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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral
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Si bien el convenio que firmó el canciller Andrés Allamand con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, para asesorar a Chile en el proceso constituyente se proyectaba desde el gobierno como una buena idea, inmediatamente surgieron críticas. Tanto la oposición como algunos expertos señalan que excede las facultades otorgadas a la Presidencia para este evento, que según detalla la Constitución refiere al “apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención”. ¿Qué dicta el acuerdo? Revísalo a continuación.

El jueves 3 de diciembre, en el marco de la gira del canciller Andrés Allamand y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, donde además se hizo un balance de los 10 años de Chile en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se dio a conocer que el gobierno firmó un convenio de apoyo técnico de la organización para el proceso constituyente.
“Vamos a tener un aporte técnico de primer nivel mundial, gracias al cual podremos contar con experiencia comparada y análisis en profundidad que requieran los convencionales”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores luego de la firma. Si bien desde el Ejecutivo proyectaban el acuerdo como un aporte y una buena idea, rápidamente llegaron las críticas desde distintos frentes.
Desde la oposición cuestionaron si era rol del gobierno convocar este tipo de instancias, planteando dudas acerca de la autonomía de la Convención y los convencionales constituyentes. ¿En qué consiste el convenio y cómo confluye con el mandato del Presidente Sebastián Piñera? Te lo contamos a continuación.

El acuerdo

“La OCDE entregará evaluaciones, informes y/o recomendaciones sobre las áreas discutidas en Chile durante el período de trabajo constitucional, en la medida que lo permitan los recursos que se le brinden”.
Ese es el objetivo general descrito en el convenio que firmó el ministro Allamand con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.
Entre las tareas que tendrá la entidad, está revisar los mecanismos internacionales existentes y los mejores tratados en relación con los temas que hayan sido identificados como prioritarios o que puedan surgir durante el período de trabajo, además de  identificar las mejores prácticas y recomendaciones al respecto. Algunos de los temas a considerar son infraestructura fiscal, diseño institucional, autonomía de las instituciones clave y forma de gobierno, descentralización, derechos fundamentales y mínimos sociales, entre otros.
Además, detalla que se recopilará evidencia basada en datos que respalde las discusiones de los marcos y las soluciones regulatorias y se espera que la OCDE pueda entregar contenido acorde tanto a las necesidades de la Convención como de las instituciones.

    Vea a continuación el convenio completo:

El escenario del gobierno

“Indudablemente, la OCDE puede entregar insumos que son muy importantes, pero me parece totalmente inapropiado que el gobierno esté buscando aquello que le corresponde a la Convención”, señaló el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, al diario El Mercurio, comentario al que se sumó la diputada socialista Maya Fernández, el exdiputado Jorge Tarud (PPD), y la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y jefa de la carrera de Ciencia Política, Claudia Heiss.
“Pueden ser insumos útiles, pero no sé cuánto se justifica que ahora el gobierno esté proponiendo asesorías de este tipo cuando todavía no se constituye la Convención Constitucional. Creo que es la Convención la que tiene que determinar si se solicita algún tipo de asesoría”, dijo Heiss a la radio de la universidad.
La Constitución –tal como señaló la Cancillería al momento de pactar el convenio– le determina un rol específico a la Presidencia en el proceso constituyente:
Artículo 133.- 
(…) Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención”.
¿El problema? Para algunos, el acuerdo no calificaría como apoyo técnico, administrativo y financiero.
“La OCDE se compromete, a partir de platas del gobierno de Chile, a generar contenidos asociados a ciertos elementos vinculados a la propia Constitución. Un apoyo de contenido no es un apoyo técnico, es un apoyo de contenidos, porque van a estar sugiriendo elementos vinculados al texto de la Constitución, no a un edificio o a un recurso vinculado a que funcione la Constitución. El artículo 133 es bien claro respecto a que se refiere al funcionamiento administrativo logístico de la Convención y no un apoyo sustantivo a la redacción de la Constitución que le corresponde a la Convención”, señala el director del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes.
No obstante, las autoridades defienden el acuerdo señalando que es una forma de tener más recursos para la tarea constitucional. “Es parte de la obligación que tiene el Gobierno de Chile, no solamente de financiar, sino que también, por ejemplo, prestar el lugar donde se va a hacer y prestar asesoría técnica. Entonces, este convenio tiene que ver con eso: con que haya mejor y más información para que sea la Convención la que tome la decisión del reglamento, de cómo van a funcionar y cómo va a ser esa nueva Constitución”, señaló el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, en Radio Cooperativa.
Bellolio argumentó que “no hay ningún caso, ni un atisbo, de querer influir en términos de uno u otro contenido. Eso le va a tocar a los convencionales constituyentes que van a ser electos por los ciudadanos. Por supuesto, el gobierno tiene la obligación de prepararse para lo mejor en este caso”.
Para Fuentes, no se justifica de aquella manera, dado que el acuerdo permite que la OCDE tenga influencia sobre los temas a incorporar en la propuesta de Carta Fundamental: “El gobierno y la OCDE definen una serie de aspectos, lo que es definir de antemano ciertos ámbitos de preocupación para la OCDE y, por lo tanto, puede prestarse para sesgos, dado que no están investigando todo un conjunto de reformas, sino que algunos ámbitos de intereses, particularmente en el ámbito económico. Por lo tanto, me parece inconveniente. Va a prestarse para una eventual injerencia tanto en la definición de los temas que se van a proponer, de las soluciones que se van a proponer –porque buscará soluciones regulatorias, según dice el convenio– y finalmente sobre quién lo está haciendo, que es el gobierno y no la Convención”.
Por Valentina Matus Barahona
Fecha 10 Dic 2020