Plataforma Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral

Si bien la composición de la Convención Constitucional no va a estar resuelta hasta el 11 de abril, cuando la ciudadanía vote por sus representantes en el órgano que escribirá la propuesta de una nueva Constitución, sí se puede avanzar sobre cómo se organizará su funcionamiento y reglas internas y externas. Es cierto que serán sus propios integrantes los que tomarán la decisión, pero en pos de que no sea un trabajo que parta desde cero, Contexto elaboró un documento con diferentes consideraciones que podrían servir de insumo para definir el reglamento de la Convención Constitucional. Allí se proponen, entre otras cosas, una mesa directiva de al menos tres integrantes, la planificación de comisiones, la organización de comités y resoluciones de probidad y transparencia.

Como todo en la vida, o al menos como todas las instituciones del Estado, para que las cosas funcionen bien se necesita de reglas que delimiten las atribuciones, formas de actuar y responsabilidades de los organismos. Un rayado de cancha o un marco bajo el cual operar. Y ese será el primer gran desafío de la Convención Constitucional cuando se conforme y empiece a operar mediados de 2021: discutir y definir su propio reglamento.
El conjunto de reglas que regirá al órgano que tendrá el mandato de redactar la propuesta de una nueva Constitución será clave durante los nueve a 12 meses que trabajará, tanto por su organización interna como por su comunicación con el exterior. Aunque la Constitución vigente establece que será atribución exclusiva de sus propios integrantes definir ese marco, desde la sociedad civil han surgido distintas propuestas para avanzar en ese camino y, si bien no son vinculantes, sirven como insumo para que los 155 convencionales constituyentes que sean electos el 11 de abril puedan tener en cuenta.
Ya hace un tiempo, el centro de estudios Horizontal -vinculado a Evópoli- dio a conocer una propuesta de reglamento para la Convención (ver artículo). Y a comienzos de esta semana, desde Contexto -plataforma de la cual este medio forma parte- realizaron una nueva propuesta con los principales lineamientos que, consideran, debería tener el órgano constituyente en su hoja de ruta.
La presentación aclara que, si bien la conversación mediática se ha centrado en dos temas fundamentales, los quórums de votación y los mecanismos de participación ciudadana, hay otros aspectos que deben ser igualmente considerados. “El modo en que se definan ciertas reglas puede tener un impacto muy relevante en el modo en que se desenvolverá la deliberación”, argumenta el coordinador de Contexto, Claudio Fuentes, en el documento que enumera siete aspectos críticos a incluir en el reglamento.
¿Cuáles son y cómo se desarrollan sus focos principales? Te lo detallamos a continuación.

Organización de la mesa

“Una mesa directiva dominada sólo por un sector podría generar suspicacias y conflictos constantes entre el plenario y la directiva”, señala el politólogo. Es por esto que propone constituir una mesa de entre tres y cinco personas, no sólo de presidente y vicepresidente como establece actualmente la Constitución.
El objetivo es que haya representación de las minorías y se incorpore a la oposición. Además, indica que esa mesa debe tener un secretario que conduzca los aspectos procedimentales del trabajo de la Convención.
¿Cuáles serían las funciones de la directiva? Tomar decisiones respecto de la recepción de indicaciones, gestión de los plazos, procedimientos para conducir las deliberaciones y aspectos administrativos relativos al vínculo con el Ejecutivo para ver cuestiones procedimentales, entre otros. Asimismo, delimitar el rol del presidente o presidenta de la Convención, donde se debería incluir citar comisiones y sesiones, dirigir los debates y proveer la cuenta, entre otras actividades.

Organización de comisiones

Al igual que en el Congreso Nacional, se espera que la Convención Constitucional funcione con comisiones, dentro de las que se incluyen las temáticas permanentes, pero también de armonización –que revise la coherencia del texto final–, de régimen interno –que decida aspectos administrativos–, de ética –que revise aquellos aspectos y conflictos de interés–, y de participación –que se vincule con la ciudadanía y medios externos–.
Junto a la revisión de propuestas de los abogados Sebastián Soto y Sergio Verdugo, Fuentes propone que haya al menos ocho comisiones: principios, nacionalidad y ciudadanía; derechos; pueblos originarios; gobierno; Poder Judicial; administración regional y municipal; instituciones autónomas; y mecanismos de reforma a la Constitución.
Asimismo, indica que el reglamento deberá señalar cuántas personas integrarán las comisiones (que podría variar dependiendo de la temática) y cómo se escogerán, la posibilidad de establecer subcomisiones y cómo operarán en términos de reunión y toma de decisiones.

Sistema de decisión

El apartado versa sobre cuál será el procedimiento para deliberar y tomar decisiones respecto a la propuesta de texto que se escribirá. Fuentes se hace preguntas como ¿qué sucede si el plenario no acepta o acepta sólo parcialmente una definición realizada por una comisión? Si un artículo rechazado por el Plenario vuelve a una comisión, ¿cuántas veces se permitirá que aquello suceda?.
“El sistema de decisión, entonces, debiese pensarse para permitir la deliberación, posibilitar la emergencia de alternativas y acuerdos, y generar instancias para resolver impases”, argumenta y, para esto, propone que, al igual que en el Congreso, una vez que se presenta la propuesta al plenario de la Convención, si se realizan indicaciones o rechazan artículos, estas vuelvan a la comisión donde se originó la moción. En el caso que nuevamente se rechace, se crea una comisión especial que resuelva la disputa.
Respecto a los quórums, propone que haya mayoría simple (50+1 de los presentes) para las comisiones y 2/3 de aprobación en el plenario, lo que podría ayudar a zanjar la discusión que se generó desde que se diseñó el proceso constituyente respecto al quórum que se requiere para aprobar el texto que irá al plebiscito de salida en 2022.

Organización interna

Tal como ocurre con las bancadas de la Cámara de Diputados y el Senado, Fuentes indica que la forma en la que la Convención se organizará internamente será a través de comités, que agrupará a los convencionales de un mismo partido o agrupación política. En el caso de los independientes, indica que deberá definirse un procedimiento para su organización.
¿Por qué es importante que se organicen? Por un tema de eficiencia: “Las  agrupaciones  políticas  tienden a especializarse en determinados temas, organizan   las   presentaciones   de   indicaciones   y/o  mociones,  y  organizan  el  tiempo  de  deliberaciones  en  el  plenario”. Así, es más fácil que la mesa directiva se relacione con las cabezas de cada comité que de forma individual con cada convencional.

Mecanismos de participación

Uno de los focos principales de la conversación mediática respecto al proceso constituyente ha sido si la ciudadanía podrá participar directa o indirectamente en la redacción de la nueva Constitución y en caso de hacerlo, cómo.
Para esto, Fuentes indica que el reglamento debe regular normas para asistir a sesiones del plenario y las comisiones; quiénes podrán participar y ser invitados a las audiencias públicas; mecanismos de recepción de propuestas con una respectiva retroalimentación; rendición de cuentas de los convencionales a nivel territorial; y definir mecanismos para recabar propuestas e incorporarlas a los debates, tales como foros o cabildos.
Además, hace hincapié en la realización de consultas indígenas y tribales como dicta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), independiente de la participación de representantes de pueblos originarios a través de sus 17 escaños reservados.

Probidad, conflicto de interés y transparencia

La Constitución ya indica que los convencionales deberán responder a la ley de probidad y ley de lobby, pero en adición, Fuentes recopila las recomendaciones que realizó el Consejo para la Transparencia al respecto.
La propuesta incluye que los y las convencionales realicen declaraciones de patrimonio y conflictos de interés alojadas en una página web habilitada especialmente para ese propósito; tener una comisión ética y de transparencia que se encargue de fiscalizar y resolver conflictos; establecer un sistema público de agenda y de registro de gestión de interés particulares; y establecer regulaciones internas que incluyan solicitudes de acceso a información pública.
Sobre aquel trabajo y resoluciones, se propone que se obligue a inhibir la participación en una votación en caso de haber conflicto de interés, tener un sistema sancionatorio si es que hay faltas a la probidad y especificar cómo se definirá al comité externo de asignaciones -pues, tal como ocurre con los parlamentarios, los convencionales contarán con un equipo de asesores en distintas materias, además de gastos operacionales propios de su trabajo constituyente-.
Además, en caso de que haya asuntos que deban ser tratados de forma reservada -que los autores del documento señalan que deberán ser “bajo excepcionalísimas condiciones”-, el reglamento deberá especificar cómo se aplicaría.

Normas de inclusión

Tal como indica la ley, Contexto propone que el reglamento considere los principios generales de la inclusión: integración equilibrada por género en los diferentes órganos de la Convención, participación proporcional de los pueblos originarios en espacios de decisión y desarrollo de plataformas de información inclusivas para personas en situación de discapacidad.
Revisa y descarga “El Reglamento de la Convención Constitucional” en este enlace.
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 21 Ene 2021