Plataforma Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral

Mientras en redes sociales se debate sobre la cantidad monetaria suficiente para desarrollar un proceso constituyente participativo, 90 convencionales constitucionales electos ya se reunieron el pasado domingo 27 para solicitar se aumente el presupuesto dispuesto para el ítem de la participación ciudadana en la Convención Constituyente, que solo sería de $500 millones de pesos. Casi el mismo presupuesto que tiene la seguridad de la convención. La Unidad de Secretaría Ejecutiva del organismo ha tenido que aclarar que el presupuesto solo financia seis meses de funcionamiento.

Sin la presencia notoria de la bancada de Vamos por Chile, que se ha restado de múltiples instancias previas a la instalación de la Convención Constituyente, se reunió un grupo de 90 convencionales constitucionales tras hacerse públicos los montos asociados a distintos ítems dentro del presupuesto del órgano redactor. El conjunto de los constituyentes elevó la necesidad de aumentar el presupuesto para la participación ciudadana en miras a un proceso que incluya a la ciudadanía en todos sus estados.

La criticada decisión proviene de la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, órgano que tiene como objetivo “velar por la ejecución de los recursos que disponga la respectiva ley de presupuestos del sector público para el funcionamiento de la Convención Constitucional, en coordinación con la División de Administración General del Ministerio Secretaría General de la Presidencia” y que fue creado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera que también nombró a su jefatura a través del Decreto de Ley 4 del 01 de febrero de 2021. En el documento firmado por Máximo Pavez Cantillano, Subsecretario General de la Presidencia, además se asegura que el organismo deberá “llevar la relación directa con la Convención Constitucional y con las demás instancias que de ella dependan, a objeto de coordinar el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para su correcto funcionamiento, según corresponda”.

Algunos de los convencionales constitucionales que estuvieron en la reunión del domingo 27 de junio ya discuten de que los fondos del órgano redactor deberían ser manejados por los mismos “constituyentes electos”, asegurando que la existencia de esta institución, liderada por Francisco Encina, continuará tensando las relaciones con el gobierno. Mientras que, el pasado 29 de junio, un grupo de 50 constituyentes de pueblos originarios publicaron un comunicado pidiendo la renuncia del jefe de la Secretaría Administrativa, asegurando que “la interlocución con Encina no nos permite una comunicación, porque no tiene las competencias jurídicas, culturales y políticas para interlocutar con las naciones originarias, que hemos llegado a la Convención para demandar nuestros derechos. Entonces nosotros pedimos que renuncie“.

¿Qué pasó?

En respuesta a la polémica, el organismo entregó a CIPER Chile, quienes publicaron los montos correspondientes al ítem de participación ciudadana en un reportaje el jueves 24 de junio (leer reportaje aquí) asegurando que esos $500 millones de pesos solo corresponden al financiamiento de seis meses para dicha categoría, lo que significa que la participación ciudadana contará con $83,3 millones mensuales de financiamiento. Además, el jefe de la Secretaría, aseguró al medio, que “si ellos quieren revisar cada uno de los contratos, están en todo el derecho. Si la convención tiene algo (que cambiar) lo conversaré con el presidente de la convención, él en su rol de presidente y yo en mi rol de secretario ejecutivo”.

Sin embargo, la discusión se volvió aún más intensa, luego de que el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la directiva de la Asociación de Funcionarios de la Segpres (ANFUNSEGPRES), publicaran su apoyo de los representantes de pueblos originarios, asegurando que “para nuestra organización sindical, destaca que la Convención Constitucional es un logro de todos los chilenos y chilenas y por cierto, de los trabajadores y trabajadoras del país que han luchado por la justicia social y no puede haber interferencia del gobierno, ni este adosarse atribuciones, que solo le pertenecen a los convencionales constituyentes que fueron electos democráticamente por el pueblo y es a ellos a quienes les corresponde intervenir en este proceso de diseño, instalación y funcionamiento, con la transparencia requerida por la ciudadanía”.

También algunos convencionales constitucionales opinaron en redes sociales al respecto:

Incluso algunos, como Jaime Bassa, aprovecharon la oportunidad para postularse a la mesa como Vicepresidente:

Por su parte, Francisco Encina, jefe de la criticada Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente, utilizó su cuenta de Twitter para expresar todo lo que ha hecho el organismo a miras del inicio de actividades del órgano redactor de la nueva Constitución. Sin embargo, no se refirió a la polémica respecto al monto de la participación y difusión en la Convención Constitucional.

El debate: ¿son suficientes 500 millones para participación ciudadana? 

Para hacerse una idea, el presupuesto asignado para el 2021 de la Convención Constitucional alcanza los $6.700 millones. Y para poder asegurar la participación de la ciudadanía, que la mayoría de las y los expertos han considerado clave para la legitimidad del proceso, $500 millones. 

Uno de los encuentros más importantes y multidisciplinarios “Tenemos que hablar de Chile”, en la que participaron más de 100 convencionales constitucionales, hubo mayoritaria coincidencia respecto a que era necesaria una “participación vinculante” y que se esperaba que la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica entreguen insumos para elegir la metodología adecuada de participación. 

“Es nuestra responsabilidad como constituyentes abrir todos los espacios posibles, conectarnos constantemente con todas y todos, esforzarnos porque el trabajo sea profesional, abierto, y de cara a la ciudadanía. Pensemos cómo podemos hacer que todos quienes puedan y quieran participar, tengan ese espacio. Sin temor de lo que salga, la diversidad es preciosa y la gente está con ganas de construir”, declaró en esa reunión Loreto Vallejos, electa por la Lista del Pueblo en el distrito 15.

Esta además ha sido la única instancia de diálogo en la que han participado electos de la lista Vamos por Chile. Arturo Zúñiga, electo por el distrito 9, no especificó un mecanismo pero estuvo de acuerdo con que era un paso fundamental a asegurar a la población: “Que sea una Constitución de paz, de respeto, de deliberación, para que esto pueda tener la validación de la ciudadanía”.

Constanza Hube (UDI)  por su parte, decidió en Twitter dar su opinión respecto a los reparos del presupuesto, entre otras demandas. También lo hizo Martín Arrau, en la misma línea:

Este domingo 4 de julio será la primera sesión de la Convención Constitucional que estaremos cubriendo como Contexto Factual. No te la pierdas, estaremos reportando sobre qué se avanza en esta materia.

Por Daniela YáñezMagdalena Advis
Fecha 02 Jul 2021