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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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El gobierno dio por cerrada la búsqueda de soluciones para que las personas con Covid-19 activo puedan votar como cualquier ciudadano el próximo 25 de octubre. El ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que cualquier medida, a esta altura, es “inviable”. Así, habrá un grupo importante que no podrá ejercer su derecho a sufragio: las casi 15.400 personas contagiadas y sus contactos estrechos. Si bien la opción se toma para resguardar a quienes están sanos y no aumentar el riesgo de contagio cuando ya se cuentan sobre 11.000 fallecidos, expertos y expertas coinciden que todo pudo haberse resuelto de mejor forma y critican la falta de resolución por parte de las autoridades para garantizar a todos el ejercicio un derecho constitucional.

La decisión se acordó el jueves 27 de agosto, luego de que el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior y las autoridades del Servicio Electoral (Servel), cerraran la puerta definitivamente a una solución.
“Llevar adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales de nuestro sistema electoral a 60, 65 días de un acto electoral, es absolutamente inviable y eso concordamos con el Servel”, declaró el ministro del Interior, Víctor Pérez, respecto a la posibilidad que los casos activos de Covid-19, y posiblemente sus familiares no puedan votar en el plebiscito del próximo 25 de octubre.
Si llegara a ganar el Apruebo, las autoridades señalaron que entonces sí habría tiempo para implementar los cambios necesarios y resolver el problema para las elecciones de constituyentes a realizarse en abril de 2021. Pero ahora, lo concreto es que la decisión privará a miles de chilenos y chilenas de participar en lo que varios expertos han denominado como la elección más importante de los últimos 40 años en Chile.
¿Cuántos no podrán participar? El número es incierto, dado que la fluctuación de los casos de Covid-19 cambia de forma constante. Pero a la fecha, según los datos del Ministerio de Salud, sólo los contagios activos suman casi 15.400 personas, y a ellos habría que sumar su núcleo cercano, su red de contactos estrechos. Todos ellos verán afectado el derecho a la participación política y el sufragio que les otorga y garantiza la Constitución.
Contexto Factual se contactó con abogados y abogadas constitucionalistas para analizar los efectos de la decisión del gobierno y conocer cuáles son las opciones que, a menos de dos meses del plebiscito, todavía podrían barajarse para materializar la diferenciación del voto el día de la elección.

Colisión de derechos

Hace solo unos días, el presidente del Consejo Directivo del Servel aseguraba que buscarían “hasta último momento la posibilidad de algún mecanismo” para que las personas que estuviesen contagiadas con Covid-19 pudieran participar en el plebiscito. Si bien las autoridades han señalado que la protección de la salud es la prioridad, nunca dejaron atrás la participación.
“Es complicado porque todas las personas, de acuerdo con la legislación nacional, tienen derecho a emitir su sufragio. Ese problema generaría una afectación de los derechos políticos de quienes están enfermos y, en el fondo, el gobierno no puede restringir arbitrariamente ese derecho”, señala el director del programa de doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Humberto Nogueira.
A esto se suman los dichos de la Presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Ana María García: “El derecho a sufragio es algo fundamental en una democracia. La participación es inherente en principios democráticos. Considero que es una decisión bastante difícil, porque estaría contraviniendo un derecho constitucional. Por otra parte, también existe el derecho a la salud”.
García señaló a Contexto Factual que las autoridades deberían haber realizado una política pública adecuada para poder conciliar los distintos derechos. “Los derechos hay que ponderarlos, evidentemente que cuando entran en contradicción, alguno va a salir más perjudicado, pero no en su totalidad. Tiene que obedecer a un principio constitucional que se llama ‘principio de ponderación’, de modo tal que ningún derecho quede completamente lesionado, no obstante que pueda quedar un poco más disminuido que otros. Aquí se está perjudicando un derecho de forma absoluta, el principio de ponderación no existe”, dice.
El académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, se refiere al asunto en la misma línea. A su juicio, debiera aplicarse el principio de proporcionalidad, que refiere a que si hay alguna forma de cautelar ambos derechos sin que sea demasiado gravoso para alguno de ellos, la medida no es correcta: “No es arbitrario que alguien no vaya a exponer a otras personas sanas a contagiarse; pero sí es arbitrario que no se tomen medidas que armonicen el derecho. No es que gane la salud sobre la igualdad, sino que se tiene que ver cómo se armoniza en una situación concreta. La pregunta, ¿es idóneo prohibirlo para evitar que se contagien? Sí. ¿Es absolutamente necesario hacer esto o hay otra medida que no transgrede derechos fundamentales y logra el mismo objetivo? No, hay una manera en que se pueden preservar ambos derechos, como el voto domiciliario”.
La prohibición de que un grupo de ciudadanos ejerza su derecho a voto en el plebiscito tendrá que regularse de alguna forma institucional. Nogueira señala que “esa fundamentación debe estar prevista en la ley. Como derecho político, requiere de reserva de ley para su regulación”. En el caso de que el Ejecutivo presente un proyecto de ley para determinar este aspecto, tendría que pasar por el Congreso.
Couso, ve una solución alternativa: “Yo creo que va a renovarse el estado de excepción constitucional de catástrofe. Si se mantiene, habrá cuarentenas, y lo que va a haber es una excepción a la cuarentena y, en ese día, la excepción podría incluir que las personas que están con contagiadas de Covid no van a poder votar. Estas van a ser todas decisiones administrativas”.

Una decisión previsible

Fue el 26 de julio que el presidente Piñera señaló que, junto al Servel, se estaban “tomando todas las medidas para que ese plebiscito se pueda realizar de forma normal, pacífica, garantizando la salud de todos los que concurran (…) buscando la mayor participación posible, para que sea un plebiscito que refleje lo que sienten, piensan y quieren los chilenos”. Un mes después, la decisión fue dada por zanjada por el gobierno. Sin embargo, expertos coinciden en que fue algo que se podría haber prevenido.
“Lo que debería haber hecho el gobierno, con tiempo, es haber buscado los mecanismos y haber implementado un sistema para que las personas que estuviesen contagias y quisieran votar, pudiesen haberlo hecho, resguardando su salud. Se debió haber previsto esto con tiempo, pues tenemos la pandemia desde hace meses”, dice García, también académica de la Universidad de Chile.
En la misma línea, Couso enfatiza en la responsabilidad no solo del gobierno, sino que también del Servel: “No pueden decir que en marzo de este año no sabían que íbamos a tener una situación compleja. En mayo sabíamos que iban a haber peligros de contagio en octubre. No un peak, pero íbamos a estar saliendo de la situación. En junio hubo países que establecieron voto domiciliario. Así que estamos lidiando con la improvisación”.
“Esta situación tenía que estar regulada. El problema es que el gobierno se negó a hacerlo, porque dijo que estaba demasiado encima y, por lo tanto, no está en condiciones de poder alterar la normativa vigente en un lapso tan corto de tiempo”, agrega Nogueira.
Los próximos días serán clave para conocer cómo el gobierno materializará la restricción. Sin embargo, según Couso, podría no ser el más favorable para la autoridad: “Me extrañaría mucho que no se presenten recursos de protección por parte de personas que se vean impedidas a ejercer su derecho a sufragio. Quizás alguien ya podría decir que hay una amenaza a este derecho. Técnicamente, la garantía que podrían invocar no va a ser otra que la igualdad ante la ley. En otras palabras, habría algunas personas, es decir, el resto que no está contagiado, que van a poder a acudir a sufragar, en cambio otros no”.
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 31 Ago 2020