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Permitir que las personas puedan optar por una muerte digna es una idea que lleva rondando en el Congreso por años, pero no fue hasta hace unos días que hubo luz verde en la propuesta de legislar al respecto. Sin embargo, un grupo no menor de parlamentarios ha manifestado estar en contra, determinando su postura como inamovible. ¿Sus razones? Que el proyecto atentaría contra el derecho a la vida, históricamente resguardado en la Constitución. ¿En qué consiste el proyecto y cómo se dio el debate en la sala de la Cámara de Diputados? Revísalo en la siguiente nota.

79 votos a favor de la idea de legislar, 54 en contra y cinco abstenciones recibieron los cuatro proyectos de ley refundidos sobre muerte digna y cuidados paliativos, que buscan que Chile se sume a los cinco países del mundo que consagran la solicitud voluntaria de muerte asistida como un derecho dentro de las condiciones que establezca la ley.
¿En qué consiste el proyecto? Son tres artículos permanentes mediante los cuales se modifica la Ley n° 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, el Código Civil y el Código Penal. Los detalles a continuación.

El proyecto

¿Quién podría solicitar la eutanasia? De forma exclusiva, el o la paciente diagnosticada en estado de salud terminal o en estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable: la enfermedad o dolencia es seria e incurable y se disminuyen sus capacidades de forma irreversible, además de producirle sufrimientos físicos persistibles e intolerables.
Esto significa que el médico competente queda habilitado para no iniciar o para interrumpir un tratamiento médico innecesario en cuanto este tenga por efecto prolongar artificialmente una vida de agonía, o provocar directamente la muerte, de acuerdo a los procedimientos que autoriza la ley con la voluntad expresada en las formas que queden establecidas. La sustancia debe ser autoadministrada por el paciente, pero con supervisión médica.
¿Cuáles son los requisitos? Que sea un paciente con diagnóstico médico grave e irremediable por dos médicos especialistas en la enfermedad o dolencia que motiva la solicitud, mayor de edad, con sus facultades mentales plenas y voluntad expresa, inequívoca y libre de cualquier presión externa. Aquella se materializa con un documento que muestre voluntad del paciente por escrito, expresada ante dos testigos y un ministro de fe. En caso de no poder expresarla por escrito, debe indicar su voluntad verbalmente.
Otra alternativa será indicar la voluntad de forma anticipada, escrita, registrada e incorporada en el Registro Nacional de Testamentos, pudiendo ser reiterados, revocados o adaptados en cualquier momento. En la declaración se podrá designar una o varias personas de confianza, mayores de edad, clasificadas por orden de preferencia y prelación, para que manifiesten al médico la voluntad del paciente. No podrán ser convocadas como personas de confianza aquellas que tengan un interés patrimonial en la muerte del paciente ni hayan servido de testigos de la voluntad anticipada.
Además, deberá contar con la certificación de un médico psiquiatra o un médico especializado en medicina familiar que señale que al momento de la solicitud el solicitante se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, descartando enfermedades de salud mental que afecten la voluntad del paciente.
Si el paciente es mayor de 14 años pero menor de 16, será necesario contar con la autorización de su representante o representantes legales, si tuviere más de uno. Si el paciente es mayor de 16 años pero menor de 18, el médico tendrá la obligación de informar a sus representantes legales, pero la solicitud tomará su curso prescindiendo de cualquier consentimiento ajeno a la voluntad del mismo paciente.
¿Cuáles son las obligaciones médicas? El médico tratante debe proporcionar al paciente información completa del diagnóstico, pronóstico y tratamiento; informar de los cuidados paliativos que permitan que los efectos de la enfermedad sean lo más soportables posible, de su derecho a gozar de la compañía de las personas que estime conveniente y a recibir asistencia espiritual en caso de requerirlo; e informar del derecho a poner término a su vida, de los requisitos necesarios para hacerlo efectivo y de los procedimientos habilitados para terminar con la vida.
¿Bajo qué procedimientos se puede llevar a cabo la eutanasia? Los reconocidos por la ciencia como idóneos para poner término a la vida de manera rápida, que causen el menor sufrimiento físico o psicológico posible al paciente, con consideración y priorización en todo momento a la dignidad del paciente.
Pero antes, el médico tratante debe abrir un proceso deliberativo sobre diagnósticos, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como posibles cuidados paliativos, asegurándose de que el paciente comprende la información que se le facilita; asegurarse que la persona cumple con los requisitos y obligaciones; que haya una segunda opinión médica y que sea independiente de su opinión personal; e inmediatamente antes de practicar la asistencia médica para morir, dar a la persona la oportunidad de retirar su solicitud y asegurarse que da su consentimiento expreso para recibirla.
¿Hay excepciones? Sí. El médico requerido para practicar la asistencia médica para morir podrá abstenerse de realizarlo si manifestó su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa, mismo derecho que tendrá el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones durante el procedimiento. Si ocurriese, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar al paciente de inmediato a otro profesional no objetante.
Ahora, si en el establecimiento de salud todos los facultativos que podrían practicar la asistencia médica para morir son objetores de conciencia, el o la paciente deberá ser derivado en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción.
El médico al que se le requirió la asistencia puede pedir un pronunciamiento del Comité de Ética respectivo sobre la petición.
Además, se prohíbe realizar cualquier tipo de publicidad sobre la oferta de prestaciones técnicas, medios y procedimientos para la aplicación de métodos destinados a poner término a la vida de las personas por medio de la asistencia médica para morir.
Asimismo, se despenaliza el delito de auxilio al suicidio cuando este ha sido consecuencia de una solicitud expresa e inequívoca del paciente de poner término a su vida, siempre que se ejecute “cumpliendo con los requisitos y forma establecidas por la ley”.
Si bien este es el contenido inicial del proyecto, junto con la aprobación de legislación de él, una serie de diputados y diputadas presentaron una lista de indicaciones, por lo que deberá volver a la revisión de la Comisión de Salud de la Cámara, votarlas y presentar una nueva propuesta a votar.

Las posturas en contra y el eventual conflicto constitucional

Hubo mayoría, pero fue un resultado estrecho. Un 57% estuvo a favor pero casi un 40% en contra, porcentaje que podría aumentar si las indicaciones presentadas fueran rechazadas por la Comisión de Salud, mientras que hay un grupo grueso representado por algunos diputados oficialistas que abiertamente señalaron que no cambiarán su postura.
“Discutir sobre la eutanasia no signfica obligar a la gente a morir. No significa ni significará jamás que los doctores dejen de dar lo mejor de sí en el cuidado de sus pacientes. Es permitirle a aquellos que ya están cansados de seguir luchando”, señaló en la Cámara el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, uno de los pocos parlamentarios de la coalición de gobierno que se mostró a favor de la iniciativa, haciendo hincapié en que, de todas formas, ingresaría indicaciones a la moción.
Hubo diputados como los militantes de Renovación Nacional, Francesca Muñoz y Diego Schalper, que calificaron el proyecto como “entregar una salida fácil”, mientras que el parlamentario Jorge Sabag (DC) señaló que “hoy día en el mundo, y Chile no es una excepción, estamos en la cultura del descarte en que aquellas personas que ya no son productivas, aquellos seres humanos que ya no aportan materialmente a la sociedad se les quiere dar la posibilidad de irse de este mundo para acelerar su muerte”.
Sin embargo, fue el diputado de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, quien en su intervención señaló que el proyecto es contrario a la Constitución: “Analizando sus implicancias pareciera que poco y nada tiene que ver con una muerte digna sino, por el contrario, se trata de un proyecto que atenta abiertamente contra el derecho a la vida y la dignidad de las personas. El proyecto consagra la asistencia médica para morir como un derecho de quienes sufren una enfermedad terminal, lo que conlleva una prestación correlativa que corresponde al Estado asegurar. Esto es, a todas luces, una injusticia manifiesta y una inconstitucionalidad, porque se desconoce el deber que la Constitución impone al Estado y a todas las personas de no sólo abstenerse de realizar acciones que den muerte a otro, sino que también de promover el ejercicio de este derecho en las condiciones que permitan a cada persona su mayor realización posible”.
En caso de proceder en su legislación y una eventual aprobación, las palabras de Van Rysselberghe dan luces de que la iniciativa podría eventualmente ser enviada al Tribunal Constitucional (TC) para su revisión, bajo la justificación preliminar de atentar contra el derecho a la vida, consagrado en el artículo 19 nº 1 de la Carta Magna, misma situación por la que pasó el proyecto de despenalización de aborto en tres causales antes de su promulgación.
En la misma línea, el también UDI Iván Norambuena, señaló que “no podemos olvidar los siglos de historias que han llevado a los ordenamientos jurídicos a resaltar el derecho a la vida como uno de los bienes jurídicos más trascendentales de la convivencia humana. Para quienes somos creyentes, la vida es un don sagrado que debe llevarse con dignidad hasta el último día, mientras que para quienes no lo son, es la base sobre la que reposan todos los demás bienes jurídicos y, por lo tanto, un bien jurídico intransable”.
Otro de los argumentos esgrimidos se refiere a una eventual superposición entre la vida y un tratamiento de ella como algo material: “Que este no es un asunto religioso sino de dignidad humana, de respeto hacia el otro y de una visión ética y política determinada. La vida humana es un bien indisponible porque es un don inmerecido de valor inestimable. Eso no es un asunto religioso. En efecto, la vida es indisponible porque no es un bien de consumo. Parece absurdo que podamos disponer de ella como este proyecto lo plantea, incluso mediante un testamento vital como si se tratara de propiedad de cosas materiales”, señaló el diputado demócrata cristiano, Miguel Ángel Calisto.
El siguiente es el detalle de quiénes votaron a favor, en contra y se abstuvieron:

 

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 21 Dic 2020