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Que en el plebiscito participe al menos el 50% de las personas habilitadas para votar. O sea, establecer un “piso mínimo” que, si no se cumple, invalidaría el resultado. Eso busca establecer un grupo de senadores oficialistas a través de un proyecto de ley que ya fue admitido a tramitación, pero que no fue bien recibido por todos los sectores políticos. Aunque en Chile nunca ha habido un requisito de ese tipo, hay una serie de países a nivel mundial que sí tienen implementada la medida. En algunos casos, se sobrepasó el mínimo con amplia mayoría, mientras que en otros no se alcanzó el quórum para legislar.

“Dada la crisis sanitaria que nos afecta desde hace varios meses, lo que indudablemente puede inhibir a muchos ciudadanos a participar del plebiscito, por temor a contagiarse de la pandemia de coronavirus, este acto cívico debe contar con al menos un cincuenta por ciento de participación de votantes, y en el caso de que dicho porcentaje no se logre, deberá realizarse un nuevo acto plebiscitario, en un plazo máximo de treinta días, contados desde la fecha del plebiscito que no haya logrado el mencionado porcentaje de participación”.
Es la propuesta que realizaron los senadores Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens (los tres RN) junto a la senadora independiente Carmen Gloria Aravena a través del proyecto de reforma constitucional que sugiere un mínimo de 50% de participación ciudadana para que el plebiscito del 25 de octubre tenga validez.
Por supuesto, la sola idea de definir un piso mínimo de participación levantó críticas en distintos sectores. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, acusó que la iniciativa es una forma de “obstaculizar el plebiscito”, mientras que el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, cuestionó que nunca antes se haya puesto en duda la legitimidad de otros procesos electorales por las cifras de participación.
A pesar de las críticas, la medida no es nueva y son varios los países que la han implementado. Hay naciones tanto América Latina como en otros lugares del mundo donde se pide un mínimo de participación para que el resultado de una elección popular o un plebiscito sea vinculante. Contexto Factual revisó algunas de las legislaciones que contemplan ese requisito y, a continuación, detalla cómo ha sido la experiencia internacional en referendums y plebiscitos.

Latinoamérica

En Argentina hay una ley que regula las consultas populares vinculantes y no vinculantes. Esta señala que se puede someter a una votación vinculante todo proyecto de ley cuya materia no esté regulada en su Constitución. El voto es obligatorio, pero de todas formas exige que, para validar el proceso, participe al menos el 35% de las personas habilitadas para votar.
En Colombia hay una ley que regula todo tipo de mecanismos de Participación Ciudadana. En ella se señala que el presidente, con firma de todos sus ministros y el visto bueno del Senado, puede llamar a una consulta popular de carácter nacional, sobre una “decisión de trascendencia nacional”. Lo que se decida deberá realizarse de forma obligatoria si se obtuvo más del 50% de los votos y participó al menos un tercio del padrón electoral habilitado para votar. En el caso de un referendo constitucional –para modificar la Constitución–, esa misma ley exige que vote al menos un cuarto de los ciudadanos que integran el censo electoral.
En el caso de realizar un plebiscito sobre políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso, solo se pide una mayoría del censo electoral. Este fue el caso del plebiscito de 2016, donde los votantes colombianos rechazaron el acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, el acuerdo se firmó igual.
Costa Rica entrega la regulación de referéndums al Tribunal Supremo de Elecciones. En su Constitución se señala que no puede haber más de uno al año y que los resultados serán vinculantes si participa al menos el 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para la legislación ordinaria, y el 40% como mínimo para decidir sobre reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa por mayoría calificada.
En Perú, la Ley de derechos de participación y control de ciudadanos determina que se pueden realizar referéndums acerca de reformas constitucionales; aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales; y la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. Sin embargo, para que el resultado sea válido, tienen que obtener la mayoría de los votos habiendo participado no menos del 30% del número total de votantes. 
El último referéndum en ese país fue en 2018, cuando se aprobaron tres modificaciones constitucionales: la fiscalización de los aportes a los partidos políticos, la no reelección de congresistas y una reforma de la Junta Nacional de Justicia. En esa consulta participó casi el 75% del electorado.
En Uruguay las reformas constitucionales que sean propuestas por ciudadanos o legisladores, deben someterse a plebiscito. Su Constitución indica que para que se apruebe la reforma, se necesitan la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos, el 35% del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional.
La Constitución de Venezuela también permite que las materias de especial trascendencia nacional sean sometidas a votación. Serán aprobadas las leyes que obtuvieron un sí mayoritario, pero debe participar al menos el 25% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral. Asimismo, respecto a tratados, acuerdos o convenios internacionales, también pueden pronunciarse, pero su validez requerirá la participación de al menos el 15% de los habilitados para sufragar. Por último, también puede someterse a referéndum los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente, y su aprobación necesitará al menos el 45% de los inscritos.

Experiencias mundiales

Australia tiene un mecanismo diferenciado de votación para sus referéndums, que responden a cambios constitucionales. Si bien no pide un mínimo de participación, se tiene que cumplir un estándar de “doble mayoría”. Es decir, que haya una mayoría nacional a favor de la ley, pero que también haya una mayoría por estados: al menos cuatro de los seis estados australianos debe tener como resultado un 50%+1 a favor.
En Hungría se pueden realizar referéndums sobre cualquier materia que involucre las funciones y poderes de la Asamblea Nacional. Su Constitución señala que para que sea válido, deben participar más del 50% de los electores habilitados para sufragar. En 2016 se realizó una votación respecto a la política migratoria que estaba adoptando la Unión Europea. Se les preguntó a los ciudadanos húngaros si querían que “Unión Europea pueda ordenar el reasentamiento obligatorio de ciudadanos no húngaros en Hungría incluso sin la aprobación de la Asamblea Nacional”. Más del 98% votó que no, pero el referéndum no fue válido dado que solo participó el 44% de los inscritos.
Lo mismo ocurre en Italia, donde en caso de realizar un referéndum, solo se considerará aprobado si ha votado la mayoría de los votantes y se ha obtenido una mayoría de sufragios válidos, tal como indica su Carta Fundamental. Los italianos e italianas han tenido más de 70 referéndums nacionales, constitucionales y populares, de los cuales más de 35 han sido declarados inválidos por falta de quórum necesario.
En Lituania hay dos tipos de referéndums: mandatorios y consultivos, dependiendo de las temáticas que traten. Ambos son vinculantes y requieren de la participación de más de la mitad de los electores habilitados para sufragar, según indica la ley lituana. De los 12 referéndums que han tenido, cinco han fracasado por no llegar al mínimo de votantes.
El mismo caso es el de Polonia, donde su legislación pide la participación de al menos el 50% de quienes están registrados para votar. De los seis referéndums que han tenido en su historia, la mitad ha sido declarada inadmisible por falta de quórum, siendo el más bajo el que llevaron a cabo en 2015, donde solo participó el 7,8% de los electores.
En Rumania el porcentaje de participación solicitado es menor: solo se necesita que un 30% de las personas habilitadas voten. Uno de los casos más emblemáticos fue en 2018 cuando, mediante un referéndum, se aprobó el matrimonio igualitario, pero solo votó el 21% de los habilitados para sufragar.

Mínimo de participación en referéndums y plebiscitos por país
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 14 Sep 2020