Plataforma Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto
Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Ruta Contexto

Entre la larga lista de personas que el lunes pasado inscribieron sus candidaturas para ser parte del órgano que redactará la nueva Constitución, aparecen varios que hace algunos años figuraron por otros motivos: sus vínculos a los casos que investigó el Ministerio Público por financiamiento ilegal de la política. El ahora exsenador Felipe Harboe; el presidente de la DC, Fuad Chahín; el exdiputado y exministro de Energía, Rodigo Álvarez; el exsenador Carlos Ominani; y más. En su mayoría, hoy van a la carrera constituyente apoyados por distintos partidos políticos. Aunque ninguno fue condenado y su responsabilidad en esas causas se extinguió ya sea por prescripción, por sobreseimiento o porque si bien aparecieron nombrados, nunca fueron perseguidos penalmente, en este artículo repasamos algunos de estos nombres y el por qué aparecieron en uno de los escándalos políticos más importantes de la década pasada.

Hace sólo una semana, durante el sorteo del orden de las 101 listas que se inscribieron para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales que se llevará a cabo el 11 de abril, el Servicio Electoral (Servel) reveló los nombres con que se presentarán cada una de ellas. A partir de ahí se han ido filtrando también los nombres de varios candidatos y candidatas a la Convención Constitucional (ver artículo), y es ahí que aparecen algunos que han estado vinculados directa o indirectamente a distintas investigaciones por financiamiento ilegal de la política o, incluso, en tramas de corrupción.
El mismo día que se cerró la inscripción de candidaturas, Felipe Harboe (PPD) cesó en su cargo como senador de la República por la circunscripción de la Región del Bío Bío Costa. Esto, pues así lo dicta la Constitución: al igual que en la mayoría de los más altos cargos públicos que quisieran postularse para ser parte de la Convención, él y los otros parlamentarios que van por un escaño en el órgano constituyente “cesarán en sus cargos por el solo ministerio de la Constitución, desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas en el Registro Especial a que hace referencia el inciso primero del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700”.
La candidatura del ahora exsenador hizo ruido desde que él mismo la anunció durante el primer fin de semana del año: que iría por la Lista del Apruebo en el distrito 19 (Región de Ñuble), y que renunciaría al Senado y “sus privilegios”. Revuelo agitado aún más por la polémica declaración de la diputada Pamela Jiles (PH), quien twitteó que “el 25 de octubre un 80 por ciento de los ciudadanos dijeron claramente que no quieren políticos en la Constituyente”, afirmación que verificamos en Contexto Factual y que resultó ser falsa.
Sin embargo, en la historia de casos por financiamiento ilegal de la política que explotaron sucesivamente a partir de la investigación por delitos tributarios que dio origen al Caso Penta en 2014, el nombre de Harboe apareció entre los políticos que figuran con algún vínculo.
En su caso, fue de manera indirecta, y de eso da cuenta una reciente investigación de CIPER que analizó más de 40 denuncias que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), a raíz de la denominada “salida administrativa” a los casos de financiamiento irregular de campañas como los casos SQM, Penta y Corpesca. En esos procesos, figuran personas y sociedades que se dedicaban a emitir boletas ideológicamente falsas para justificar pagos por prestaciones no realizadas y que estarían relacionadas con personalidades del mundo político.
Fue en dos de las rectificaciones que hizo Corpesca, empresa pesquera del Grupo Angelini, que aparecieron varias boletas destinadas a la empresa Asesorías e Inversiones Arrieta, propiedad del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien fuera asesor tanto de Harboe como de su esposa y exsubsecretaria de Economía, Katia Trusich. Arrieta recibió en total pagos por $52 millones de esa y otras firmas del holding.
En esta misma línea de investigación aparecen también personas o sociedades vinculada al actual presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien se presenta en la Lista del Apruebo por el distrito 22 (Araucanía). También según CIPER, en 2009, para la campaña que lo llevó por primera vez al Congreso, él mismo emitió una boleta a la pesquera Blumar por $2 millones, aunque las justificó señalando que se debió al servicio que le prestó a esa empresa como abogado para revisar y redactar contratos. “Un trabajo bastante puntual para esa pesquera”, dijo. Pero también figuró en la rectificación que realizó el Grupo Said ante el SII, donde se especificaba que para esa misma campaña la sociedad Inversiones Caburga, propiedad de la familia Said, le giró $5,5 millones. En la rectificación, la boleta de Chahín se identificaba como un pago sin respaldo.
Alfredo Moreno (UDI) tiene el mismo nombre que su padre, el excanciller, actual ministro de Obras Públicas y el hombre que se hizo cargo del Grupo Penta cuando todo se desmoronaba en medio del escándalo por las platas políticas. Él también va a la carrera constituyente por el distrito 17 (en la Región del Maule), en la lista de Vamos por Chile. Si bien no tiene trayectoria política, su nombre sí figuró en las investigaciones de financiamiento ilegal por su empresa AMC Consultores, la cual recibió boletas ideológicamente falsas vinculadas al senador Iván Moreira (UDI). Eso sí, aunque el SII denunció a esa sociedad ante el TTA, el caso quedó sin sanción, pues -según publicó CIPER- el Cuarto Tribunal Tributario no se convenciera de que la boleta emitida por la secretaria de Moreira, Andrea Schultz, fuera falsa por financiamiento ilegal.
También converge en la nómina de políticos vinculados a esas causas y en la lista de candidatos a la Convención el expresidente de la Cámara de Diputados y exministro de Energía, Rodrigo Álvarez (UDI), quien va por el distrito 28 (Magallanes y Antártica), también en la lista de Vamos por Chile. En su caso, su figuración se debió a que su sociedad Inversiones y Asesorías Seal también recibió pagos por $22 millones de las empresas del Grupo Angelini.
Asimismo, quienes también están entre la nómina de posibles constituyentes salpicados por escándalos de financiamiento ilícito son el exsenador Carlos Ominami y el exdiputado y lobista Jorge Insunza, quienes fueron investigados por boletear a SQM y a Antofagasta Minerals, respectivamente. Ominami fue sobreseído por los delitos tributarios que le imputaba el SII luego de que estos prescribieran, mientras que Insunza quedó liberado de cualquier responsabilidad del supuesto cohecho y fraude al Fisco que perseguía el Ministerio Público en su contra por haber recibido esos pagos de la minera del Grupo Luksic cuando éste presidía la comisión de Minería en la Cámara de Diputados, pues la misma fiscalía decidió no perseverar en la indagatoria.
Ambos ahora van como candidatos a convencionales por la Lista del Apruebo: Ominami por el distrito 6 (Valparaíso), e Insunza por el 13 (Región Metropolitana).