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Las implicancias del derecho a la vivienda, la propiedad que se tenga sobre ella y su heredabilidad son algunos de los temas sobre los que se ha entregado información equívoca en relación a la propuesta constitucional. A continuación, se analizan una serie de afirmaciones sobre la norma y sus eventuales consecuencias.

El derecho a la vivienda digna es una de las novedades de la propuesta constitucional, esto debido a que el derecho social se encuentra ausente en la Constitución vigente.

A partir del concepto ha circulado mucha información sobre sus alcances y aplicaciones, dentro de las cuales se han enlistado una serie de desinformaciones. A continuación analizamos cuatro afirmaciones y te explicamos su veracidad a partir de documentos y la voz de expertos.

FALSO: “La casa no va a ser tuya” 

Tras la viralización de una foto de la exconvencional Katerine Montealegre con una presentación en la que se decía “la casa no será tuya”, surgieron múltiples dudas sobre la propiedad de una vivienda. Sin embargo, es incorrecto afirmar que, por la aprobación del proyecto, las casas no van a ser de propiedad de quien las compre, porque eso no está regulado en el texto. 

El Director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), Sergio Verdugo señala que “la Constitución no define eso. La Constitución garantiza el derecho a la vivienda digna o adecuada y después establece algunos criterios y mandatos al Estado, pero no dispone la política pública específica relativa a la vivienda y eso va a tener que determinarlo el legislador el día de mañana”.

“La fuente de regulación del proyecto viene precisamente de los criterios que Naciones Unidas (ONU) ha reconocido en los últimos años. El derecho a la vivienda adecuada no es lo mismo que el derecho a la propiedad, es mucho más. Como es un derecho social está muy vinculado a la manera en cómo se implemente”, agrega al respecto el Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Luis Cordero.

“El derecho a una vivienda adecuada es más amplio que el derecho a la propiedad, puesto que contempla derechos no vinculados con la propiedad y tiene como fin asegurar que todas las personas, incluidas las que no son propietarias, tengan un lugar seguro para vivir en paz y dignidad”, dice el Folleto informativo No 21 sobre “El derecho a una vivienda adecuada” de la ONU.

Asimismo, ambos expertos señalan que no se debe confundir el concepto –incorporado en el inciso segundo del artículo 51 sobre derecho a la vivienda– de “seguridad de tenencia”, debido a que este no garantiza la propiedad, sino que refiere a la “protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar”.

FALSO: “La casa no va a ser heredable”

La heredabilidad de las propiedades también ha sido un tema recurrente en el debate constitucional. En primer lugar fueron las pensiones y ahora es el turno de las viviendas.

Al consultarle a los expertos la respuesta fue la misma: “Si tú eres propietario de tu casa, entonces aplica derecho a la propiedad sobre la vivienda y en ese caso es heredable”.  Es decir, la afirmación es FALSA. 

Aquí, nuevamente insisten en que se debe diferenciar el derecho a la vivienda del derecho a la propiedad. Desde las Naciones Unidas incluso señalan esta equivalencia como una de las “ideas erróneas más frecuentes”.

De todas formas, Verdugo señala que “si el día de mañana se adopta una política habitacional por la cual no se transfiere la propiedad de la vivienda a la persona que la habita lo que la persona simplemente opera como mero tenedor, en ese caso no va a haber heredabilidad pero eso no lo define la Constitución, eso lo va a definir la ley”.

FALSO: “En la Constitución actual la vivienda es “propia”, en la nueva es arrendada de por vida” 

La condición de la propiedad versus el arriendo también es una de los dichos que se han formulado. Pero, ¿con la Carta vigente la vivienda es propia y con la propuesta es arrendada de por vida? FALSO. 

El académico de la Universidad de Chile señala que “eso no se deduce del texto. Primero, en la Constitución actual no hay regulación del derecho a la Vivienda. Segundo, el derecho a la vivienda está vinculado al derecho al techo adecuado, entonces ese techo puede ser propio o arrendado”.

En la misma línea responde Verdugo: “Esta frase es inexacta. La Constitución actual no define la política habitacional y la propuesta tampoco define esta política. Ambas protegen el derecho de propiedad como un derecho independiente, separado del derecho a la vivienda”.

La vivienda “puede adoptar diversas formas, entre ellas el alojamiento de alquiler, las viviendas cooperativas, los arrendamientos, la ocupación por los propietarios, el alojamiento de emergencia y los asentamientos improvisados. Como tal, no está limitada al otorgamiento de un título jurídico formal”, señala el documento previamente citado de la ONU sobre este derecho.

VERDADERO, PERO: Si es necesario expropiar casas para asegurar su goce universal, se expropiarán

La expropiación de los bienes también ha sido uno de los temas discutidos y sobre la vivienda. Un usuario de Twitter señaló que, por el inciso segundo del artículo que dice que “el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno”, implicaría que “si es necesario expropiar, adelante. ¡Exprópiese!”.

Esto es VERDADERO, PERO… Ya que efectivamente es una de las facultades que tendría el Estado, pero no es una nueva: la legislación actual lo permite.

“La Constitución vigente y la nueva permiten la expropiación, lo que es razonable y está dentro de los estándares comparados. La expropiación puede tener lugar para alguna cuestión de utilidad pública y la política habitacional evidentemente tiene que ver con algo de utilidad pública, siempre y cuando se pague la debida composición al propietario antes de la toma de posesión del bien material. La expropiación es posible hoy día y va a ser posible el día de mañana”, señala Verdugo.

Asimismo, Cordero indica que “el Estado puede recurrir, para el desarrollo de la vivienda adecuada, tal como lo hace en la actualidad con los programas de vivienda social, a compras, expropiación o acceso de bienes fiscales. Ahí no hay ninguna novedad porque no impone una obligación de expropiación. Hoy día es una de las herramientas que el Estado usa con este fin”.

Es decir, es una facultad ya existente. ¿Mediante qué norma?

El Decreto 355, sobre el reglamento orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) señala que “para el cumplimiento de sus funciones, el SERVIU podrá expropiar, comprar, permutar, vender, dar en comodato o arrendamiento toda clase de inmuebles”.

La expropiación queda regulada en el artículo 53:

Al SERVIU incumbe la expropiación de los inmuebles que sean indispensables para la ejecución de los programas de construcción de viviendas, equipamiento comunitario, obras de infraestructura y remodelaciones que apruebe el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluyendo en las últimas los inmuebles destinados a zonas de áreas verdes y parques industriales contemplados en los Planes Reguladores, en conformidad al artículo 51° de la ley 16.391.

Revisa la norma de derecho a la vivienda a continuación:

Por Valentina Matus Barahona
Fecha 22 Jul 2022
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