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A menos de 10 años de la primera elección con voto voluntario y con resultados que a los ojos del mundo político y académico no fueron los esperados, el Congreso Nacional busca reponer el voto obligatorio para todas las votaciones populares generales. La iniciativa ya fue aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados excluyendo a personas mayores de 75 años y en situación de discapacidad, además de los chilenos residentes fuera del país y extranjeros con ciudadanía. La iniciativa tiene amplio apoyo, pero no todos están de acuerdo con su avance.

“Estamos cumpliendo un compromiso con Chile al hacer esta reforma tan necesaria, tan urgente, tan importante para que nuestra democracia, la democracia de todos, recupere esa vitalidad, juventud, fuerza y entusiasmo que nos va a permitir enfrentar los problemas del presente y los desafíos del futuro (…) Estoy convencido que esta reforma es un gigantesco paso adelante, pero no significa que con ella se agoten los perfeccionamientos a nuestra democracia. Esa es una tarea permanente que vamos a tener que enfrentar con visión, con unidad, con reflexión porque al fin y al cabo la democracia debe ser algo que nos una y no que nos divida”.

Fueron algunas de las palabras del presidente Sebastián Piñera el 23 de enero de 2012 en su discurso al promulgar la ley orgánica constitucional de inscripción automática y voto voluntario luego de ser ingresada al Congreso Nacional en octubre de 2010 por el mismo mandatario.

“La ley mejorará la calidad de nuestra política, porque ahora los políticos y candidatos deberán redoblar esfuerzos para entusiasmar a los votantes” sumaba el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet.

Nueve años después y con una participación que no ha superado el 51% del padrón electoral desde que se promulgó la ley, el Congreso Nacional avanza en la iniciativa para restituir el voto obligatorio.

El contenido del proyecto

El texto que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados es el resultado de dos proyectos refundidos, ambos ingresados en enero de 2020. El objetivo es único: cambiar la voluntariedad del voto por su obligación.

Además, contempla que se mantendrá el sufragio voluntario para personas mayores de 75 años y las personas en situación de discapacidad o dependencia. Junto a ello, estarán excluidos también de la obligación los ciudadanos chilenos con residencia en el extranjero y los ciudadanos extranjeros residentes en Chile que estuvieran habilitados para sufragar.

Las elecciones primarias también mantendrán el carácter de voluntario.

El proyecto fue aprobado en general por la sala de la Cámara con 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones (revisa la votación aquí).

No obstante, se le realizaron indicaciones a resolver si la inscripción será automática o voluntaria; y la incorporación de un pago de multa a beneficio municipal de 2 UTM a quienes no concurran a votar con las respectivas excepciones, por lo que la iniciativa volvió a la Comisión de Gobierno Interior para aquella revisión.

La discusión

“Defender la democracia”, “mínimo exigible” y “obligación correlativa entre derechos” fueron algunos de los argumentos que se esgrimieron el pasado miércoles en la Cámara. A modo general –y tal como demostró la votación–, hubo amplio respaldo a la iniciativa, comentándose que es una “forma para restituir la representatividad en la democracia, aparejando derechos con deberes de la ciudadanía”. Además, se discutió la necesidad de complementar la facilidad para votar como transporte gratuito y definir los lugares de votación en concordancia con la cercanía de la residencia de los votantes.

El diputado Matías Walker (DC) argumentó que no se cumplió el objetivo de lo que buscaba la iniciativa cuando se promulgó la reforma constitucional que dio paso a la ley orgánica en 2009; Pepe Auth (IND) señaló que si bien aumentó la participación juvenil, pero no se redujo el sesgo social, sino que se vio incrementado por la voluntariedad; Gonzalo Fuenzalida (RN) señaló que votar es un “imperativo de una sociedad para formar la voluntad colectiva”; y desde el Frente Regional Verde Socialista señalaron que el sufragio nunca debería haberse vuelto voluntario.

En tanto los diputados Marcelo Díaz (IND) y Félix González (PEV), quienes fueron parte del grupo que rechazó la iniciativa cuando se discutió en 2020 y finalmente fue descartada por falta de quórum, señalaron que debido a la baja participación de las elecciones del 15 y 16 de mayo y el deseo ciudadano reflejado en encuestas y encuentros distritales, ahora votarían a favor.

La precandidata presidencial Paula Narváez (PS), también celebró la iniciativa, al igual que su par de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

Sin embargo, no todo fue una opinión favorable, tanto dentro como fuera del Congreso.

Luego de la votación el diputado Tomás Fuentes (RN) señaló que “el voto obligatorio es una solución simplista, se trata de una medida desesperada que busca endosar una responsabilidad a la ciudadanía de los actuales males de la política tradicional forzándolos a votar”.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó la decisión agregando que “los partidos políticos tradicionales tienen miedo. La gente no los quiere y ahora buscan obligar a votar por ellos. Democracia de cartón”.

La convencional constitucional electa, Alondra Carrillo, señaló que la solución no necesariamente la entrega el voto obligatorio, sino la información.

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 31 May 2021