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En una charla realizada en la Universidad San Sebastián, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, expuso su preocupación porque el principio de publicidad de los procedimientos judiciales incluido en el borrador constitucional podría “entorpecer significativamente investigaciones”. En Contexto Factual, conversamos con cuatro expertos que aseveran que la nueva norma no significa una amenaza para el trabajo de los fiscales y que no hay una innovación respecto a la legislación actual.

La semana pasada, en el marco de una clase de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, dictó una charla virtual sobre la persecución penal luego de la pandemia, en la que se refirió al borrador de la nueva Constitución.

Según información publicada por Biobio.cl, la fiscal señaló que preocupa que “a nivel constitucional se pueda establecer la regla general de que las actuaciones sean públicas. Esto puede por un lado entorpecer significativamente investigaciones de envergadura por ejemplo criminal, organizaciones, narcotraficantes, etc. Además, pone en peligro la privacidad de las víctimas y el derecho a la presunción de inocencia de los acusados”.

Rápidamente salieron cuestionamientos a los dichos de la titular del Ministerio Público en los Ríos. El coordinador de la comisión de Sistemas de Justicia, Christian Viera, indicó, “la norma original, que no contenía cláusula de secreto –o sea las excepciones a la publicidad–, fue rechazada en Pleno precisamente porque podía afectar juicio penal” y que el cambio a la norma reflejado en la que sí fue incluida finalmente en el borrador “obedece a, entre otras, una opinión hecha saber por el Ministerio Público”, publicó el convencional. 

¿Qué dice la norma aprobada? El contenido del artículo 360 de la propuesta constitucional establece que “todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en casos calificados”.

¿Este artículo implica riesgos para la investigación de los delitos? Los expertos dicen que no.

En el artículo se indica que deberán ser públicas “todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales”. Cristián Riego, director de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, indica que la interpretación de la fiscal es errónea simplemente “porque la investigación del fiscal no es parte del proceso judicial”.

Para entender esta separación, Ricardo Lillo explica que “los tribunales –los que llevan el procedimiento judicial– son independientes del Ministerio Público –que lleva la investigación– y todo lo que hace el fiscal, queda en una carpeta investigativa, pero no se presenta todo su contenido ante los tribunales”, o sea, no todo pasa al procedimiento judicial.

Pero, ¿por qué la publicidad no abarca a las investigaciones? Para saber, primero hay que entender por qué y cómo existe actualmente la publicidad. 

Tomás Jordán, profesor de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado y coordinador académico del Observatorio Nueva Constitución, explica que el principio de publicidad responde a un estándar de los órganos del Estado. Para los órganos públicos y en este caso para los procedimientos, es importante que cualquier persona tenga acceso a saber qué decisiones se toman y cómo se toman, de manera que haya un enjuiciamiento democrático en las resoluciones de los órganos públicos”.

Actualmente, la publicidad no se encuentra en la Constitución vigente, pero sí se regula en la ley, siempre estableciendo excepciones a la norma. Por ejemplo, el Código Orgánico de Tribunales establece en su artículo 9 que “los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”. Se reitera la norma en el artículo 425 del Código del Trabajo, el 15 de la Ley N° 19.968, sobre tribunales de familia y más importante para efectos de esta discusión, en el artículo 289 del Código Procesal Penal, texto en donde también hay restricciones a la publicidad de las investigaciones.

En el artículo 182 de este Código se establece que “las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento” y sólo “el imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias” para armar su defensa.

De esta manera se excluye a las investigaciones del Ministerio Público de la publicidad. ¿Podría la nueva Constitución cambiar esto?, nuevamente, los expertos creen que no.

“No veo un problema con que se le dé rango constitucional al principio de publicidad”, afirma Lillo y agrega que cómo quedó la norma, “la publicidad no alcanza a la carpeta investigativa”.

Según el investigador, la garantía que entrega el Código Procesal Penal es suficiente para pensar que la ley va a “establecer sus reservas o secretos en la investigación del Ministerio Público y en casos calificados” y que tampoco hay razones para pensar que el día que entre en vigencia la nueva Constitución, “inmediatamente el Código Procesal Penal en este punto será inconstitucional”, cierra el docente. 

Por su parte, Jordán indica que “lo más seguro es que no vaya a haber inconstitucionalidad”. “La carpeta investigativa requiere esa reserva, sino todos conoceríamos hacia dónde va la investigación y por lo tanto las medidas que puedan adoptar aquellos involucrados”, afirma el docente de la Alberto Hurtado y agrega que “esto también atentaría contra el propio mandato constitucional que se ratificó para que el Ministerio Público lleve a cabo investigaciones, por lo que “se tienen que conciliar los mandatos constitucionales procesales con los sustanciales, que tienen que ver con el rol que cumple el Ministerio Público”.

Por Jorge Morales
Fecha 01 Jun 2022