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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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En un contexto de conflicto permanente en la zona de La Araucanía que el Estado chileno no ha logrado resolver desde la recuperación de la democracia, una cuarentena de organizaciones sociales de la región han impulsado unas candidaturas que están llamadas a defender un programa que más allá de recoger sus demandas sociales, pone énfasis el respeto y consideración de la población indígena y sus valores. Contexto Factual ha tenido acceso en exclusiva a este documento que recoge los principios, derechos y propuestas que han puesto en común estas organizaciones con la intención de llevarlas al debate constituyente.

La incapacidad para hacerse cargo del conflicto en la Macrozona Sur del país no es algo sólo de este gobierno, o del anterior, o del que le antecedió a ese. No: es una deuda ya histórica del Estado. Al menos desde el retorno de la democracia que es uno de los principales desafíos que el Estado de Chile todavía tiene pendiente por resolver, concentrado principalmente en las regiones de La Araucanía y Bío Bío, para lograr una armonía en la convivencia con el pueblo-nación Mapuche.
El conflicto, que cada cierto tiempo -y con intervalos cada vez más cortos- deriva en sucesivas escaladas de violencia, en su último capítulo estaría protagonizado por la urgencia legislativa que el Presidente Sebastián Piñera anunció esta semana para apurar la tramitación de las leyes antiterrorista, contra el narcotráfico, de protección de la infraestructura crítica, contra la quema de camiones, de usurpación de predios y antirrobo de madera; por la visita de los ministros del Interior y Defensa y los jefes de la PDI y Carabineros a la zona y el involucramiento del Ejército para realizar “patrullajes mixtos” (ver artículo en La Tercera).
Mientras tanto, son varias las voces que consideran que para la resolución de la situación es necesario hacer una serie cambios sustanciales en la forma que hoy en día se conjuga la relación entre el Estado y los pueblos originarios, oportunidad que se abre ante la redacción de una nueva Constitución.
Algunas de esas voces son las que desde los dos distritos que conforman la Región de La Araucanía (distritos 22 y 23) integran la lista Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu (OSTW), con cinco y siete candidaturas, respectivamente, y respaldada por cerca de 40 organizaciones, plataformas y movimientos ambientalistas de la región. En ese grupo se encuentran el movimiento No+AFP, la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), el Sindicato de Actores y Actrices SIDARTE, la Federación Regional de Funcionarios de Salud Municipal FERFUSAM de la IX Región y la Red de Defensa de los Territorios Araucanía, además de algunas asambleas ciudadanas como la Asamblea Popular Autoconvocada de Pucón o la Asamblea Ciudadana de Lautaro.
Según explica la candidata de OSTW, integrante de la RADA y la Red de Defensa de los Territorios, Alejandra Parra, “las organizaciones que apoyan la lista han desarrollado un programa compartido por todas ellas donde cada candidatura pondrá el énfasis de su campaña en distintos aspectos del programa”.
Contexto Factual ha tenido acceso en exclusiva al borrador de este programa que incluye una serie de principios, derechos fundamentales y propuestas cuyo principio rector es el impulso por parte del Estado de “la noción del Buen vivir/Kume Mogen, base del pensamiento indígena Mapuche, en desmedro de las concepciones de desarrollo, crecimiento, progreso y mercantilización que han caracterizado el pensamiento positivista Occidental”. Dicha concepción está estructurada en dos ejes: el primero, sobre los “principios eco-políticos del Estado” -el paradigma desde el cual OSTW cree que debe plantearse el Estado-, y; el segundo, en relación a los “derechos fundamentales y propuestas temáticas de las organizaciones sociales y territoriales participantes”.

Principios

Las OSTW presenta en su programa ocho principios orientados a respaldar su principio rector y que pasan, en primer lugar, por una propuesta ética, política, social, económica y cultural del Kume Mogen, pensando en el Estado “como un agente que genere las condiciones para ese buen vivir, desde un enfoque de Estado de Bienestar”.
Además hace un reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos (incluyendo su cosmovisión, prácticas y agentes culturales, territorialidad e historia), así como de la de “la coexistencia en el mismo territorio de varios pueblos, y la promoción de un Estado Plurinacional”. Al mismo tiempo, plantea el principio del decolonialismo como “posición política e histórica que impulsa el declive de los valores socioeconómicos, raciales, políticos y religiosos promovidos por la sociedad Occidental moderna e impulsa la valorización de los saberes locales vinculados a los pueblos indígenas”, dice el documento.
Otros principios que presentan en su programa son el principio postcapitalista, “promoviendo la superación del neoliberalismo”; el derecho de las y los trabajadores, “fortalecimiento de la organización de los/as trabajadores vía sindicato e impulsando el derecho a participar de las decisiones directivas en sus lugares de trabajo”; la equidad de género, buscando “impulsar relaciones simétricas, armónicas y recíprocas entre hombres y mujeres, sin violencia, discriminación y relaciones de poder sustentadas en el binomio sexo-genero”, promoviendo “una justicia de género” y “reivindicando las demandas feministas”, y la justicia socioambiental, entendida como una “propuesta que impulsa la protección de la naturaleza y busca salvaguardar todas las personas y comunidades tengamos las mismas posibilidades de disfrutar de la naturaleza, que los daños ambientales sean reparados y que no se contamine o deteriore el territorio de unas comunidades en beneficio de otras”.

Derechos fundamentales 

Para hacer su propuesta de derechos fundamentales que debería recoger la nueva Constitución, las OSTW se basan en los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención Americana de Derechos Humanos.
De esta forma, las organizaciones proponen garantizar en la nueva Carta Magna una serie de derechos civiles, como la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación; derechos individuales tales como la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación; y derechos políticos, como el derecho a un juicio imparcial, el debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento o compensación legal, la libertad de asociación, el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto. Del mismo modo que propone consagrar en la Constitución los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) y que incluyen, entre otros, los derechos a la alimentación, la vivienda y la salud.

10 Propuestas

Finalmente y teniendo en cuenta los principios y derechos planteados, el documento recoge una serie de propuestas en torno a 10 ejes:
1. Medio ambiente. En materia medioambiental, las OSTW proponen incluir en la Constitución el antiespecismo, la recuperación de los ecosistemas, la descentralizacion efectiva y vinculante y el avance hacia el concepto de Basura Cero.
2. Cuidados. En este sentido, su propuesta pasa por elementos como la construcción de un sistema integral y plurinacional de cuidados desde una ética feminista, la promoción de la corresponsabilidad tanto en el ámbito privado como del Estado y de las comunidades o el reconocimiento de la vulnerabilidad humana y la condición de eco/inter-dependencia, tanto con otros sujetos como con la naturaleza.

3. Derechos sexuales y reproductivos. En esta materia, la plataforma propone el reconocimiento constitucional de todas las identidades, así como en el Sistema de Salud; el reconocimiento de la autonomía y poder de decisión sobre nuestros cuerpos, al derecho al aborto libre, seguro y gratuito; la promoción de la capacitación al personal de salud desde el mundo social disidente; asegurar el acceso al trabajo formal; la promoción del diálogo con las trabajadoras sexuales; la incorporacióni de una educación no sexista y feminista; la separacióni real del Estado con las distitnas creencias religiosas; el reconocimiento del derecho a la objeccion de conciencia para la población disidente de ser parte de las FF.AA.; el derecho al matrimonio igualitario, filiación y adopción a todas las identidades, y el reconocimiento de los distitos tipos de familia.
4. Salud. Respecto a la salud, las OSTW proponen principios como la universalidad, la solidaridad, la gratuidad, la igualdad, la autodeterminación, la pluriculturalidad, el reconocimiento de la existencia de otros saberes en salud y la promoción como principios de las propuestas del pueblo Mapuche en salud, entre las que se encuentran la vinculación de los pueblos indígenas y sus sistemas de salud con el medio ambiente que les rodea; el territorio y sus recursos naturales como base para la mantención de los sistemas de salud indígena; la valoración de los sistemas culturales propios de legitimación de sus autoridades ancestrales; el bienestar integral, de manera colectiva, territorial, física, social y espiritual; la asociación a la espiritualidad que contiene y que conforma la cultura de cada pueblo, y la concepción holística de la salud de los Pueblos Indígenas.
5. Seguridad social. En materia de seguridad social, las OSTW proponen establecer como un derecho la previsión y seguridad social y la creación de un sistema de reparto y solidario con financiamiento tripartito de los trabajadores, las empresas y el Estado.
6. Vivienda y habitación. Las organizaciones que respaldan la lista proponen que el derecho a una vivienda digna esté consagrado como un derecho en la Constitución, así como también proponen darle al Estado atribuciones para conducir la política de vivienda y de desarrollo urbano.
7. Educación. Las OSTW abogan por una educación pública de acceso universal, gratuita e integral, para lo que consideran necesaria una reforma educacional partiendo desde la modificación y reestructuración del Ministerio de Educación y una modificación económica a nuestro sistema educacional. Asimismo, proponen que el financiamiento basal de la educación, con presupuestos fijos por escuela; una educación más democrática e inclusiva, y donde se considere la pertinencia socio/cultural de los/as estudiantes.
8. Trabajo. En materia de trabajo, se propone el fortalecimiento de los sindicatos, la participación directiva y la inversión de los trabajadores en sus propias empresas permitiendo con parte de sus fondos de ahorro previsional.
9. Propiedad. Respecto a la propiedad, las OSTW proponen establecer límites al mercado, a la acumulación y al uso de la propiedad considerando el rol social de la propiedad, facilitando los procedimientos de expropiación y distribución social de la propiedad para resolver necesidades sociales básicas, como vivienda, acceso al agua y servicios básicos y restitución territorial de los pueblos indígenas; la Propiedad estatal e inalienable de los recursos naturales, convirtiéndolos efectivamente en bienes comunes, y el reconocimiento de diversos sistemas de propiedad distintos a los hegemónicos, reconociendo de manera explícita y efectiva los sistemas de propiedad y posesión indígenas y campesinos.
10. Arte y cultura. En cuanto al arte y la cultura, las organizaciones del conglomerado proponen considerar la creación y a la cultura como un derecho humano, reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, reconocer los compromisos que el Estado ha firmado en diversos tratados internacionales que establecen el derecho de autor y derecho a la libre expresión como una obligación, garantizar el derecho a la creación y expresión libre de toda censura previa, garantizar el acceso al conocimiento y a la información pública y que el estado respete y haga respetar el derecho de autor/a como principal firma de proteger el resultado de la creación.