Plataforma Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto

Si solo tienes algunos minutos, lee estas claves:

– Durante la discusión por la propuesta presentada a la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional de levantar el secreto que rige sobre la información del Informe Valech, el convencional constitucional Felipe Harboe aseguró que “el secreto no lo pidió el gobierno, lo pidieron las víctimas, miles de víctimas que declararon en la Comisión Valech lo hicieron a condición de 50 años de secreto”.

– Esta información es INCHEQUEABLE

– De acuerdo al Decreto Supremo N°1040 que creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -conocida como la Comisión Valech I- “todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados”.

– Posteriormente, tras la publicación del Informe Valech I, se tramitó y promulgó la ley que confirmó la primicia establecida en el D.S. N°1040, estableciendo que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Torturapor 50 años -20 más que los propuestos por la Comisión-.

– Mientras que la opinión pública se divide entre las víctimas que presentaron sus testimonios, que quieren que sus casos sean publicados, y aquellos -familiares y víctimas- que están en contra de la publicación de los vejámenes vividos.

Polémica generó la propuesta presentada a la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición en la que se considera necesario levantar el secreto del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura -también conocida como la Comisión Valech I-. Este carácter se le concedió tras la promulgación de la Ley N°19.992 en la que se señala -en su título IV- que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. […] El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años”.

 

En la discusión que se llevó a cabo en la Comisión, el convencional constitucional y ex senador, Felipe Harboe, argumentó: “déjenme decirles que el secreto no lo pidió el gobierno, lo pidieron las víctimas, miles de víctimas que declararon en la Comisión Valech lo hicieron a condición de 50 años de secreto”.

 

Lo asegurado por el convencional del Partido Por la Democracia es INCHEQUEABLE.

 

De acuerdo a lo estipulado por el Decreto Supremo N°1040, promulgado por el ex presidente Ricardo Largos el 26 de septiembre de 2003, -que crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura- ya se establecía la posibilidad de que la información recopilada por el organismo fuera reservada. En su artículo quinto indica que “todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales”.

 

Sin embargo, no fue hasta la promulgación de la Ley N°19.992 en 10 de diciembre de 2009 donde se selló el carácter de secreto de los contenidos de la Comisión, en su título IV, llamado secreto. Donde, además se estableció que “la comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos amparados por el secreto establecido en el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal” lo que equivale a reclusión menor en sus grados mínimo a medio, así como multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

 

Finalmente, -en la conocida como Ley Valech- se estableció que el secreto de la información duraría 50 años, lo que supera lo sugerido por la Comisión en el título Resguardo y confidencialidad de la información recibida: “los expedientes personales constituyen una información de carácter nominativo y, como tal, reservada, con el fin de proteger la vida privada y el honor de las personas, la Comisión recomienda aplicar un plazo especial para la comunicación al público de estos expedientes personales. Para ello puede considerarse el rango de tiempo que ha seguido la práctica archivística mundial en este tipo de materias, de 30 años”.

 

Tras la publicación del informe, sin embargo, las versiones han sido variadas: mientras algunas personas que entregaron testimonios quieren que estos sean conocidos, otros se niegan a que la información sea pública. En ese sentido, 13 agrupaciones defensoras de la memoria de diversos centros de detención durante la Dictadura Militar, publicaron un comunicado en septiembre de 2016, asegurando que “a quienes comparecieron ante la Comisión Valech, jamás les preguntaron si estaban de acuerdo con dejar sus testimonios bajo llave por medio siglo. El secreto fue impuesto después, cuando el Informe Valech estaba listo”. Así mismo, agregaron que “el secreto de 50 años no es una “protección a las víctimas”, como falsamente alegan algunos en el Congreso, en el gobierno y sus autores, como el ex presidente Ricardo Lagos. Es en realidad un escudo protector para los torturadores que, en muchos casos, también fueron los autores materiales o cómplices de asesinatos y desapariciones forzadas”.

 

Haydee Oberreuter, Directora de la Corporación de Familiares de Ex-Prisioneros Políticos Fallecidos en Chile y asociado al conglomerado que reúne distintas organizaciones de prisión política, “Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares”, fue una de las voceras que representó a la organización en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Consultada por Contexto Factual, aseguró que como organización, llevan décadas luchando en contra del pacto de silencio, tanto en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta impulsando un proyecto de ley -que todavía descansa en la Cámara de Diputadas y Diputados- para abolir el pacto de silencio que sigue presente hoy en la Comisión Valech.

 

“Tenemos voz propia, no necesitamos que nadie nos reemplace en interpretar lo que queremos y no queremos, hemos dicho por décadas, que no estamos de acuerdo con la imposición de los 50 años de silencio. Si ellos quieren persistir en mentir, que muestren los documentos que les firmamos, porque no firmamos ningún documento oficial”, comenta Haydee. Y agregó: “La aprobación de la ley fue sin avisarle a nadie y apareció con la imposición de los 50 años de silencio, la que se añadió a última hora y no por petición de las víctimas de la prisión política”.

 

Por otra parte, los miembros de la Comisión -María Luisa Sepúlveda, Elizabeth Lira, Luciano Fouillioux, Álvaro Varela, Miguel Luis Amunategui y Lucas Sierra-, junto al ex presidente Ricardo Lagos, enviaron un comunicado a la Convención tras hacerse conocida la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, argumentando que “Las atrocidades y vejámenes sufridos traspasaron todo respeto y racionalidad contra las víctimas, todas quienes merecen aún y por siempre la protección del propio Estado que en su tiempo les atacó. Las víctimas, muchas fallecidas y entre las que viven, en su gran mayoría ya adultos mayores, merecen que se les respeten sus dolores, al igual que sus cónyuges, parejas, hijos e hijas, nietos y nietas, que en muchos casos no han conocido por años de los tormentos sufridos por sus familiares directos”.

De esta forma, y con los antecedentes con los que se cuenta hoy en día de forma oficial y transparente, no es posible determinar si el secreto fue efectivamente sugerido por el gobierno, la comisión o de forma individual por algunas de las propias víctimas que entregaron sus testimonios, bajo la idea de que “cualquier intento de solución del problema de los derechos humanos en Chile obliga a dar una mirada global a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana y a reconocer a las víctimas” como lo estableció el Decreto Supremo N°1040 firmado por el ex presidente Ricardo Lagos y su ministro del Interior, José Miguel Insulza, junto al subsecretario del interior de ese momento, Jorge Correa Sutil.