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El 21 de junio, el convencional de Renovación Nacional, Harry Jürgensen, realizó una publicación en donde aseguró que la nueva Constitución pretende que la educación, salud, pensiones, entre otras, sean “proporcionados exclusivamente por el Estado, quitando todo espacio de participación al sector privado”. En Contexto Factual revisamos lo incluido en la propuesta constitucional y te contamos por qué lo afirmado por el convencional no es certero.

El martes 21 de junio, el convencional de Vamos por Chile, Harry Jürgensen, realizó una publicación en Twitter, en donde afirmó que la nueva Constitución “pretende que todos los bienes públicos (educación, salud, pensiones, etc.) sean proporcionados exclusivamente por el Estado, quitando todo espacio de participación al sector privado”.

¿Es veraz lo afirmado por el constituyente? Revisemos a continuación.

Educación: Falso

En materia de educación, la afirmación es falsa. 

En el numeral 282, artículo 17 de la segunda versión del borrador constitucional, se establece que el Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado”, en donde la ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.

Según Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, la hipótesis “reconocidas por el Estado” incluye a los colegios particulares y particulares subvencionados. Además, si se aprueba la nueva Constitución, estos últimos seguirán recibiendo financiamiento por parte del Estado. 

Lo anterior fue resuelto con el artículo trigésimo cuarto transitorio, en donde se explicita el tema:

“La ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del  Sistema Nacional de Educación”.

De hecho, explica Arratia, en la actual Constitución tampoco se explicita la participación de particulares a nivel constitucional, sino que “esto es materia de ley, como tendrá que seguir siendo de aprobarse la propuesta constitucional”.

El borrador también reconoce expresamente la existencia de los establecimientos privados de educación superior, al indicar en el artículo 20 que “los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley.

Salud: Falso, pero…

En cuanto a la salud, la afirmación de Jürgensen también es falsa ya que, según el borrador, los prestadores privados podrán seguir participando en el Sistema Nacional de Salud.

En el numeral 822, se establece expresamente que “el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados” y que será la ley la que “determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud”.

En cuanto a las cotizaciones en salud, el borrador establece que el Sistema Nacional de Salud “será financiado a través de las rentas generales de la nación” y que, adicionalmente, “la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”.

Por ende, tanto la discusión sobre si todas las personas deberán cotizar en el sistema público y la forma en que participarán los privados queda a manos del legislador. Este eventualmente –pero poco probable según expertos–, podría zanjar la exclusión de entes privados pero esto no está cerrado en el borrador constitucional.

Pensiones: discutible

La norma sobre seguridad social en el borrador constitucional no limita la participación, pero tampoco deja en claro cuál será el rol de los privados en el sistema de pensiones.

En el numeral 815 de la propuesta se indica que “la ley establecerá un sistema de seguridad social público” y en el inciso siguiente, que le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social”. Los alcances de esta norma quedan a la interpretación del legislador, quien deberá delimitar la participación de los privados, la cual no quedó prohibida.

Javier Couso, profesor de Derecho Público de la Universidad Diego Portales y catedrático en Tendencias Globales del Constitucionalismo de la Universidad de Utrecht de Países Bajos, afirma que “hay que entender que las Constituciones a menos que prohíban algo, no lo descartan, no pronunciarse no significa que una prohibición”, lo que aplica para este caso y los anteriores.

Según el constitucionalista, “lo que ocurre acá, es que se confunde público con estatal. Nada de esto precluye la participación de privados bajo el régimen de lo público”, el cual no excluye al privado de ipso facto.

Por Jorge Morales
Fecha 30 Jun 2022