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Si solo tienes algunos minutos, lee estas claves:

– A través de su cuenta de Instagram, la organización Amarillos por Chile difundió una serie de afirmaciones sobre la educación en la propuesta constitucional. Entre ellas se incluyó que “solo el Estado y los pueblos originarios podrán crear establecimientos educativos”.

– Lo afirmado por Amarillos por Chile es FALSO.

– Si bien se explicita que el Estado podrá crear establecimientos educacionales y los pueblos indígenas puedan desarrollarlos, no se prohíbe que particulares puedan hacerlo.

– Asimismo, la propuesta establece un Sistema Nacional de Educación y otro Sistema de Educación Pública. Respecto al primero, estará integrado por las instituciones que sean creadas o reconocidas por el Estado. Es decir, lo que el Estado reconoce, no es creado por ellos.

– También se garantiza la libertad de enseñanza, que incluye que los tutores puedan “elegir el tipo de educación de las personas a su cargo”.

– Además, la propuesta le da rango constitucional a tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y por ende, se deben respetar. Dentro de ellos, hay dos que garantizan la libertad de crear establecimientos.

El pasado martes, la organización Amarillos por Chile publicó en su cuenta de Instagram y Twitter una serie de fotos tituladas “4 razones para rechazar: propuesta educación”.

En una de esas imágenes se afirmó que “solo el Estado y los pueblos originarios podrán crear establecimientos educativos”.

Esto es FALSO.

Crear o reconocer

En primer lugar, en el primer inciso del artículo 36 de la propuesta constitucional se indica: “El Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes”.

En él, se especifica que el Sistema Nacional de Educación (SNE) se integrará por instituciones creadas o reconocidas por el Estado. Es decir, también podrán formar parte del sistema educativo las que el Estado reconozca, lo que significa que no son creados por ellos.

Sistema de Educación Pública

En segundo lugar, además del SNE, también se crea un Sistema de Educación Pública (SEP) “de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas”. El SEP se enmarca dentro del Sistema más grande, sin ser único dentro de él. “Eso hace referencia a que existen establecimientos, que no siendo públicos, obviamente son privados”, señala el profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valparaíso, Flavio Quezada.

Esto se confirma en la trigésima primera disposición transitoria: “La ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del Sistema Nacional de Educación”.

Es importante destacar que el articulado sí se define la educación pública como el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; además de reconocer la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura. Sin embargo, esa garantía constitucional no tiene como consecuencia que particulares no puedan crear sus propios establecimientos. Sólo no podrían hacerlo en caso que la Constitución o la ley lo prohibiera. 

Libertad de enseñanza

En tercer lugar, en el artículo 41 se garantiza la libertad de enseñanza , que incluye la “libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo”.

“En Chile siempre se ha entendido como el derecho para abrir establecimientos educacionales reconocidos de conformidad a la ley y va a seguir vigente la Ley (General) de Educación y eso incluye a los particulares subvencionados y a los particulares no subvencionados dentro del esquema que ofrece el texto”, agrega Quezada.

En cuarto y último lugar, la propuesta constitucional, a través del artículo 15, le otorga rango constitucional a “los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario”.

Tratados internacionales

En 1972, Chile ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 13 señala que los países se comprometen a respetar la libertad de los tutores “de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza”.

Además, en su artículo 14 incluye que “nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”. 

Según las Observaciones general del Comité que redactó el pacto, esas normas mínimas “ pueden referirse a cuestiones como la admisión, los planes de estudio y el reconocimiento de certificados”.

También en 1972, se ratificó la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, en la que se indica que la creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados no se considerada como constitutivo de discriminación.

Desde Amarillos por Chile no respondieron de dónde se obtuvo la información para realizar la afirmación. Sin embargo, durante esta jornada publicaron nuevamente la imagen, pero con un cambio en el punto discutido:

No obstante, al cierre de esta edición las publicaciones originales en donde se afirma que solo el Estado y los pueblos originarios podrán crear establecimientos educativos, no han sido borradas.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 28 Jul 2022