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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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En un documento de 38 páginas elaborado por su comisión constitucional, el Partido Por la Democracia (PPD) define lo que consideran una serie de mínimos que se podrían alcanzar durante el debate constitucional. El texto trata con una mirada analítica una serie de principios e ideas entorno a los que debieran ser los principios, derechos y deberes fundamentales de la nueva Carta Magna, plantea dos sistemas de gobierno, expone cuáles serían las consideraciones para implementar el estado unitario descentralizado y la equidad territorial y propone qué órganos deberían mantenerse, eliminarse o reformarse a través de la nueva Constitución.

Con la intención de que sirva como insumo al debate constitucional y tratar de alcanzar un acuerdo de mínimos con la oposición, la comisión constitucional del Partido Por la Democracia (PPD), integrada por una treintena de militantes e independientes entre quienes destacan los exministros Carolina Tohá, Nicolás Eyzaguirre y Jorge Insunza; el exsubsecretario, Gonzalo Navarrete; el abogado Doctor en Derecho Constitucional, José Antonio Ramírez, o la politóloga, Pamela Figueroa, ha elaborado un documento de 38 páginas redactado por la abogada constitucionalista, Leslie Sánchez, con propuestas derivadas del aprendizaje pasado, la experiencia comparada y de una reflexión interna que parte de los resultados de los diálogos ciudadanos de 2016.
En el texto recoge de una forma muy analítica una serie de principios y derechos fundamentales sobre los que habrá que legislar, reflexionar y considerar en el marco de la creación de la nueva Constitución. Así como también propone dos regímenes de gobierno, el presidencialismo parlamentarizado y el semipresidencialismo, que emanan de un decálogo de planteamientos que definen como propios los expertos convocados por el PPD. A su vez, se hace un análisis sobre la organización territorial en pro de un estado unitario descentralizado y de la equidad territorial, y se introduce el concepto de Constitución orgánica, donde se habla del rol que deben desempeñar los organismos controladores, las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional, el Poder Judicial, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

Principios fundamentales

Sobre los principios fundamentales, el PPD desarrolla las ideas de fondo en torno a las propuestas que hace de un Estado social y democrático de derecho orientado al bien común, la dignidad y el derecho a la búsqueda de la felicidad.
En este apartado, el documento también hace una referencia a la soberanía, estableciendo los derechos fundamentales como su límite democrático; a los tratados internacionales, incluyéndolos como derechos garantizados bajo rango constitucional, y a “la posibilidad de resguardar el pluralismo de valores” que, según el texto, “requiere de un equilibrio entre la tipificación constitucional y la posibilidad de su evolución interpretativa en la deliberación democrática y en el tiempo”.
También en esta sección, el PPD habla sobre el principio de la supremacía constitucional y de la necesidad de “perfeccionar y redefinir las acciones constitucionales”, así como de  “analizar una regulación más específica, rigurosa y democrática que garantice dicha supremacía constitucional y que defina con claridad sus funciones y fortalezca la independencia de los jueces constitucionales”.
Además, se desarrollan las ideas sobre el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas y el principio de participación.

Derechos y deberes fundamentales

En este apartado, el documento recoge una serie de propuestas entorno a los derecho individuales asociados a la libertad, la igualdad y la dignidad, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos emergentes (nuevas tecnologías, sexualidad e identidad de género, soberanía digital), el principio de estabilidad presupuestaria y los derechos del orden público económico.

Régimen de Gobierno

En materia de modelos de gobernabilidad, el documento presenta un decálogo de elementos generales que ordenan los planteamientos del PPD:
1. El diseño del régimen político no solo debe reequilibrar los poderes Ejecutivo y Legislativo y fomentar su cooperación, sino que tiene que incorporar a la ciudadanía, que hoy día no está contemplada en el sistema político.
2. El Presidente de la República es el Jefe de Estado y el diseño institucional del Gobierno debe estimular que este cuente con mayoría en el Congreso.
3. El Presidente de la República podría tener la facultad por una única vez de disolver el Congreso Nacional en su período. Asimismo, el Presidente o Jefe de Gobierno puede ser objeto de censura por el nuevo Congreso, debiendo convocarse a elecciones generales. Ello permitiría que la ciudadanía termine resolviendo el eventual conflicto entre ambos poderes.
4. Proponemos un Congreso Unicameral, buscando con ello evitar funciones legislativas “espejo” –que es lo que ocurre actualmente- y el retraso en la tramitación de las leyes. Ello requiere, al mismo tiempo, resolver el diseño institucional de algunas de las actuales atribuciones del Senado, por ejemplo las nominaciones de otros órganos del Estado11.
5. Un sistema electoral que fortalezca el respeto a la voluntad soberana del pueblo, incentive la existencia de partidos que propongan visiones programáticas y que tiendan a la colaboración.
6. El sistema de quorum de las leyes debe limitarse a los simple y orgánico, reservando un quorum de 3/5 para materias de reforma constitucional.
7. Eliminar el control preventivo del Tribunal Constitucional y establecer la responsabilidad política de sus miembros.
8. Para incorporar a la ciudadanía proponemos algunos mecanismos de democracia directa, esto es, plebiscito para reformas constitucionales relevantes y los referéndums derogatorios de ley, con ciertas reglas. También incluir las iniciativas populares de ley y que la ciudadanía cuente con instituciones de participación en el diseño y evaluación de políticas públicas. Gobiernos y Parlamentos de múltiples países tienen la obligación legal de consultar sus políticas públicas a instancias de participación ciudadana permanentes y electas por las propias organizaciones ciudadanas.
9. La existencia de escaños reservados para pueblos indígenas, en una proporción que permita la representación de los pueblos originarios reconocidos en nuestra legislación.
10. La presencia paritaria de género en el Congreso Unicameral y de otras instancias de los poderes del Estado.

Sobre estos delineamientos, el texto desarrolla dos propuestas de sistema de Gobierno y presenta una serie de propuestas para cada una de ellas: el presidencialismo parlamentarizado, donde el Presidente es elegido por el Congreso, y el semipresidencialismo, que cuenta con un Presidente -que es el Jefe del Estado- y un Primer Ministro. En ambos casos, se presenta la idea de un Congreso Unicameral como un parlamento con más atribuciones de las que tiene ahora la Cámara de Diputados y que va más en sintonía con el Ejecutivo.

Descentralización y equidad territorial

En torno a la idea de descentralización y equidad territorial, la hoja de ruta del PPD establece una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de implementar el “estado unitario descentralizado” y la “equidad territorial” por la que abogan.
En el caso del estado unitario descentralizado, los aspectos centrales que lo distinguen son: un jefe de gobierno regional y un consejo regional, ambos elegidos democráticamente; una distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal), y una asignación de financiamiento al gobierno regional y a las municipalidades según las competencias que se le asignen.

Mientras que en el caso de la equidad territorial, los principios a tener en cuenta serían: la igualdad horizontal, la equidad territorial, la subsidiariedad territorial, y las diferenciaciones entre realidades.

La Constitución orgánica

Finalmente, el documento introduce el concepto de Constitución orgánica donde hace referencia a la “limitación a la acción gubernamental mediante funciones contraloras y otras instituciones colaborativas para alcanzar una gestión armónica, asegurando un juego limpio, respeto por los derechos fundamentales y, cuando proceda, además, determinar responsabilidades políticas y administrativas correspondientes”.
Actualmente, los órganos que ejercen esas funciones y que tienen rango constitucional son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servel y la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y el Banco Central. Y la propuesta del PPD para la Convención Constitucional es, por un lado, examinar si debieran tener rango constitucional o pasar a una ley de rango inferior y por otro, garantizar su debida independencia, establecer requisitos y mecanismos sobre su composición y nombramientos, contemplar mecanismos de control interno y quorum de funcionamiento y toma de decisiones, dice el la hoja de ruta.

En este sentido también propone sacar de la Constitución el Consejo de Seguridad Nacional; establecer mecanismos de control interno y transparencia institucional para las Fuerzas Armadas; revertir el diseño institucional jerárquico y concentrado del Poder Judicial; garantizar el principio de legalidad de la Corte Suprema, uniformar la interpretación de las sentencias y fortalecier su protección de los derechos fundamentales; crear un Consejo General de Justicia o Consejo Superior de la Magistratura, que ejerza las funciones de gobierno, administración y disciplina del Poder Judicial; mantener la autonomía del Tribunal Constitucional, fortalecer su calidad de órgano jurídico-político y aplicar las reglas de responsabilidad política sobre sus ministros, aunque con un quorum y requisitos que eviten el abuso de su uso por una mera diferencia política.
Revisa el documento completo en este link.
Por Agustín Vázquez
Fecha 15 Feb 2021