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La Comisión de Sistemas de Justicia está volviendo a revisar su tercer informe y con ello, las alrededor de 20 instituciones que plantea llevar a la propuesta constitucional. En la Constitución vigente, los organismos autónomos no superan los siete y por lo mismo, ronda la duda de si se deben constitucionalizar tantos más. La crítica es que este tipo de instituciones se crean por una suerte de desconfianza de la política, pero su existencia es necesaria en determinados casos. Revisa cuáles son las que buscan que queden con este rango a continuación.

La Comisión de Sistemas de Justicia comenzó con la revisión de indicaciones para el informe de reemplazo de su tercer y último documento, previamente rechazado en el Pleno (ver nota). En él, se propone, entre otros, la constitucionalización de diversos organismos de control autónomos.

¿Qué significa ser un organismo autónomo? En simple, que no depende del Gobierno en su trabajo, gestión y ejecución; es decir, busca garantizar espacios de autonomía funcional y técnica frente a los cuerpos del Estado.

La autonomía puede determinarse por rango constitucional o legislativo, y dentro de la Comisión en particular en este informe, se enlistan alrededor de 20 órganos que gozarían de autonomía en la Constitución.

Preliminarmente, las instituciones autónomas son el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez –que se sumó como órgano aparte al anterior–, la Defensoría de la naturaleza, el Consejo del Medio Ambiente, la Agencia Nacional del Agua, el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, el Consejo del Servicio Civil, el Servicio Nacional de Fe Pública, el Consejo Permanente para la Calificación de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, el Consejo de Pueblos Indígenas y la Corte Constitucional.

No obstante, dentro de la Comisión hay posturas divergentes sobre la cantidad de órganos de rango autónomo constitucional.

“Lo que ocurrió en la Constitución de ahora es una proliferación de órganos autónomos ¿Qué es lo que está detrás de eso? La desconfianza en la política democrática. Como desconfiamos de la política democrática, es decir de las autoridades políticas con representatividad, para eso generamos estos cuartos poderes. Los órganos autónomos son más bien una patología, no es algo que reclame un régimen democrático, son una manifestación de desconfianza en torno a la política democrática”, argumenta al respecto el coordinador de la Comisión, Christian Viera.

En esa misma línea responde la integrante de la instancia y representante de Pueblo Constituyente, Ingrid Villena: “Estamos visualizando a futuro una política en la cual confiar en el Gobierno actual, su administración y sus ministerios. Hay una desconfianza general en la política y por eso propusimos varios órganos autónomos, pero entendemos que a futuro esto tiene que ser reparado, se deben generar nuevas confianzas y por eso, no acordar tantos órganos autónomos significa que va a haber un mejor funcionamiento en el manejo del Gobierno, tenemos que aprender a trabajar en equipo y por eso también la reducción de órganos autónomos”.

Asimismo, estos organismos tienen administración y costos asociados. “Es indispensable tomar en consideración que, no porque un organismo tenga autonomía constitucional, va a tener asegurada una función más efectiva, tomando en cuenta que hay muchos organismos que tienen autonomía legal y que tienen también vinculación con el Gobierno y esa vinculación en términos de construcción de políticas públicas mancomunada resulta ser indispensable”, indica el convencional socialista, Andrés Cruz.

Asimismo, el miembro de la Comisión argumenta que “hay costos asociados y si esto nosotros lo tomamos en la forma de poder administrar adecuadamente los recursos fiscales, hay también ciertos derechos fundamentales que nosotros queremos que se implementen y no podemos pretender que un proceso constitucional no tenga altos costos. Por lo tanto hay que cuidar muy bien los recursos fiscales”.

Lo mismo señala Carol Bown, desde Un Chile Unido: “Cuando tenemos una Constitución, que está garantizando derechos por una parte, por otra parte está complicando la inversión, la certeza jurídica y dificultando el desarrollo de algunas inversiones que permiten recaudar para poder financiar derechos sociales y además estamos creando infinita burocracia, se produce una incoherencia total, porque no va a haber recursos para eso. Además, no se ha hecho ninguna evaluación de cuánto cuesta crear esta cantidad de organismos”.

Para esto, la exsubsecretaria de la Niñez plantea que “hay ciertas cosas que no era necesario cambiarlo de la forma en la que se está haciendo sino que se podía mejorar a través de materia de ley”.

De todas formas, hay acuerdo transversal sobre las instituciones que sí deben quedar como autónomas en la Constitución: Ministerio Público, Banco Central, Contraloría General de la República, entre otras.

Asimismo, sobre los órganos nuevos –o que no están en la Carta vigente–, los constituyentes consultados destacan la Defensoría Penal Pública –que hoy es legalmente autónoma–, la Agencia Nacional del Agua y la Defensoría del Pueblo, por su especial consideración a los derechos humanos.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 26 Abr 2022
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