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Si solo tienes algunos minutos, lee estas claves:

-El 20 de junio, la cuenta de Instagram @rechazodesalida, publicó una gráfica en que se señala que “el borrador no garantiza la libertad de enseñanza”.

-Lo afirmado en la publicación es FALSO.

-En el numeral 849 de la segunda versión del borrador, se establece que “la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla”. 

-En el inciso siguiente se complementa que esta ”comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo”.

-A diferencia de la Constitución vigente, no se explicita “el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” dentro de la libertad de enseñanza. Sin embargo, según expertos este derecho seguirá existiendo ya que ninguna norma lo prohíbe, además de que figura en los tratados internacionales suscritos por Chile.

-En cuanto a la existencia de colegios subvencionados, el Pleno aprobó una norma transitoria en donde se establece que se deberá contemplar el financiamiento para todos los establecimientos que cumplan con los requisitos que establezca la ley, lo que incluiría a los subvencionados.

El lunes 20 de junio, la cuenta de Instagram @rechazodesalida, realizó una publicación con una gráfica que señalaba que “el borrador no garantiza la libertad de enseñanza”.

Lo afirmado en la gráfica es FALSO.

El numeral 843, artículo 19 de la segunda versión del borrador constitucional indica que “la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla”. 

En el inciso segundo, se complementa que “esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”. 

Además se garantiza “la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación”.

Sin embargo, la redacción del derecho a la libertad de enseñanza en el borrador constitucional es distinta a la actual. En el artículo 19 onceavo de la Constitución vigente, se entiende que la libertad de enseñanza “incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”.

No haber incluido explícitamente este derecho ha generado dudas sobre si la propuesta garantiza aquella posibilidad. Ernesto Treviño, investigador del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Educación de la Universidad de Harvard, indica que “el texto constitucional en ninguna parte impide que se abran, organicen y mantengan los colegios”.

Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, concuerda en que el hecho de que no esté explícito no implica que no se podrán abrir nuevos establecimientos y afirma que esto se refuerza gracias a dos aspectos: la forma en que se delimita al Sistema Nacional de Educación en el borrador y los tratados internacionales a los que Chile suscribe.

En el numeral 845 del borrador se señala que “el Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado (… ) la ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales”. Según Arratia, “en esta definición se contempla la posibilidad de crear establecimientos, que serán reconocidos oficialmente por el Estado”.

Respecto a los tratados internacionales, la directora de Educación 2020 explica que “resulta especialmente relevante lo señalado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) respecto a libertad de enseñanza”, documento al que Chile suscribe y que en su artículo 13 señala: “Nada de lo dispuesto en este artículo (13) se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza”.

La libertad de enseñanza queda también consagrada en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Naciones Unidas y en la Declaración de la Unesco sobre la discriminación en la enseñanza.

Por otro lado, Alberto Vergara, docente de Derecho público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Centro UC de Políticas Públicas, afirma que efectivamente la libertad de enseñanza está garantizada en la nueva Constitución y tampoco hay nada expreso que lo prohíba, pero “haber eliminado la garantía de poder abrir, organizar y mantener establecimientos, es un riesgo innecesario”. 

Según el abogado, si bien que esta garantía esté presente en los tratados de Derechos Humanos “hace que el riesgo sea menor, el problema es que, si se llegara a incumplir el tratado, tú como particular quedas a merced de la justicia chilena”.

¿Podrán crearse y mantenerse los colegios subvencionados si se aprueba la nueva Constitución?

En la definición del Sistema de Nacional de Educación se indica que este estará compuesto por “establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado” y que “el Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación”, sin hacer mención directa a los establecimientos subvencionados.

Según Alejandra Arratia “no es verdad que esto implique que no se podrán abrir nuevos establecimientos, o que no se entregará financiamiento a los establecimientos particulares subvencionados y que por tanto se atente contra su funcionamiento”, ya que estos son incluidos en la hipótesis de instituciones “reconocidas por el Estado”, que aparece en la norma.

De hecho, explica la directora de Educación 2020, “en la actual Constitución esto tampoco se explicita, es materia de ley, como tendrá que seguir siendo de aprobarse la propuesta constitucional”. Actualmente, estos son regulados por la Ley General de Educación.

Pero para despejar todo tipo de dudas sobre el financiamiento a los subvencionados, se incorporó un artículo transitorio que explicita el tema:

“La ley que crea el Sistema Nacional de  Educación deberá contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del  Sistema Nacional de Educación”.

Ernesto Treviño afirma que esta norma “hace que el único requisito explícito que existe para abrir, organizar y mantener colegios es que se cumpla con los requisitos que establezca la ley”.

Los expertos además afirman que tampoco habrá restricciones en los proyectos educativos de estos colegios, lo que está resguardado por la libertad de enseñanza, mientras se respeten los principios establecidos por la ley y la Constitución.

En el numeral 832 del borrador se indica que “la educación se regirá por los principios cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución”.

Arratia hace está aclaración específicamente a la discusión sobre si podrían existir colegios religiosos. Según la experta, en estos casos “es importante considerar que 243 del borrador se aprobó el derecho a que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión” y que se su reconocerá el libre ejercicio de su enseñanza”.

Lee más sobre el derecho a la educación incluido en el borrador, en este reportaje de Contexto Factual.

​​La calificación de este chequeo fue realizada por un Comité Calificador externo al equipo periodístico. Esto es parte de la metodología de trabajo de Contexto Factual, creada en base a los criterios delineados por la IFCN.

Por Jorge Morales
Fecha 28 Jun 2022