El video comienza con un plano medio corto del diputado Diego Ibáñez (CS), quien mira directo a la cámara y dice: “Cazando mitos constituyentes”. Música de fondo y luego frases de políticos de derecha haciendo afirmaciones respecto a distintos aspectos relacionados al proceso que podría derivar en la redacción de una nueva Constitución. Él los rebate, siempre mirando a la cámara, dando distintos argumentos y datos.

Uno de los dichos que el parlamentario y militante de Convergencia Social intenta desmentir en su video, corresponde al presidente del Partido Repulbicano y activo promotor del Rechazo, José Antonio Kast, y tiene que ver con los recursos públicos involucrados en la realización del plebiscito del 25 de octubre.

Kast asegura que el monto comprometido por el gobierno para la realización del plebiscito equivale a un gasto diario de $200 millones. Corte. Vuelve a aparecer Ibáñez en cámara para precisar que “no es un costo, sino que una inversión pública para la democracia y la paz social”, y entonces, para hacer su punto, lo compara con distintas referencias:

“Equivale al 0,37% del patrimonio de Luksic, 1,4% del patrimonio Piñera, 6 veces menos que los fondos del fraude del Ejército y Carabineros, 11 veces menos que los montos de la colusión del papel higiénico y 0,006% de lo recaudado si se aprueba el impuesto transitorio de los súper ricos“, dice.

   

Contexto Factual comparó cada una de las equivalencias señaladas por el diputado con datos oficiales y disponibles en distintas fuentes, y determinó que éstas son EXAGERADAS. Si bien en algunos casos coincide o se acerca bastante, en otros exacerba las cifras para establecer su punto discursivo.

Lo primero a tener en cuenta es cuántos recursos públicos son los que efectivamente están disponibles para financiar la consulta pública sobre el posible cambio de la Carta Fundamental actual. Aunque en el último registro de ejecución presupuestaria del Servicio Electoral (Servel), a julio de este año, el presupuesto destinado para el plebiscito era de $24.257.682.000, desde la entidad señalaron que ese monto fue reajustado en el último tiempo y que el actualizado y vigente es de $31.540.515.000. Eso, en dólares, al día en que se publicó el video del parlamentario (25 de septiembre, con valor de $788,02, según el Servicio de Impuestos Internos) equivalía a US$ 40.025.018.

Ante la consulta para este artículo, desde el equipo de Ibáñez señalaron que para el cálculo se basaron en los datos contenidos en el proyecto de ley que busca establecer un impuesto especial y extraordinario a los “súper ricos” en el contexto de pandemia, en las estimaciones del ranking mundial de billonarios elaborado por la revista Forbes e Información aportada en octubre de 2019 por el académico de la Universidad Católica, Javier Ruiz Tagle, en relación a los montos obtenidos por empresas involucradas en colusiones y las cifras de los desfalcos en el Ejército y Carabineros.

Dice Ibáñez: “Equivale al 0,37% del patrimonio de Luksic, 1,4% del patrimonio Piñera”

Respecto a la primera equivalencia en relación a los patrimonios de dos de las mayores fortunas del país -el empresario Andrónico Luksic y el Presidente Sebastián Piñera-, si bien los datos no son del todo precisos, se acercan bastante. Según el ranking en tiempo real de billonarios de Forbes, al 29 de septiembre, las principales fortunas con base en Chile registraban los patrimonios estimados en la siguiente tabla, donde además se comparan proporcionalmente con el presupuesto vigente del Servel:

La comparación que hace el diputado con el patrimonio de Luksic es 0,1% más que los datos contrastados en este artículo, mientras que calza cuando se compara con el patrimonio del Presidente Piñera.

Dice Ibáñez: “Equivale a 6 veces menos que los fondos del fraude del Ejército y Carabineros”

En febrero de 2019, el fiscal Eugenio Campos, a cargo de la investigación por el fraude en Carabineros, reformalizó a más de 30 oficiales involucrados en la malversación de fondos que se estimaban en más de $28.348 millones. En cuanto al Ejército, es más difícil establecer una cifra exacta, pues la investigación que se desprendió a partir de la primera denuncia conocida como el Milicogate, se han abierto diversas carpetas y aristas en las que cada una involucra cientos si no miles de millones de pesos malversados.

Contexto Factual revisó diversas publicaciones de prensa que se refieren a diversos procesamientos y logró estimar en al menos $30.202 millones el fraude en el Ejército, considerando los cerca de $6.100 involucrados en el desfalco inicial con fondos de la Ley Reservada del Cobre, unos $24.000 millones relativos a la arista de malversación de gastos reservados -por los que están procesados, entre otros, dos excomandantes en jefe- y poco más de $100 millones de la arista del desvío de dinero destinado a viajes y viáticos (ver detalle a continuación).

Las cifras están bastante alejadas de lo señalado por el académico Ruiz Tagle a Diego Ibáñez. El académico cifra en US$ 62 millones el fraude en Carabineros, aunque el monto dado a conocer por la fiscalía equivale a unos US$ 36 millones; y en el caso del Ejército, lo cifra en US$ 200 millones, aunque los antecedentes que logramos recopilar suman apenas el equivalente a poco más de US$ 38 millones.

En ese sentido, Ibáñez dice que el presupuesto del plebiscito corresponde a 6 veces menos que lo defraudado por Carabineros y el Ejército juntos, pero la comparación a partir de los datos recopilados da por resultado que el fondo que maneja el Servel para la consulta ciudadana del 25 de octubre es incluso más que la mitad (54%) que lo defraudado en ambas instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Dice Ibáñez: “Equivale a 11 veces menos que los montos de la colusión del papel higiénico”

A comienzos de 2020, la Corte Suprema condenó a las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa, hoy llamada Essity), por haberse coludido colusión en el mercado del papel tissue entre los años 2000 y 2011. Lo que las distintas instancias judiciales lograron comprobar es que las empresas papeleras, de forma ilegal, se asignaron cuotas de participación de mercado y fijaron precios de venta de estos productos de forma coordinada, atentando contra la libre competencia y obteniendo millonarias ganancias.

¿Cuánto? Un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a los ingenieros de la Universidad de Chile Ana María Montoya y Marcelo Olivares estimó que, a lo menos, las empresas involucradas registraron US$ 458 millones en ganancias producto de la colusión. Ese monto, comparado con el presupuesto para el plebiscito, efectivamente calza con la diferencia señalada por el diputado Ibáñez.

Dice Ibáñez: “Equivale a 0,006% de lo recaudado si se aprueba el impuesto transitorio de los ‘súper ricos’”

Un impuesto a los “súper ricos” para obtener recursos que permitan paliar la crisis por Covid-19. La idea tomó forma el 1 de junio, cuando un grupo de parlamentarios y parlamentarias de oposición ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar la Constitución y establecer un gravamen transitorio y excepcional para las mayores fortunas personales del país. En específico, se propone aplicar un tributo único de 2,5% al patrimonio de personas que, al cierre de 2019, hayan registrado un monto igual o superior a los US$ 22 millones.

En la presentación del proyecto se señala que los fondos estimados a recaudar con esa medida alcanzan los $6.500 millones, y ese fue el monto que Ibáñez tomó como referencia para su estimación respecto al presupuesto disponible para la realización del plebiscito. Sin embargo, la relación real es de 0,62%, es decir, una diferencia 100 veces menor que la señalada por el diputado.