meses, antes de que se aprobara el primer retiro del 10%. Allí, los expertos y expertas firmantes argumentaban que el proyecto no es un resquicio y no altera el tercer capítulo de la Carta Magna sobre derechos y deberes, por lo que no podría ser inconstitucional. “Mismos argumentos se aplican hoy”, escribió Núñez en su cuenta de Twitter.

“Se están llevando materias que no son de la Constitución, que son de órganos de rango legal a la Constitución precisamente para saltársela y eludirla”, aseguró la directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, en Estado Nacional, argumentando que implicará un impuesto al patrimonio.
A esto, la abogada Elisa Walker, consejera del Colegio de Abogados, respondió que, a su juicio, la iniciativa parlamentaria es legal y constitucional, y que el problema de fondo no es jurídico, sino político.
La decisión final sobre la constitucionalidad del proyecto está en manos del TC, cuyo ingreso ya fue notificado al Presidente de la República.