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En la edición del día 5 de diciembre, el diario El Mercurio de Antofagasta publicó una entrevista a Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional, en donde se refirió a diversos temas, como el estallido social y la diversidad de las y los constituyentes electos. 

En relación a este último punto, la convencional aseguró que “[los pueblos indígenas] estamos negados constitucionalmente”.

Lo dicho por la representante del pueblo Mapuche es FALSO, PERO…

Efectivamente la Constitución de Chile carece de reconocimiento explícito a los pueblos indígenas al establecer en su artículo quinto que “la soberanía reside esencialmente en la Nación” y que “ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”. 

Sin embargo, el inciso segundo del mismo artículo señala que “la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y que es “deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Adicionalmente, nuestro país se encuentra actualmente bajo el Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los que -pese a no estar expresos en la Carta Magna- amplían el catálogo al reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos originarios.

El pasado domingo 5 de diciembre, el medio de comunicación El Mercurio de Antofagasta publicó una entrevista a Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional, en donde se refirió al estallido social, el presidencialismo, la crisis de legitimidad y la diversidad de las y los constituyentes electos.

En relación a este último punto, la convencional aseguró que “[los pueblos indígenas] estamos negados constitucionalmente”.

Lo dicho por la representante del pueblo Mapuche es FALSO, PERO…

Si bien es cierto que la actual Constitución de la República de Chile carece de reconocimiento explícito a los pueblos indígenas al establecer en su artículo quinto que “la soberanía reside esencialmente en la Nación” y que “ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”, esta misma señala en el inciso dos del mismo artículo que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

En este sentido, el país actualmente se encuentra bajo diversos acuerdos relacionados a los pueblos originarios, entre los que se destacan, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El primero, aprobado por el Congreso Nacional y vigente en la legislación chilena hace más de diez años, exige a los gobiernos “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. Para que esto se cumpla correctamente, según lo estipulado en el documento, se les deberá asegurar a los “miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población”.

Así mismo, la Declaración de las Naciones Unidas afirma que “los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales (…). Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación”.

Hernando Silva, Director de Observatorio Ciudadano y Coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad, considera que durante 1833 se consagró un modelo constitucional monoétnico (o monocultural) que ha desconocido la diversidad de pueblos que viven dentro del territorio de Chile. Pese a ello, según comentó a Contexto Factual, “este paradigma comienza a ser cuestionado por los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas, lo que se traduce en que a fines de los años 80’s el Convenio 169 viene a plantear las nuevas aspiraciones de los pueblos indígenas, que es la del reconocimiento al derecho de la autonomía y la libre determinación”.

“Esto amplía el catálogo al reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, lo que se ve ratificado de manera incipiente por el Convenio 169 y de manera explícita por la declaración de derecho de pueblos de Naciones Unidas”, asegura.

Por Rocío Romero
Fecha 10 Dic 2021