Plataforma Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
Inicio / Contexto Factual
Verdadero

“En caso de empate en el Tribunal Constitucional, el voto de quien preside vale por 2”

Si sólo tienes 5 minutos, lee estas claves:

– Luego de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre el requerimiento presentado por el gobierno para declarar inconstitucional el proyecto presentado por parlamentarios sobre el segundo retiro de fondos previsionales, el periodista de Radio Cooperativa en el Congreso Jorge Espinoza afirmó en su cuenta de Twitter que “en caso de empate en el Tribunal Constitucional, el voto de quien preside vale por 2”.

– Lo dicho por Espinoza es VERDADERO, y es precisamente lo que ocurrió en aquel caso dos veces: primero para acoger a trámite el requerimiento y luego cuando se falló.

– El requerimiento del Presidente Piñera pedía declarar inconstitucional las reformas transitorias a la Carta Fundamental, sobre el derecho a la seguridad social, dado que son de iniciativa exclusiva presidencial y que el quórum de aprobación es de ⅔ y no ⅗, como procedió en la Cámara de Diputados.

– En el TC, sus 10 integrantes votaron: cinco a favor y cinco en contra, por lo que el voto de la presidenta, María Luisa Brahm, fue el que decidió el resultado.

– La Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, define que una de las atribuciones del presidente o presidenta del TC es “dirimir los empates, para cuyo efecto su voto será decisorio”. Esto ocurre en todos los fallos excepto los que tengan que ver con la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, pero no era el caso del requerimiento del gobierno.

El lunes por la tarde, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió sobre el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el gobierno sobre el proyecto del segundo retiro de emergencia de fondos previsionales impulsado por un grupo de diputados y diputadas de oposición.
Dice el comunicado con el que se dio a conocer la decisión: “En sesión extraordinaria celebrada con esta fecha, el Pleno del Tribunal, integrado por sus 10 señoras y señores Ministros Titulares, adoptó acuerdo acerca del presente requerimiento, resolviendo acogerlo y declarando en consecuencia contrario a la Constitución Política de la República el proyecto de reforma constitucional impugnado”.
Tras conocerse la noticia, el periodista en el Congreso de Radio Cooperativa, Jorge Espinoza, tuiteó en su cuenta personal que “en caso de empate en el Tribunal Constitucional, el voto de quien preside vale por 2”.

Lo que dijo es VERDADERO. Así lo define el Decreto con Fuerza de Ley nº 5, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Tribunal Constitucional.
El periodista señaló a Contexto Factual que su tuit “está en la lógica de que, en caso de empate, el voto de la Presidenta o Presidente es el dirimente, por lo que tiene un valor adicional al de los demás. Lo mío es una interpretación de la norma que se aplica para estos casos”.
¿Cuál es la norma?
El artículo 8 de ese mismo cuerpo legal, donde se determinan las atribuciones del presidente o presidenta del TC. La letra g es la que indica su facultad de voto:
g) Dirimir los empates, para cuyo efecto su voto será decisorio, salvo en los asuntos a que se refieren los números 6° y 7° del artículo 93 de la Constitución Política.
¿Qué dicen aquellos artículos? Que no habrá voto dirimente en los siguientes casos:
 6°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;
7º.- Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior.
Aquellas son normas que pasaron las barreras de constitucionalidad para su creación y cumple con aquellas características, pero al ser aplicadas en un caso particular (número 6) o todos los casos (número 7), resultan demasiado arbitrarias para ser consideradas constitucionales.
Como el requerimiento del Presidente Sebastián Piñera no hacía referencia a aquellas normas, la presidenta del TC, María Luisa Brahm -exjefa de asesores del gabinete presidencial durante el primer mandato de Piñera-, estaba en facultades de usar el voto dirimente. Esto significa que, en caso que haya un empate, el voto del presidente o presidenta es el que define el resultado de la votación, por lo tanto, en la práctica sí vale por dos.
Revisa el comunicado del TC a continuación:

El significado de la resolución

El requerimiento enviado por el gobierno pedía que el TC declarara inconstitucional tres aspectos del proyecto: que se votó  pidiendo ⅗ de quórum y no ⅔; que las materias relativas a seguridad social son una facultad legislativa exclusiva de la Presidencia y, por ende, los diputados no pueden presentar ese tipo de iniciativas; y que se hizo uso de una reforma constitucional transitoria para modificaciones permanentes, lo que fue acogido por el tribunal.
En este caso, el voto dirimente de Brahm operó en dos oportunidades. Primero cuando el 9 de diciembre se votó la admisibilidad del requerimiento. Contando su voto a favor, hubo empate, cinco por acogerlo y cinco por rechazarlo, por lo que su postura se contó dos veces para romper la paridad. Luego, el lunes 21, tras cerrarse la etapa de alegatos, se votó el fondo de la acción presentada por Piñera: de nuevo hubo cinco ministros a favor y cinco en contra, por lo que el voto de la presidenta del TC resultó fundamental para definir el resultado a favor del gobierno.
¿Esto significa que no habrá segundo retiro? No. El proyecto que finalmente se aprobó, se promulgó y publicó fue el que envió el gobierno como contrapropuesta a la moción de los diputados, por lo que no habrá problema para que quienes califiquen en la normativa puedan hacer retiro de la cantidad indicada de fondos previsionales.
Lo que sí, la resolución del TC implica que la propuesta de un tercer retiro que ingresó a tramitación la diputada Pamela Jiles (PH) la semana pasada, queda automáticamente descartada, pues por jurisprudencia, resulta inconstitucional. Asimismo, establece un precedente sobre futuras reformas constitucionales y la atribución de los parlamentarios de legislar por esa vía materias que no podrían a través de leyes comunes.
El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, calificó el fallo como “un triunfo para la democracia” y que “queda clarísimo que no se pueden seguir haciendo proyectos que van en contra de las reglas”, lo que desató una serie de críticas, como la realizada por el abogado y precandidato a convencional, Fernando Atria:

Cabe destacar que la sentencia íntegra junto a las justificaciones de los votos disidentes será dada a conocer a más tardar el miércoles 30 de diciembre.

¿Cuoteo político?

El tuit de Espinaca además señala que el TC es un organismo “cuoteado políticamente”, lo que abre nuevamente el debate sobre una situación que lleva años en discusión: cómo se nombran los integrantes del Tribunal.
Actualmente, la Constitución determina que serán elegidos de la siguiente forma:
a) Tres designados por el Presidente de la República.
b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda.
c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.
Los miembros del Tribunal duran nueve años en el cargo y se renuevan por parcialidades cada tres. Al término de su período, no podrán ser reelegidos a menos que sea un reemplazante que esté menos de cinco años como ministro o ministra.
Además, los ministros del TC deberán elegir entre ellos un presidente por mayoría absoluta de votos. Si ninguno de los candidatos obtiene el quórum necesario para ser elegido, se realiza una nueva votación, entre quienes hayan recibido las primeras dos mayorías. El presidente o presidenta durará dos años en sus funciones y no podrá ser reelegido dos veces consecutivas.
Al ser cargos elegidos por cargos con militancia política –a excepción de la votación de la Corte Suprema, pero que de todos modos levanta críticas–, ocurre que quienes resultan nominados en sus cargos, suelen tener cercanía con algún sector. ¿Cómo está compuesto actualmente el TC y cuáles son sus antecedentes políticos? Revísalo a continuación.

María Luisa Brahm, presidenta: Fue designada por el Presidente Piñera en marzo de 2013. Trabajó por más de 20 años en el Instituto Libertad y fue jefa de Asesores del Presidente Piñera hasta su nombramiento en el Tribunal.

Iván Aróstica, ministro: Al igual que Brahm, fue nombrado por el Presidente Piñera en 2013, casi al término de su primer mandato. Previamente era jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior de aquel gobierno, destacando en su trayectoria previa consultorías a empresas privadas ligadas a la industria de recursos naturales como Endesa, Metrogas, Hidroaysén, Asociación de Distribuidores de Gas Natural, entre otras.

Gonzalo García, ministro: Fue designado por el Senado, a proposición de la Cámara de Diputados, en marzo de 2013. Históricamente ligado a gobiernos de la Concertación, en los que participó como asesor jurídico en diversas materias en el Ministerio de Justicia, de Educación, Interior y Defensa, además de haber sido subsecretario de Marina (2005-2006) y de Guerra (2006-2010).

Juan José Romero, ministro: Al igual que García, fue ratificado como ministro del TC por el Senado tras ser propuesto por la Cámara en 2013. Previamente había reemplazado a Mario Fernández, quien renunció al cargo. Romero tiene amplia experiencia en regulación económica, además de haber sido suplente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Cristián Letelier, ministro: Fue nombrado en 2015 por el Senado. Letelier, además de haber sido asesor jurídico de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), secretario general de la Universidad Santo Tomás y director del Diario Oficial, entre 2011 y 2014 fue diputado de la UDI, designado por el partido como reemplazo de Gonzalo Uriarte, cuando éste fue nombrado senador en el cupo que dejó vacante Evelyn Matthei al ser nombrada por Piñera como ministra del Trabajo.

Nelson Pozo, ministro: Al igual que los dos ministros anteriores, fue nombrado en 2015 tras votación del Senado. Es exintegrante de la Corte Suprema y ha desarrollado su carrera en torno al derecho penal y procesal penal.

José Ignacio Vásquez, ministro: Elegido en agosto de 2015 por la Corte Suprema. Entre 2012 y 2014 fue ministro y presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, además de haber sido árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y subdirector jurídico de la Municipalidad de Vitacura.

María Pía Silva, ministra: Designada en 2017 por la Corte Suprema. Es miembro fundadora de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, exintegrante del Consejo Directivo de Constitucionalistas de los proyectos digitales “Tu Constitución” y “Nuestra Constitución”, de la Fundación Democracia y Desarrollo -que preside el ex Presidente Ricardo Lagos-, y es académica de Derecho Constitucional en las universidades Católica, Alberto Hurtado y Andrés Bello. Exmilitante de la Democracia Cristiana.

Miguel Ángel Fernández, ministro: Fue designado por el Presidente Piñera en 2018 y ejerce como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y en la Academia Superior de Ciencias Policiales. En 2017 representó ante el mismo TC a los senadores de Chile Vamos que pedían declarar inconstitucional el proyecto de aborto en tres causales.

Rodrigo Pica, ministro: Elegido como ministro del TC en marzo de 2020 por la Corte Suprema en reemplazo a Domingo Hernández. Previamente fue abogado asistente, relator y secretario del TC.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 23 Dic 2020
Palabras clave
inconstitucional Reforma Constitucional retiro fondos previsionales Tribunal constitucional
Plataforma Contexto plataformacontextocl@gmail.com

Participan:

Corporación Humanas
Espacio Público
Universidad Diego Portales
Observatorio Ciudadano

Mapa del sitio:

Plataforma Contexto 2021