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El pasado martes 19, el Pleno aprobó la inclusión del derecho a la vivienda dentro del borrador de la nueva Constitución. En este artículo, se establece que “toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada”. ¿Qué significa esto? Te lo explicamos a continuación.

Luego de la votación en el Pleno del segundo informe de la comisión de Derechos Fundamental, se incluirá por primera vez en la historia constitucional del país el derecho a la vivienda, que establece que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”, agregando que el Estado “deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho”.

Al ser un derecho nuevo, no hay antecedentes sobre cómo se aplicaría las políticas públicas y las leyes que regulen al respecto. Por lo mismo, en Contexto Factual conversamos con expertas y expertos para saber cuáles son los alcances de la norma. 

En primer lugar, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador académico del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán, señala que lo aprobado implica que “el Estado tome un rol activo en las políticas que tengan que ver con el acceso a la vivienda”.

Con esta nueva norma constitucional, el Estado tendrá la tarea de gestionar sistemas que permitan que las personas puedan acceder a una vivienda digna.

¿Qué significa que sea digna? Los mecanismos para garantizar el acceso o que se va entender por vivienda digna y adecuada, van a ser materia de desarrollo legislativo. “Toda la política de vivienda general está derivada al legislador, porque depende de la política que adopte un Gobierno el cómo ésta se va a ejecutar, entonces no es un derecho automáticamente ejecutable o que pueda resolverse solo con su consagración constitucional”, afirma Jordán.

Asimismo, el rol de los privados en la provisión de una vivienda digna y adecuada no está definido aún. De hecho, el numeral 3 del artículo sobre derecho a la vivienda señala que “el Estado participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos”, fue rechazado y devuelto a comisión. 

Para el abogado, “esa flexibilidad en el diseño de política pública debe radicarse en los Gobiernos más que en la Constitución propiamente tal”, o sea, que también debería ser materia de ley.

Derecho a una vivienda digna versus derecho a una vivienda propia

La indicación más discutida por los convencionales de derecha fue la de sustituir el primer numeral por “el derecho al acceso a la vivienda propia, según se establezca en la ley, la que fue presentada por la convencional de Vamos por Chile, Rocío Cantuarias y que fue rechazada con 32 votos a favor, 108 en contra y nueve abstenciones.

Jordán explica que el concepto «vivienda digna y adecuada» es “lo suficientemente flexible para el Estado en distintos momentos”, ya que los derechos sociales siempre van ligados a la “capacidad y condiciones económicas del Estado ligado al principio de progresividad”.

En ese sentido, puede ser que en la evaluación de un momento determinado “sea más factible para el Estado garantizar el acceso a la vivienda digna por medio de otras fuentes, no solamente la propiedad, porque lo clave está en que las personas puedan vivir en un lugar, entonces no necesariamente va ligado a que todos tengan una propiedad”, indica el abogado.

Sebastián Gray, docente de arquitectura de la Universidad Católica de Chile y Master of Science in Architecture Studies del MIT, concuerda con este análisis y agrega que “si tú obligas a que todas las viviendas sean en propiedad no resuelves el problema, más bien lo dificultas”, porque “distintos tipos de personas y de familias necesitan distintas soluciones”.

Una interpretación que surgió en algunos sectores, es la de que con este derecho, el Estado podría llegar a expropiar casas para entregar viviendas sociales. 

Marcela Peredo, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, indica que la norma no se refiere a eso y que bastaría con la protección que entrega el derecho de propiedad (artículo 18 del borrador constitucional), para que esto no pase.

Derecho a la vivienda y derecho a la ciudad y al territorio

Otro de los derechos aprobados en esa jornada es el derecho a la ciudad y al territorio. En este se establece: “Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna”. Con su aprobación, se devuelve al Estado un rol planificador en materia urbanística.

Para el arquitecto, “el derecho a la vivienda está indisolublemente vinculado al derecho a la ciudad, porque no se puede hablar de la calidad  de la vivienda, si no se habla al mismo tiempo de la calidad de la ciudad”. 

Según Gray, “dignidad también tiene que ver con el acceso a los bienes públicos, localización, equipamiento, todo lo que acompaña a la vivienda en los barrios, los servicios públicos, la pavimentación, el buen alcantarillado, entonces la vivienda también tiene que ver con la calidad de la ciudad en ese sentido”. 

El docente de la Universidad Católica también resalta que “la palabra más importante es participar. Cuando constitucionalmente queda establecido eso, se abre un mundo de injerencia directa y democrática”. Esto considera efectos concretos en el diseño de la planificación, por ejemplo a través planes reguladores que incluyan consultas ciudadanas.

Jordán indica que la inclusión de estos dos derechos al borrador constitucional, entrega una “mirada sistémica entre vivienda, comunidad, acceso a servicios básicos como salud, educación”, fijando un estándar constitucional alto para las futuras políticas legislativas y políticas públicas. 

 

Por Jorge Morales
Fecha 27 Abr 2022