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Si sólo tienes 5 minutos, lee estas claves:

– José Andrés Murillo, candidato a convencional constituyente por el distrito 10, aseguró en su cuenta de Twitter: “A quienes me dicen que la protección a los derechos de la niñez es materia de ley, les cuento que la ley de protección a los derechos de la niñez lleva 30 años sin ser aprobada”.
– Lo indicado por el candidato es VERDADERO.
– Chile ratificó la Convención sobre Derechos del Niño en 1990. Desde entonces, tres proyectos de ley se han presentado al Congreso y ninguno ha sido aprobado.
– De acuerdo con datos de la Cámara de Diputados y Diputadas, en 2005 se presentó el proyecto “Sobre protección de derechos de la infancia y de la adolescencia”, que se encuentra congelada en su segundo trámite constitucional desde 2007.
– En 2013, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó otro proyecto de ley: “Protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes”, pero no ha avanzado desde su primer trámite en la Cámara de Diputados.
– El mismo ministerio presentó además otro proyecto en 2015 para el “Sistema de garantías de los derechos de la niñez”, sin embargo, se encuentra estancado en su tercer trámite constitucional. La última modificación a esa iniciativa fue el 29 de enero de 2021.

En el marco del debate que se ha tomado las redes sociales sobre el regreso a clases y el derecho de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de acceder a la educación, José Andrés Murillo, director ejecutivo de la Fundación para la Confianza y candidato al distrito 10 por la lista Independientes No Neutrales (INN) -y exintegrante del Consejo Editorial de Contexto Factual-, escribió en su cuenta de Twitter: “A quienes me dicen que la protección a los derechos de la niñez es materia de ley, les cuento que la ley de protección a los derechos de la niñez lleva 30 años sin ser aprobada”.

Lo sostenido por el candidato es VERDADERO.
Chile firmó la Convención sobre Derechos del Niño, acordada el 20 de noviembre de 1989, y posteriormente el Presidente Patricio Aylwin la ratificó en 1990. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales”.
De esta forma, el Estado de Chile reconoce que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”, según dice el artículo primero del decreto 830-27 que ratifica la Convención en el país.
Sin embargo, Chile no cuenta con una ley aprobada y aplicable que proteja con hechos y medidas concretas los derechos de todos los NNA. Intentos ha habido en las últimas tres décadas, pero hasta ahora ninguno ha llegado a materializarse en ley.
En enero de 2005, por medio de un mensaje presidencial del entonces mandatario, Ricardo Lagos, se presentó el primer proyecto “sobre protección de derechos de la infancia y de la adolescencia”. La tramitación en el Congreso siguió su curso durante dos años e incluso llegó a su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados, pero en abril de 2007 quedó estancado y nunca más volvió a avanzar.
El proyecto presentado por el gobierno de Lagos, debido a la inexistencia de una legislación exclusiva para los NNA, pretendía “la completa reformulación de las leyes relativas a la infancia y la adolescencia de modo de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país y, en especial, a los principios y directrices contenidos en la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales vigentes, ratificados por Chile”.
Seis años después, en 2013, el Presidente Sebastián Piñera presentó otra iniciativa dedicada a la misma materia, titulada “Protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes”, con la que pretendía hacerse cargo de la falta de avances en el proyecto anterior. El Ejecutivo planteó esa vez que “el proyecto de ley tiene por objeto promover y proteger integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su ejercicio, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales, así como también prevenir su vulneración y establecer las bases institucionales necesarias que permiten favorecer su desarrollo integral”.
Esta iniciativa no obtuvo el apoyo necesario en la Cámara de Diputados y aún permanece en el primer trámite constitucional. Nunca fue sometida a votaciones a pesar de haberse presentado urgencias simples en tres ocasiones, siendo la última el 13 de agosto del mismo año.
En el siguiente periodo, la Presidenta Michelle Bachelet presentó un nuevo proyecto el 21 de septiembre de 2015: “Sistema de garantías de los derechos de la niñez”. En la redacción de esta propuesta se indican seis principios esenciales: los niños como sujetos de derechos, la protección integral de la niñez, la protección efectiva del ejercicio de los derechos, la integración de la protección, educación normativa a la Convención y creación del Consejo Nacional de la infancia. En su proceso constituyente, ha sido el proyecto que ha avanzado más, llegando al tercer trámite constitucional. De hecho, su discusión sigue activa y el último movimiento que tuvo fue a fines de enero de este año.
Estos tres proyectos son bastante similares, al punto de hacer referencias entre sí a la hora de proponer normas que instaurar en el país, sin embargo, ninguna ha sido aprobada hasta el momento en Chile. Esto significa que -tal como señaló Murillo- en el país no existe una legislación dedicada completamente a proteger a los niños, niñas y adolescentes.