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Si solo tienes algunos minutos, lee estas claves:

– El pasado 9 de noviembre, representantes de siete organismos estatales asistieron a la Comisión de Sistemas de Justicia. En esta instancia, Juan José Romero, presidente del Tribunal Constitucional, señaló respecto a las causas de constitucionalidad que: “Este tipo específico de control de constitucionalidad [de proyectos de ley] representa solo el 0,5% del total de causas ingresadas al tribunal desde el 2010 a la fecha”.

– Lo dicho por el presidente del órgano jurisdiccional es VERDADERO. 

– Según las Cuentas Públicas del Tribunal Constitucional, entre los años 2010 y 2020, de un total de 8.444 asuntos, se ingresaron 43 cuestiones de constitucionalidad sobre proyectos de ley.

– Esta cifra corresponde a un 0,51% del total de causas ingresadas en la última década.

Tras el comienzo del funcionamiento de las Comisiones Temáticas, diversos invitados han pisado los edificios del Congreso Nacional. Es así, como el pasado martes 9 de noviembre, representantes de siete organismos estatales asistieron a la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional

Uno de los exponentes de la instancia fue Juan José Romero, presidente del Tribunal Constitucional, quien aseguró respecto a las causas de constitucionalidad que: “Este tipo específico de control de constitucionalidad [de proyectos de ley] representa solo el 0,5% del total de causas ingresadas al tribunal desde el 2010 a la fecha”.

Lo afirmado por el presidente del órgano jurisdiccional es VERDADERO. 

Según las Cuentas Públicas del Tribunal Constitucional, entre los años 2010 y 2020, de un total de 8.444 asuntos ingresados, 43 corresponden a cuestiones de constitucionalidad sobre proyectos de ley (CTP). Esta cifra corresponde a un 0,51% del total de causas ingresadas en la última década.

¿Qué son las cuestiones de constitucionalidad sobre proyectos de ley?

El Tribunal Constitucional posee diversas atribuciones que se encuentran establecidas en el artículo 93 de la Constitución de la República. Una de ellas es el control de constitucionalidad, que involucra “resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”.

Frente a esta situación, el órgano jurisdiccional sólo puede conocer de la materia si la solicitud es presentada a requerimiento del Presidente de la República, o por mandato de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros de ejercicio. 

Este requerimiento debe ser “formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa de la aprobación del tratado por el Congreso Nacional” y no suspende la tramitación del proyecto de ley, pero la parte impugnada no se podrá promulgar hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.