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El borrador constitucional propone un cambio en la norma con respecto a la inhabilitación para postular a cargos públicos, aplicándola a quienes han sido condenados por ciertos delitos específicos, como crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales o corrupción. Este hecho ha generado debate al no incluir al terrorismo y el narcotráfico como causales que imposibiliten las candidaturas. Sin embargo, según la opinión de expertos constitucionalistas, esta prohibición seguirá vigente.

“Se eliminó la inhabilidad para ser candidato o funcionario público a alguien condenado por terrorismo”. Estas fueron las palabras del convencional del PPD, Felipe Harboe, en el programa Radiografía Constitucional Canal 13 el pasado jueves 16 de junio, haciendo alusión al borrador constitucional.

Esto levantó un debate en redes sociales y la opinión pública respecto a si efectivamente sería posible que un terrorista o cualquier persona privada de libertad postulara a un cargo público.

¿Qué dicen las normas del borrador constitucional?

En primer lugar, se debe revisar la pérdida de la ciudadanía.  La calidad de ciudadano es lo que otorga el derecho a postularse a cargos públicos y votar –con ciertos requisitos de edad o algunos más específicos como el caso de la postulación a la Presidencia– y, en caso de perderla, también se pierden esos derechos.

La propuesta constitucional establece una sola condición para perder la ciudadanía: perder la nacionalidad. 

Esto representa un cambio respecto a la Constitución vigente, que determina que la ciudadanía, además de esta causal, se pierde mientras dure la pena a quienes hayan sido condenados a pena aflictiva (sobre 3 años y un día) y por último, perpetuamente a quienes reciban condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.

Rocío Lorca, docente del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, afirma que, a pesar de ser un tema polémico y no resuelto dentro del derecho, este “va en una tendencia correcta con respecto al derecho comparado”. 

Las inhabilidades 

Sin embargo, a pesar de tener una norma sobre ciudadanía que no limita su pérdida a la comisión de delitos, sí se plantean inhabilidades. 

El numeral 265 establece: “No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley”.

De esta manera, la nueva Constitución ampliaría la cantidad de delitos que inhabilitan la posibilidad de postularse a cargos públicos, abriendo a que en la ley se establezcan otros. 

¿Qué pasa con el terrorismo y el narcotráfico? Según los expertos, ahí es donde entra el Código Penal.

En el artículo 28 del cuerpo legal se indica que las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación mayores (5 años y un día), “llevan consigo la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”.

Luego, en el artículo 29 se establece que estos derechos se pierden mientras dure la condena en las penas entre 3 años y un día y 5 años.

Al revisar la Ley antiterrorista, se encuentra que las penas aplicadas en su mayoría corresponden a presidio mayor. Lo mismo ocurre con la Ley 20.000 sobre el tráfico de drogas, donde se establece una pena mínima de 5 años y un día.

Para Lorca, estas reglas legales no deberían sufrir cambios con la nueva Constitución. Según, Javier Wilenmann, docente de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, “el cambio frente a la situación actual es menor”, ya que todos los condenados por crímenes siguen estando perpetuamente inhabilitados, todos los condenados por simples delitos con penas de más de 3 años siguen estando inhabilitados durante el tiempo de la condena”, afirma el abogado.

En cuanto a la posibilidad de que estos artículos del Código Penal sean modificados para eliminar esta restricción, Wilenmann señala que este argumento “es políticamente implausible, ya que la legislación penal es muy resistente frente a cambios que le quiten contenido sancionatorio y tiende, más bien, a endurecerse con el tiempo”.

Cabe destacar que el Código Penal no ha sido modificado desde 1874 y ha subsistido a los regímenes constitucionales de 1833, 1925 y 1980.

El derecho a sufragio para personas privadas de libertad

La Constitución vigente suspende el derecho a voto de aquellas personas imputadas por delitos que tengan penas superiores a los tres años y un día. Esto se reitera con la pérdida de la ciudadanía por condenas establecidas en la misma temporalidad. 

Según Pablo Marshall, Doctor en Derecho de la Universidad de Glasgow en Escocia y docente de la Universidad Austral, establecer la prohibición de votar mediante la pérdida de la ciudadanía es “totalmente inusual”, en el derecho comparado, por lo que no es extraño que se elimine en el borrador de la nueva Constitución.

¿Pueden votar? Tal como funciona ahora, en la teoría, pueden hacerlo quienes tengan una pena menor a tres años y un día. En la práctica, no se ha habilitado la posibilidad para quienes se encuentran en cárceles. 

Según Rocío Lorca, este cambio podría dar pie a que se respete el derecho a sufragio por parte de las personas privadas de la libertad y que “actualmente no se cumple porque el SERVEL no entrega las condiciones necesarias (…) Uno pensaría que con este cambio se va a corregir esto, porque va a dejar en claro que el servicio electoral tiene que establecer un sistema para ejercer el voto”, afirma.

Sin embargo, la condición de quienes no pueden votar, no se relaciona con tener o no la ciudadanía, sino que con los artículos mencionados del Código Penal. Si se quisiera garantizar el derecho para todas las personas privadas de libertad –independiente de su tipo de condena–, el cambio debería realizarse en aquel texto jurídico.

Por Jorge Morales
Fecha 23 Jun 2022