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El último cambio de gabinete realizado por el Presidente Piñera implicó la remoción de cuatro parlamentarios de su cargo, dando inicio a un procedimiento en que los partidos políticos designan a discreción a sus reemplazantes. El mecanismo no ha estado exento de críticas e, incluso, durante la última década se han presentado 14 proyectos de ley para cambiarlo, pero ninguno ha avanzado más allá del primer trámite constitucional. A continuación una recapitulación de cómo se ha modificado el proceso y quiénes se han visto beneficiados por su aplicación.

“Nómbrase a contar de esta fecha como ministro del Interior y Seguridad Pública a don Víctor Claudio José Pérez Varela, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto”.
Fue la frase que anunció el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el martes 28 de julio. Con ello, se empezaba a materializar un nuevo cambio de gabinete en La Moneda, el quinto que lleva a cabo el Presidente Sebastián Piñera a poco más de dos años de comenzar su segundo mandato. Pero esta vez, hubo algo que lo hizo diferente: los cuatro nuevos ministros de Estado eran parlamentarios en ejercicio.
Con esa decisión, el Mandatario dejó vacante cuatro cargos del Congreso Nacional: dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. Los ahora exdiputados Mario Desbordes (RN) y Jaime Bellolio (UDI) pasaron, respectivamente, a ser ministros de Defensa y de la Secretaría General de Gobierno; mientras que Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN) dejaron su cargos como senadores para asumir en Interior y Relaciones Exteriores.
¿Qué pasaría con esos puestos que dejan vacíos? La norma dice que son sus respectivos partidos,  Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), los que deben designar quiénes ocuparán su lugar. Así lo indica el artículo 47 de la Constitución.
RN fue el primero en decidirlo: el asiento de Allamand fue ocupado por la hasta hace poco diputada, Marcela Sabat, que a su vez fue reemplazada por el vicepresidente del partido y exasesor del nuevo canciller, Tomás Fuentes; y el de Desbordes, lo asumió Camilo Morán, que hasta el momento de su designación como nuevo diputado era concejal en la Municipalidad de Lo Prado. La UDI, a fines de julio, definió que los sucesores de Pérez y Bellolio serían, respectivamente, el exministro de la Segpres, Claudio Alvarado, y la hasta entonces alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas.
El método de cómo reemplazar a un parlamentario cuando deja su cargo de forma abrupta -ya sea por renuncia voluntaria, cesación del cargo u otro motivo, como la muerte-  ha sido tema de discusión durante años. El mecanismo fue incorporado en la gran reforma de 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, y desde entonces diversos actores de la sociedad lo han cuestionado por distintos motivos.
Algunos de los argumentos esbozados señalan que ser parlamentario debería ser incompatible con el llamado a ser ministro de Estado, ya que los electores votan por una persona y no necesariamente por un partido político. Por lo tanto, bajo esa lógica el voto no debiera ser endosable y entonces se cuestiona si la decisión debe estar en sus manos. Aquí, algunos ejemplos:

Tuit

 

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Carolina Garrido, académica del Observatorio de Gobierno e Innovación de la Universidad Diego Portales, señala que “esto de que el partido elija a dedo es bien sui generis y, claramente, es un poco extraño. Como en este caso es un cargo de elección popular, estamos sacando del Congreso a una persona que fue elegida popularmente, y desde ese punto de vista creo que se debería implementar un procedimiento para que la voz ciudadana sea la que elija a ese reemplazo”.
Pero como ya se señaló, no siempre fue así. Desde que se promulgó la Constitución en 1980, se han realizado distintos cambios a la forma en que se designan los cargos parlamentarios, ya sea por vacancia o por otro tipo de instrucción constitucional. A continuación, Contexto Factual detalla cuáles han sido esos cambios y cómo se vio representado en el Congreso Nacional a través de los años.

Del voto en las cámaras a la designación de los partidos

Originalmente, la Carta Magna determinaba otra cosa: si un puesto en la Cámara de Diputados o el Senado quedaba vacante, el reemplazante sería electo mediante una votación que realizaría la cámara respectiva. O sea, eran los otros parlamentarios quienes elegían por mayoría absoluta al nuevo o nueva integrante. Como se trataba de un reemplazo, su período duraría sólo hasta la siguiente elección. Aunque esa normativa nunca se aplicó, pues fue modificada poco antes de que se reabriera el Congreso en 1990.
La llamada “Reforma de la Transición” de 1989 cambió el formato de suplencia: el o la reemplazante sería la persona que, habiendo integrado la lista electoral de parlamentario saliente, hubiese resultado electa en caso de haber otro cargo. Si no existiera este excandidato, y faltaran más de dos años para el término del período, la respectiva cámara tendría que elegir de una terna propuesta por el partido del exparlamentario. Eso no corría para parlamentarios independientes, quienes no serían reemplazados, a menos que hayan participado en una lista partidista.
Al año siguiente volvió la democracia y reabrió el Congreso. Por entonces, los parlamentarios designados existían, y eran otros: ocho senadores que tenían su puesto reservado por ser exintegrantes de la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Contraloría General de la República, rectores de universidades estatales o reconocidas por el Estado, y ministros. Además, estaban también los senadores vitalicios, un derecho que la Constitución le otorgaba a los ex Presidentes que hayan estado más de seis años en el cargo: los últimos que tuvieron esa condición fueron Augusto Pinochet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
El primer caso de vacancia ocurrió en 1991, luego de que el senador Jaime Guzmán fuera asesinado a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica. Se aplicó la normativa vigente y así fue que Miguel Otero (RN) fue designado en su reemplazo. Posteriormente, Frei Ruiz-Tagle dejó su puesto en el Senado cuando en 1993 fue elegido Presidente de la República, y quien lo sucedió fue la socialista María Elena Carrera.
Ese mecanismo de reemplazo se mantuvo hasta 2005, cuando vino la gran reforma con la que el Presidente Lagos incluso puso su firma y sacó la de Pinochet al final de la Constitución. Con ello, eliminó a los senadores designados y vitalicios, y modificó nuevamente la regulación en caso de vacancia parlamentaria. El procedimiento –que se mantiene hasta hoy– determina que será el partido al que pertenecía el parlamentario saliente el que decida quién ocupará el cargo. Sin elecciones dentro del Congreso y sin ternas, sólo a su criterio y discreción. Las condiciones en caso de parlamentarios independientes se mantienen.
Desde entonces, han ocurrido más de 10 reemplazos en el Congreso (ver línea de tiempo), y en casi todos ha predominado la designación directa desde la cúpula del respectivo partido político, salvo en los casos de la Democracia Cristiana (DC), en 2014, y del Partido por la Democracia (PPD), en 2015. Ocurrió, primero, cuando Ximena Rincón dejó el Senado para ser ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Después, cuando Jorge Insuza renunció a su cargo como diputado para asumir como vocero de gobierno de la segunda administración de Michelle Bachelet. En ambos casos, cada partido realizó elecciones internas para definir quién ocuparía los cupos que habían dejado vacantes, pero fueron excepciones a la regla que, hasta ahora, no han vuelto a repetirse.
Por otro lado, el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, señala que el mecanismo “tiene un lado positivo y uno negativo. Lo negativo es que la gente percibe, primero, que les sacan un representante que escogieron y, obviamente, poner a otro que no ganó puede ser considerado por la población como torcer su voluntad. Pero, por otro lado, como la persona que asume es del mismo partido, de alguna manera se respeta la dirección ideológica de la primera decisión”.
Ante la opción de que los partidos hagan una votación voluntaria –como hicieron el PPD y la DC–, Marco Morales, Director de la Escuela Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, indica: “Siempre la decisión sigue radicada en el partido. Yo creo que en este tipo de cuestiones, las reglas del juego deben ser claras y, por lo tanto, deben estar explicitadas. Tienen que conocerse y ser muy transparentes. Si son reglas que van en el sentido de consultar popularmente, mucho mejor, pero nada obliga al partido a hacerlo de esa manera”.
Garrido agrega que no siempre se cumple la condición. “Es súper importante que este tipo de cosas queden establecidas y formalizadas por ley. No le puedes dejar ese tipo de decisiones a los partidos por su buena voluntad, porque no lo hacen. Van a hacer probablemente lo más fácil, lo menos costoso, lo menos complicado”, argumenta la politóloga.

Desde 1998 se han presentado 19 proyectos que regulan la elección en caso de vacancia parlamentaria. La mayoría se encuentra archivada o bien, congelados en su primer trámite constitucional.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 15 Sep 2020